Día Internacional de las ONU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura: asuntos pendientes

Día Internacional de las ONU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura: asuntos pendientes

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26 de junio. Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura: asuntos pendientes

¿Qué es la tortura?. Ultimos avances en la Argentina. Diagnostico de situación nacional. Polémica en EEUU por la separación de familias inmigrantes dada por la polìtica de “tolerancia cero” de Trump.

Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (sancionada en 1984), el art. 1, párr. 1, describe que se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad.

En la década de los 70, el mundo comenzaba a darse cuenta de que la práctica de la tortura se extendía por todos los rincones del mundo y se utilizaba cada vez más contra la población civil. En aquel entonces, existían pocos mecanismos legales para detenerla, ya que se empezaba a comprender que la tortura no sólo afectaba a las propias víctimas, sino que también tiene un efecto tóxico en las sociedades que la toleran.

En el año 2002, el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) fue finalmente adoptado por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor en el año 2006. La idea de su ideador Jean-Jacques Gautier se había convertido en una realidad mundial.

La Ley 26.827 sancionada en Argentina en el 2012 establece un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto es garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles. Esta ley, viene a saldar una deuda del Estado Nacional Argentino, de acuerdo al compromiso que asumiera ante las Naciones Unidas a través de la firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, instrumento ratificado en el 2004, que entró en vigor en junio de 2006. Dicha ley se reglamentó recién en el año 2014 bajo el decreto 465/2014. El Decreto permitió comenzar el proceso de selección del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT); el cual culminó de integrarse recién en diciembre de 2017. Esta institución sigue dando pasos que aún restan conformarse como el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención, y otros mecanismos locales de prevención que deben ser creados en las provincias que aún no lo han hecho.

Recordemos que el hecho de que los implicados en este tipo de hechos atroces, como son la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, revistan dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea como empleados del servicio penitenciario o personas de las fuerzas de seguridad, impide muchas veces que las autoridades jerárquicas tomen a su cargo la investigación y sanción de los responsables. Por ello es de suma importancia generar un ámbito institucional que escuche a las víctimas y adopte todas las medidas a su alcance para, prevenir los hechos, antes de que éstos ocurran, y si desafortunadamente eso no ocurre, promover las denuncias penales que individualicen, sancionen a los responsables y los excluyan definitivamente de toda función pública. Son vidas en juego de lo que estamos hablando, por eso la constitución de esta institución no se debe demorarse más por ningún motivo.

El Relator Especial sobre tortura de la ONU, Nils Melzer, presentó un informe preliminar al concluir su visita oficial al país, en abril de este año, en el que dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.

De todas formas, al lado de otros países nuestra realidad es bastante más auspiciosa. Por ejemplo, cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, formuló una “reserva” en la que declaraba que Estados Unidos respetaría la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes sólo en la medida en que fuera compatible con las normas jurídicas estadounidenses.

Desde entonces los abogados del gobierno norteamericano utilizaron esta reserva en sus viciados argumentos jurídicos en los tristemente célebres memorandos secretos que aprobaron técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violaban la Convención contra la Tortura.

Incluso las últimas repudiables políticas de estado en relación a la inmigración en dicho país, fueron valoradas a la luz de este instrumento internacional.

El gobierno de Estados Unidos, a cargo del presidente Donald Trump, entre abril y fines de mayo del presente año, hizo que más de 2.000 niños y menores de edad fueran separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, en una medida que desató una ola de indignación generalizada en el país. La controversia es de tal magnitud que Trump se refirió al tema durante una ceremonia en la Casa Blanca dedicada al programa espacial estadounidense, en la que sostuvo la necesidad de medidas como ésas.

En una columna publicada en el periódico The Washington Post, Laura Bush, esposa del ex presidente George W. Bush, también sumó su voz y calificó la política de “cruel” e “inmoral”. “Nuestro gobierno no debería estar en el negocio de depositar niños en almacenes reconvertidos o hacer planes para colocarlos en tiendas de campaña provisionales en el desierto a las afueras de El Paso”, escribió. “Estas imágenes son una evocación siniestra de los campamentos de internamiento estadounidenses para japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que actualmente están considerados uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos”, concluyó.

En tanto, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeiz Ra’ad Al Hussein, apuntó que la medida es “inadmisible” y “cruel”. Hussein urgió a las autoridades estadounidenses a poner fin a la tolerancia cero que hizo que miles de niños fueran separados de sus familias en las últimas seis semanas. “La idea de que cualquier Estado trate de disuadir a los padres al infligir tal abuso a los niños es inconcebible, dijo Hussein.

Amnistía Internacional afirmó que las imágenes que se vieron durante el fin de semana “dejarán una mancha indeleble en la reputación de los Estados Unidos”. Esta es una política espectacularmente cruel, en la que niños asustados son arrancados de los brazos de sus padres y llevados a centros de detención desbordados, que son en realidad jaulas. “Esto es tortura”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Afortunadamente, la ola de protestas, dentro y fuera de Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes ilegales ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política. El presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido. Trump ha explotado electoralmente el discurso antiinmigración con éxito y sin contemplaciones hasta ahora, pero el golpe a la infancia ha roto todo código ético.

Aun así, Trump mantiene la mano dura porque la orden busca acelerar juicios y eliminar los plazos que limitan la detención de menores. Los aproximadamente 2.300 niños ya apartados, además, no se reagruparán de forma inmediata con sus familias de custodia mientras se resuelven sus procesos migratorios.

La “tolerancia cero”, de hecho, se mantiene. Un fallo judicial de 1997 —ratificado después por otras sentencias— conocido como el acuerdo de Flores estableció que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. Con la nueva política de separación de los menores, este límite ya no afectaba a sus progenitores. La orden ejecutiva recién firmada insta al fiscal general a solicitar la reversión de ese acuerdo y ese plazo, plantea la aceleración de los procesos judiciales para las familias e insta al Departamento de Defensa a facilitar instalaciones para albergar a las familias.

El Gobierno tiene bajo custodia a 11.351 menores inmigrantes en un centenar de centros, según los últimos datos. El demócrata Barack Obama también aplicó la doctrina de la tolerancia cero en la frontera cuando se enfrentó a oleadas de inmigración irregular, pero hacía excepciones con los adultos que iban acompañados de niños y también con aquellos que cometían su primera infracción. Y su predecesor, el republicano George W. Bush, también aceleró los juicios y generalizó los cargos penales contra los sin papeles, pero mantuvo a las familias unidas de forma generalizada.

El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, evoca la fecha en que, en 1987, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A 34 años de la Convención contra la Tortura de la ONU, parece mentira que aún tengamos que exigir a los Estados que no obstaculicen los esfuerzos para prevenir esta práctica atroz y cumplan el compromiso de erradicarla que han contraído en virtud del derecho internacional. La realidad es que, aunque han ratificado la Convención 156 Estados, sigue habiendo un gran número de países que practica la tortura y dificulta los esfuerzos encaminados a su prevención, vigilancia, investigación y enjuiciamiento.

Lic Cintia Monaco
Licenciada en Cs. Política
CADH (Coordinadora argentina de Derechos humanos)


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