Desde hace 10 días, casi 40 personas están en la calle tras incendiarse el conventillo donde vivían. Entre ellas hay 22 pibes que duermen a la intemperie. El Gobierno porteño sólo dejó un par de colchones. Las familias necesitan una respuesta inmediata pero nadie los escucha.

Hoy se cumplen diez días desde el fatídico jueves en que se incendió un conventillo de la calle Alfredo Palacios al 700, en La Boca. Las llamas devoraron íntegramente las casas y todas las pertenencias de las siete familias que lo habitaban.
Para algunas cosas, diez días no es nada. Para otras, puede ser una eternidad. Por ejemplo, no es gran cosa para completar un trámite administrativo en alguna oficina pública, es insignificante para cualquier proceso judicial y hasta se los puede sobrevivir sin sobresaltos en una situación de precariedad y hacinamiento. Pero, para vivir a la intemperie, absolutamente despojado de bienes y en un total desamparo estatal, es mucho tiempo.

Así viven hoy las 37 almas que el fuego dejó en la calle. De las cuáles 22 son niños. Esperan. En una carpa improvisada en su calle, junto a la montaña inmensa de chapas retorcidas que supieron ser su techo, barras de carbón que fueron parantes, caños aún unidos y pedazos de cachivaches que apenas permiten adivinar su pasado de lavarropas o heladera. Esperan, a un costado de los escombros que de vereda a vereda ocupan unos ocho metros de largo por dos de ancho. Esperan una ayuda, un permiso, una mano, junto al vacío absoluto del complejo que ya no está y que ahora es un gran hueco con piso de barro. Un cajón que quedó formado por similares conventillos linderos.

No esperan que la ayuda caiga del cielo. Esperan lo mínimo que saben que pueden esperar. Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asista su emergencia. Que el dueño del conventillo, que les cobraba puntualmente el alquiler, aparezca. O que uno u otro les otorgue el permiso para entrar al terreno y empezar a construir de nuevo sus casas. Ellos mismos. Porque ni se les pasa por la cabeza la opción de irse. Ése era su hogar, ahí estaban sus vecinos, ésa es su calle y aman su barrio.

La única ayuda que recibieron hasta ahora fueron las donaciones conseguidas a partir de una campaña solidaria que difundió la agrupación Barrios de Pie. “Vino gente de todas partes a traer cosas, de cada barrio de Capital y de varios lugares de la provincia de Buenos Aires”, cuenta Fernanda González, una de las referentes.

Pero, a juzgar por el desempeño de las autoridades porteñas, van a seguir esperando. El día del siniestro, funcionarios del gobierno de Mauricio Macri hicieron un relevamiento. Luego llegaron otros que, lejos de portar alguna ayuda consigo, llevaron a cabo un nuevo relevamiento. La coordinadora del comedor La Boca de Pie, Carmen Machado, que tiene algunos parientes entre los damnificados, tuvo que llamar al programa BAP (Buenos Aires Presente), que estaba ausente sin aviso.

La asistencia, entonces, consistió en repartir a las personas por los paradores para indigentes. Allí, la única mujer que había podido salvar algo, su cartera, porque estaba trabajando al momento de la tragedia, terminó de perderlo todo cuando se la robaron en el albergue municipal. Los vecinos decidieron que no irían a esos lugares y se repartieron entre el comedor de Machado y la carpa de su calle. Además, buscaron al hasta ahí propietario, Alejandro Álvarez, pero ni les atendió más el teléfono ni acusó recibo en su domicilio particular de Cerri y avenida Patricios, en donde se encontraron que hasta habían quitado el timbre y tapado con diarios un ventiluz del frente.

Iniciaron una recorrida por oficinas públicas en busca de información sobre la causa para no perderle pisada y estar preparados al momento de reclamar sus derechos. “Averiguamos en la Policía, en los Bomberos, en fiscalías de La Boca, etcétera, y no había ningún expediente iniciado. Lo único que había, en la comisaría 24, era un alerta de incendio. Entonces empezamos a ocuparnos nosotros, para no meternos sin permiso, como usurpadores, porque acá todas las familias pagamos el alquiler”, relata Carlos, un misionero de 39 años, que vivía en el último piso, con su esposa, Lorena, y sus tres hijas, una de 12 años, otra de siete y una beba de seis meses.

