Legalización de la IVE: una deuda de la democracia

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo una deuda de la democracia

Por Laura González Velasco*

El martes 13 de marzo se llevó a cabo un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, el cual sienta un importante precedente para la correcta interpretación y proceder ante los casos de aborto no punibles en nuestro país. Este fallo confirma la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en el 2010, por el cual se autorizó a una adolescente de 15 años a interrumpir un embarazo no deseado que fuera producto de la violación de su padrastro, un oficial mayor de la Policía de Chubut.
 
De esta manera la sentencia confirma la posibilidad de interrumpir los embarazos no deseados que sean consecuencia de una violación, en todos los casos (la interpretación restrictiva del Art. 86 avala esta práctica solo cuando la mujer violada fuera idiota o demente), sin necesidad de judicializarlos y sin temor de recibir una sanción penal por ello, tanto para la mujer como para el cuerpo médico que intervenga.
 
A partir de ahora los hospitales públicos deberán operativizar, con una declaración jurada de la mujer o de su representante legal si fuese menor noticiando que fue violada, y no judicializar los abortos no punibles. El Estado deberá garantizarlo.
 
Este paso adelante nos da nuevas fuerzas para impulsar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para todas las situaciones de embarazo no deseado. Las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud reflejan que la clandestinidad de la IVE es la principal causa de mortalidad materna, que alrededor de 500.000 mujeres interrumpen al año embarazos en un circuito clandestino que es un fenomenal negocio, y al menos 80.000 llegan con complicaciones post-abortos a las guardias de los hospitales públicos. Se calcula que 3000 mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres, han muerto en tiempo de democracia por esta causa evitable.

En todos los países donde la IVE es una realidad, junto con políticas públicas como la educación sexual y la provisión gratuita de anticonceptivos, ha disminuido enormemente la cantidad de muertes de mujeres y también de abortos que se realizan.

La legalización del aborto no sólo debe estar en la agenda del Congreso de la Nación, donde la semana próxima se volverá a presentar el Proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fuera firmado el año pasado por 55 diputadas y diputados de distintos bloques, sino que debe estar en la agenda de la Justicia, como ha sido con el reciente fallo de la Corte, y en la del Ejecutivo Nacional.

En este sentido tenemos profunda preocupación por las declaraciones del Ministro de Justicia, Julio Alak, planteando que el aborto no está en la agenda del gobierno. Desde la óptica de quienes luchamos por la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto clandestino es un tema de salud pública, de igualación social entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen para realizar un aborto gratuito y seguro, y de derechos humanos de todas las mujeres que debe ser prioritario. La IVE hace tiempo está instalada no sólo en el debate social sino en la realidad misma.

Legalizar el aborto es atender una situación que nos atraviesa como sociedad, es garantizarnos a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin correr el riesgo de perder la vida. La penalización de la IVE no sólo no disminuye la cantidad de abortos que se realizan en la Argentina sino que es una deuda de la democracia ya que las mujeres no somos criminales sino víctimas de una grave desprotección en nuestros derechos.

*Referente del Movimiento Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista – Capital Federal
Integrante de  MuMaLá - Mujeres de la Matria Latinoamericana