No estamos en la Edad Media

Cecilia Merchán: “Las mineras deben entender que no estamos en la Edad Media”
 

La diputada Cecilia Merchán expresó “su más enérgico repudio” por la represión llevada a cabo por las fuerzas de choque policiales y la gendarmería frente a los asambleístas que se manifestaban contra la actividad minera el pasado 15 de febrero de 2010, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca.

Al tiempo que está por presentar un proyecto para repudiar estos hechos, la diputada sostuvo: “la represión sufrida por unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca, a manos de la policía, pone en evidencia el régimen feudal con el que se manejan las mineras en este país: es inadmisible que en la Argentina del siglo XXI una empresa tenga la capacidad de controlar al poder político y utilizar las fuerzas del orden para garantizar sus intereses.

La protesta de los vecinos de la comunidad de Andalgalá se debe al impacto ambiental que tendrá la instalación de la mina Agua Rica. Ellos ya conocen los efectos devastadores debido al funcionamiento hace 13 años de la mina Bajo Alumbrera. Además, los vecinos cuestionan que además del impacto ambiental, la mina generaría trabajo para solo 40 personas en una comunidad de 20.000 habitantes.

Ya es hora de que los argentinos y argentinas tengamos una Ley de Minería que refuerce la presencia del Estado en la explotación minera, garantizando el cuidado del medio ambiente y una justa distribución de los excedentes”.


Prensa Cecilia Merchán

 

 

Nota en MDZ

 

Diputados fustigan a gobernador de Catamarca tras represión en Andagalá
Legisladores nacionales de Proyecto Sur, Libres del Sur, el SI, Diálogo por Buenos Aires y el Instrumento Electoral de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con "la lucha del pueblo de Andalgalá.

Diputados nacionales expresaron hoy su enérgico repudio a la "represión policial" que sufrieron pobladores de Andalgalá y asambleístas durante una marcha contra las explotaciones mineras en ese departamento de Catamarca, al tiempo que fustigaron al gobernador provincial, Eduardo Brizuela del Moral.

El interbloque que integran legisladores nacionales de Proyecto Sur, Libres del Sur, el SI, Diálogo por Buenos Aires y el Instrumento Electoral de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con "la lucha del pueblo de Andalgalá contra el saqueo y la devastación del medio ambiente a manos de la minería contaminante a cielo abierto".

En tanto, las diputadas de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes afirmaron que tanto el Gobierno nacional como el catamarqueño "actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera" en aquel distrito del noroeste argentino.

"La feroz represión que sufrieron ayer los vecinos de Andalgalá es la consecuencia emergente de un conflicto generado y silenciado por el Gobierno nacional", remarcaron las diputadas en un comunicado de prensa.

"La política minera está al servicio de uno de los negocios y saqueos más escandalosos de la historia argentina. La connivencia de los gobiernos nacional, provincial y municipal y de la Justicia sirve para garantizar el negocio de las empresas mineras", enfatizaron.

Las legisladoras se expresaron en estos términos después de una represión de policías y gendarmes que sufrieron en la víspera ciudadanos del Departamento de Andalgalá y unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo que se oponen a la instalación de la mina Agua Rica.

Un violento desalojo del Camino Comunal se produjo cuando los vecinos y ambientalistas impulsaban una protesta y cortaban el paso a las maquinarias mineras.

"El juez y la fiscal que actuaron mediante una orden de desalojo, deberían presentar su renuncia inmediata ya que actúan como la guardia jurídica de las empresas mineras", sostuvieron Carrió y Reyes.

Además, objetaron el desempeño del gobernador Brizuela del Moral, por su "total responsabilidad sobre el accionar de la Policía en Andalgalá".

Las legisladores expresaron que el mandatario catamarqueño "es un servil empleado de las multinacionales mineras, que ordena reprimir a los ciudadanos de su provincia para garantizar sus negocios".

Por su parte, los diputados nacionales Fernando "Pino" Solanas, Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Eduardo Macaluse, Miguel Bonasso, Verónica Benas y Nora Graciela Iturraspe expresaron su solidaridad con los ciudadanos de Andalgalá.

"Como consecuencia de la pueblada que protagonizaron los vecinos catamarqueños, el juez Electoral y de Minas de la provincia, Raúl Guillermo Cerda, ordenó paralizar los trabajos en el emprendimiento minero de Agua Rica", indicaron los legisladores en otro comunicado.

"Por eso, felicitamos y apoyamos la decisión de los vecinos de mantener la lucha en defensa de sus derechos", manifestaron, y agregaron: "No podemos dejar de resaltar que esta medida es un nuevo hito en la lucha contra la minería a cielo abierto y contaminante."

Además, ratificaron las denuncias de abuso y la violación a los recursos naturales que hizo la semana pasada el diputado Solanas, cuando viajó a Catamarca para reunirse con quienes encaran esta lucha.

"Repudiamos al Gobierno Provincial en manos de Eduardo Brizuela del Moral, cómplice del saqueo y la devastación medioambiental, y lo responsabilizamos por los daños causados y la represión", subrayaron los diputados.

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