“Si el Gobierno de la Ciudad nos ayuda o no, igual queremos construir de nuevo ahí”, dice. “Somos familias del barrio, las nenas van a su escuela, nacieron acá, yo hace 16 años que vivo ahí, mi hermana hace 20. Y tengo otro hermano de 28 años que vivía acá, con su nena. Era un lugar muy familiar”, explica con el corazón.

Cada unidad del conventillo estaba compuesta por dos habitaciones y cocina. Él alquilaba dos departamentos, por los que pagaba a Álvarez 1.500 pesos, recibiendo un precario comprobante sin más datos que el monto. Carlos, como los demás, sabe del oficio de la construcción. Gracias a ello no fue problema que el dueño jamás hiciera un mantenimiento al complejo. El tornado de abril, incluso, se llevó limpito el techo del conventillo y también tuvieron que arreglarlo ellos.

Del mismo modo quieren poner manos a la obra para volver a poner sus hogares en su lugar.

En la cabeza de Andrea tampoco cabe la idea de irse. Es una veinteañera bellísima que hace siete años vive en el primer piso y que acuna a Jenifer, su beba de nueve meses, su tercera chancleta, después de Natasha (4) y Zaira (2). “Acá festejamos el cumpleaños de mi nena, yo ahí crié a mi familia, todo, no es así nomás que te podés olvidar de todo.” Su tío, Ángel, vivía al lado. Y, del otro costado, vivía su suegro. Una camioneta de Prefectura se pone en marcha mientras unos cables hacen un puente eléctrico a un vehículo blanco. “Ése es mi auto”, dice Andrea. “Estaba delante del edificio el día del incendio y mis vecinos lo llevaron a empujones hasta la esquina. Si no explotaba. Acá somos todos parientes o conocidos, en la Navidad bajábamos la mesa al patio y comíamos todos juntos. Por eso nadie se quiere ir”, explica.
Ella y su marido habían logrado comprar varios electrodomésticos nuevos. “Él recién este año empezó a trabajar bien, porque cuando trabajaba en albañilería no traía a casa dos mil pesos por mes, y así pudimos comprar lavarropas y heladera”, se lamenta. Entre lo que el fuego destruyó estaban las cosas para tratar los broncoespasmos de su beba. La donación de la gente alcanzó para que alguien le cediera un nebulizador nuevo.

Varios días después el gobierno macrista llegó con un colchón y una frazada para cada uno, más unos 20 pares de zapatillas. Las otras soluciones que les ofrecen son las mismas e insignificantes de siempre, para una ciudad en emergencia habitacional. Paradores, albergues, subsidios habitacionales que aparte de magros tienen fecha de vencimiento.

La partida presupuestaria de este año para vivienda, además de ser más baja que la del año pasado, sufre el recorte de las subejecuciones. Durante el primer trimestre se usaron 61,5 millones de pesos de los 755,5 sancionados, sólo el 8%. Los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (Ivc) para la Villa 31 y los hotelados tuvo un cero por ciento de ejecución. Igual que el de Reintegración, Integración y Transformación De Villas y el de Créditos para primera vivienda.

El Programa de Mejoramiento de Villas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se ejecutó en un 2,1% (682 mil pesos de 33 millones).

El propio Gobierno reconoce en un informe elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cedem) de la Dirección General de Estadística y Censos, del Ministerio de Hacienda, de abril de este año, los problemas para el acceso a una vivienda, un crédito hipotecario y un alquiler, como “la otra cara del boom de la construcción y el consumo”. Sin embargo, sigue subejecutando las partidas del Ivc, como hizo desde su llegada. En 2008, usó el 67% de lo asignado, en el 2009, el 45,9%, al año siguiente, el 58%. Y la subejecución tiene su correlato en las sobreejecuciones, lo que no es otra cosa que un arbitrario redireccionamiento de los fondos públicos, a espaldas de la Legislatura. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, Comunicación Social gastó el 41,6% de sus fondos, 90,4 millones de pesos de 217,2 sancionados. Sólo en publicidad y propaganda se gastaron 86 millones de pesos.

Mientras tanto, otras familias son desalojadas de un hotel en Constitución. Y a cinco cuadras de Caminito, familias de gente de barrio, trabajadora, honesta, corren el riesgo de pasar a engrosar las ya gruesas filas de los sin techo. En Caminito, un imitador de Diego Maradona les saca 20 pesos a una pareja de brasileros, a ca81. Pero ese orgullo se pierde a las cinco cuadras.