"Ninguna persona sin agua potable"

VICTORIA DONDA PRETENDE QUE NINGUNA PERSONA QUEDE EXENTA DE RECIBIR AGUA POTABLE Y PIDE QUE SE PROHÍBA SU COMERCIALIZACIÓN

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Nación, Victoria Donda, visitó la ciudad de La Plata donde expuso los argumentos que la llevaron a desarrollar un proyecto de ley que presentará en los próximos días en el Congreso, mediante el cual pretende declarar el acceso al agua potable como un derecho humano. De la charla también participaron el senador provincial por el GEN, Luis Malagamba y el especialista Nemesio San Román, y contó con la coordinación del referente local del Movimiento Libres del Sur, Pablo Crisóstomo.

Ante unas 150 personas que se concentraron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNLP, la legisladora por el Libres del Sur expuso que hace dos años la diputada Verónica Venas presentó un Proyecto de Declaración del agua como derecho humano. “Nosotros le propusimos que su proyecto de declaración no sea solamente eso donde todos vamos a levantar la mano sino que sea un Proyecto de Ley que tenga algunos principios básicos muy claros”. Entre ellos, la propuesta contempla que “ninguna persona le pueda faltar el agua potable y que si no tiene agua potable, el Estado se la debe suministrar”.

Asimismo, establece “la prohibición de la venta de agua potable”, como así también “la protección de las cuencas de agua mediante una Autoridad de Cuenca Nacional”. En la actualidad, cada cuenca de agua tiene su autoridad, la cual por ley debería establecer el parámetro máximo de contaminación que puede tener el agua, pero “no lo hizo ninguna nunca”.


Victoria Donda indicó que “algunos ríos están muy contaminados, como el Riachuelo” y que en relación a ello la Corte Suprema de Justicia dictaminó un fallo hace dos años en el que obligaba al Estado Nacional, provincial y a la Ciudad de Buenos Aires a realizar una serie de obras: “Mucho no se ha avanzado, por no decir nada. En una audiencia que convocamos en diputados, los jueces le preguntaron al Secretario de Medioambiente de la Nación, Juan José Mussi, cuáles eran los niveles de contaminación pero dijo que a dos años del fallo todavía no tenía el informe; lo mismo pasó con los planes de infraestructura”. En dicha audiencia “la Corte quedó bastante molesta y está planificando visitas en distintos puntos estratégicos para verificar el avance de las obras que determinó”. Pero también “se molestó porque en estos dos años además de que no se hizo nada sino que se pidieron préstamos al exterior que no se utilizaron”.

Por otra parte, la diputada nacional sostuvo que la reforma constitucional de 1994 “nos dejó unas cuantas pestes pero también algunas cosas positivas”. Entre las malas, explicó que el entonces presidente Carlos Menem “negoció” para su reelección la provincialización de los recursos naturales. Hasta ese momento, quien administraba los recursos naturales de todo el país era la administración central. Detalló que “un verdadero país federal es aquel en el que las provincias incluso más desaventajadas por la riqueza natural, puedan vivir bien”, mientras que “el dejar los recursos naturales en manos de las provincias hizo que las región petrolera del sur sea realmente muy rica (aunque eso no se refleja en la riqueza de su pueblo), con el contraste de que la Argentina no tiene una empresa petrolera estatal”.

Sin embargo, resaltó que esa reforma de 1994 “nos dejó algunas cuestiones positivas para desactivar estas bombas de tiempo, como el artículo 41 que establece el derecho que tenemos todos y todas de poder gozar de un medio ambiente sano y le da a la Nación la soberanía para poder dictar una ley de presupuestos mínimos”. Es decir, queda en el Estado Nacional la posibilidad de redactar un proyecto de ley que establezca reglas de juego mínimas para las provincias. Sin embargo, tampoco se hizo.

En tanto, la legisladora denunció que uno de los reservorios de agua dulce del país está concentrado en los Esteros del Iberá que “hoy están en un 70 por ciento ocupadas por arroceras de las cuales muchas son extranjeras”. “Lo importante de esto es que compran ese pedazo de argentina con reserva de agua dulce, por lo que estamos vendiendo agua, por eso nos parece importante nuestro proyecto de ley”, repudió.

La titular de la Comisión de DDHH de Diputados señaló que otra de las cuestiones que motivó la campaña El Agua Vale más que el Oro tuvo que ver con la lucha por la Ley de Glaciares. Recordó que la presidenta Cristina Fernández vetó la ley que los protegía como consecuencia de que “se dio cuenta que había muchas empresas mineras que no iban a poder seguir explotando la tierra como lo estaban haciendo, destruyendo la zona glaciar y periglaciar”.

