El reciente anuncio de la creación por decreto de la nueva herramienta institucional del Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ya genera controversias. La rápida creación de la Oficina Anticorrupción local,- de la que sólo se conoce su nombre-, revela la falta de participación y de construcción de consensos en su puesta en marcha. Poniendo en discusión cuáles son los mecanismos para garantizar una verdadera transparencia en la gestión municipal.
Justamente, una oficina anticorrupción, debe ir de la mano de la apertura y la confianza institucional y legal. Deben quedar claros los mecanismos de selección de sus postulantes, los requisitos mínimos que debe contar quien ejerza el cargo, cómo va articularse con los poderes del estado municipal, cuál será su competencia, su duración, sus antecedentes, entre otros requisitos mínimos. Y no, que una decisión de tamaña envergadura, quede reducida al criterio unipersonal del Poder Ejecutivo. Dado que esto genera amplios niveles de desconfianza en la sociedad.
Somos concientes de la necesidad de contar con herramientas de esta índole, pero al igual que en el tema de seguridad, nos preocupa la tendencia del Poder Ejecutivo a limitar la discusión colectiva para generar consensos.
Lo público, y el correcto funcionamiento del estado, son competencia exclusiva de todos los ciudadanos del distrito y no exclusividad de los super poderes del Intendente.
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