En ese momento “iniciamos una pelea muy grande en todo el país para que esta ley se votara. Logramos que se aprobara pero en el transcurso de esta pelea se sancionaron leyes provinciales en muy poquito tiempo”. La diputada dijo que “todas estas leyes tienen algunas trampas que no son inocentes. Una de ellas es que todas van a entrar en vigencia cuando se complete el inventario de glaciares. Por su puesto el inventario no se hizo. Y otra de las trampas es que en el último artículo dice que la ley solo regirá para los emprendimientos que se lleven adelante con posterioridad a su entrada en vigencia”. Por lo tanto, los emprendimientos que ya existen “se rigen por la ley anterior”. “No sólo no rige la ley votada en el Congreso porque no están los inventarios sino que todos los emprendimientos que hoy se están explotando se rigen por la ley anterior”.

 

“EL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE ES GRAVÍSIMO DESDE TODO ÁNGULO”

El senador provincial Luis Malagamba sostuvo que uno de los temas fundamentales para nuestra provincia “tiene que ver con la protección de nuestros recursos naturales y su explotación indiscriminada”. En ese marco, pidió “tener en cuenta la vertiente de todos los residuos cloacales a nuestros ríos”.

Para el legislador del GEN “el Estado es responsable de esta situación porque no controla, no hace y no planifica”. “La provincia tiene que empezar a trabajar junto con la Nación para proyectar qué va a pasar con nuestra agua potable en los próximos 100 años. Tenemos que trabajar qué cantidad de agua tenemos ni de qué calidad”, reclamó.

En tanto, estimó que en la provincia bonaerense “hay 40 mil kilómetros de cañerías que hacer y 40 mil kilómetros que hay que hay que reemplazar porque están prohibidos porque son cancerígenos”; mientras que en la ciudad de La Plata “el agua tiene nitrito y nitrato y en muchos barrios ya se está tomando agua de bidones porque no es potable”. “Lo más grave que tenemos no es el agua que consumimos, sino la que consumen los sectores industriales” en un huso indiscriminado.

Por último, explicó que “estamos en graves problemas porque el agua con arsénico continúa, tenemos un 40 por ciento de la población de la provincia sin cloaca y porque el problema del agua potable es gravísimo desde todo ángulo”.

 

“¿A QUIÉN LE PERTENECE EL AGUA?”

El especialista e integrante del Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana (ISEPCi), Nemesio San Román, analizó el informe “El oro azul” de Maude Barlow y resaltó que “nos agradaría pensar que el agua del planeta es inagotable. Pero este planteamiento es trágicamente erróneo. El caudal de agua dulce no alcanza ni la mitad del uno por ciento de toda el agua de la tierra. El resto es agua salada, o forma parte de los hielos polares y de los glaciares”. Sumado a esto, expresó que “debido a la congestión de las grandes urbes, a la deforestación, al desvío de las aguas por necesidades de irrigación agrícola y el uso de nuevas tecnologías, hasta esta ínfima parte de agua dulce está desapareciendo a la par que se va secando la superficie de la tierra”.

El integrante del ISEPCi dijo que “a medida que se va intensificando la crisis del agua, los gobiernos del mundo entero -presionados por las grandes multinacionales- están abogando por una solución radical: la privatización, la reificación y el desvío masivo de las aguas”.

En tal aspecto, resaltó que los partidarios de este sistema opinan que “esa sería la única manera de poder abastecer a los lugares del mundo donde se padece sed”. No obstante, aclaró que “la venta del agua en un mercado abierto no sirve para colmar las necesidades de los pobres y sedientos. Muy al contrario, el agua privatizada termina en manos de quienes pueden pagar por ella”.

En tanto, destacó que “el impulso hacia la reificación del agua surge en un momento en que el impacto social, político y económico de la escasez del agua va convirtiéndose rápidamente en una fuerza desestabilizadora, que hace brotar conflictos relacionados con el agua en muchas partes del mundo y que llevan a guerras”.

Por último, San Román preguntó: “¿A quién le pertenece el agua? ¿Acaso debe pertenecer a alguien? ¿Debería ser privatizada? ¿Qué derecho tienen las grandes multinacionales a adquirir los sistemas hidrológicos? ¿Acaso debe el agua ser intercambiado en un mercado abierto como una mercancía cualquiera? ¿Qué leyes son necesarias para proteger el agua? ¿En qué consiste el papel del gobierno? ¿Cómo pueden los países ricos en recursos hídricos compartir el agua con los países menos afortunados? ¿Quién es el guardián de la sangre que le da vida a la naturaleza? ¿Cómo puede el ciudadano de a pie involucrarse en el proceso?”

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