Cristina y las inversiones en soja y megaminería

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Actualidad económica y política

Extractivismo: Cuando la respuesta a la crisis financiera es el mercado financiero

La cumbre ambiental de Río de junio dejó en claro que hoy la crisis financiera internacional no solo impacta en las economías, sino que ha configurado un nuevo mapa de relaciones políticas entre los países centrales y los periféricos, vinculada esta nueva relación en la obtención de los recursos naturales para el sostenimiento del modelo de consumo impuesto desde mitad del siglo 20 a esta parte.

El fracaso de Río + 20 no tuvo tanto que ver con las declaraciones del vicepresidente de la Nación una semana antes de la cumbre, que afirmaban que la posición argentina iba a ser debatir sobre qué país tiene más responsabilidad respecto a la contaminación y el impacto que genera en el medioambiente. Tuvo que ver, en cambio, con el alcance de las decisiones de los países centrales sobre las inversiones de las multinacionales en los países que tienen “la maldición” de poseer riquezas naturales. O sea, el negocio de los recursos naturales lo maneja el gobierno  directamente con las multinacionales, ya presupone como “acciones” o “bonos” verdes cualquier potencial explotación de los recursos de todos los argentinos. Es lógico, es una caja muy grande para entregar en el marco de la  crisis financiera. Y el mercado financiero le sirve de parámetro por ensima de cualquier política planificada de sustentabilidad.

Y acá se dio otro de los llamados ejemplos del doble discurso del gobierno: mientras Boudou decía mentiras en conferencia de prensa en Buenos Aires, el 15 de junio Cristina se reunía con el CEO de Monsanto para América Latina y presentaba ante el Council de las Américas las inversiones que la multinacional iba a hacer en nuestro país. Estas inversiones llegan a los 1600 millones de dólares: de eso, unos 170 millones de dólares, se destinarán para la construcción de dos nuevas estaciones experimentales en Tucumán y en Córdoba para la investigación y el desarrollo de maíz y de SOJA transgénico. Sí, aquella planta que Cristina calificara en medio del conflicto con la “oligarquía del campo” como “yuyito”. El resto de la inversión se destinará a una nueva planta para el tratamiento y acondicionamiento de semillas que tendrá una capacidad de producción para 3,5 millones de hectáreas. Así, estarán radicadas en el país las dos plantas de procesamiento de semillas transgénicas más grandes del mundo y las dos pertenecen a Monsanto. Digamos, semillas transgénicas, atadas al necesario uso del roundup, el potente y mortal herbicida que gracias a la manipulación genética de las semillas, no afecta a la siembra, sino solo a todo ser viviente que no cuente con esa modificación genética. Todo esto en el marco del comienzo del primer juicio contra las fumigaciones que lograron arrancarle a la justicia las familias de Ituzaingo, Córdoba.

El 50% de la superficie cultivable es monopolizada por la soja, de la que se exporta el 95%. Es una producción orientada al mercado a término de semillas, donde la tonelada hoy se cotiza 630 dólares, casi el doble de los 327 dólares que cotizaba en 2007. 

Siete días más tarde del discurso de Cristina ante el Council de las Américas, y dos días después del fracaso de la cumbre de Río, se producía el golpe de Estado en Paraguay, catalogado en el hermano país como el “golpe de Monsanto”, vinculado a la contradicción del presidente Lugo cuando desde el interior de su gobierno, el sector conservador lanzó una sangrienta represión para desalojar un predio de unas 2000 hectáreas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, que acabó con la vida de 17 campesinos y con más de 80 heridos. El lobby de la multinacional logró apoderarse del gobierno, dejando aislado a Lugo, más allá de los repudios diplomáticos. Pura coincidencia.

Pero eso no es todo. El ministro De Vido se reunía en Nueva York con el CEO de Barrick Gold en el mismo momento que Cristina hablaba de las bondades y seriedad de empresas como Monsanto. Julio De Vido cerraba la inversión de 6.500 millones de dólares de la Barrick en su proyecto de Pascua Lama, que desde la sanción de la ley de protección de glaciares es totalmente ilegal e inviable, más allá del resto de las violaciones a la soberanía nacional que generara el acuerdo binacional con Chile, acuerdo de sesión de territorio, excepción de impuestos, recursos hídricos, y recepción de residuos altamente contaminantes que Cristina Kirchner firmó con su entonces par Baschelet en favor de la multinacional canadiense. Un dato no menor:  de este enclave se proyecta la extracción de 14,4 millones onzas de oro, un commoditie que ha pasado de valer en el mercado financiero de 819,20 dólares la onza en 2008 a 1622,50 al cierre de esta nota (13 de agosto de 2012).

Volvamos a recordar que esto ocurría a 5 días de la presentación de la Presidenta en la Cumbre de Río + 20, donde supuestamente el gobierno, como había dicho Boudou, iba a confrontar con los países cuyas multinacionales generan la mayor contaminación global.

(No es necesario comentar los efectos destructores para la salud y el ambiente del monocultivo de soja y de la extracción de minerales en proyectos de megaminería a cielo abierto, es un debate saldado desde todo punto de vista técnico y ambiental, fundamentalmente por la experiencia en todo el planeta de los efectos de estas dos formas de extractivismos.)

Recordemos también que la Presidenta no se presentó a la cumbre, aduciendo que el conflicto gremial de los “dragones” requería su presencia en el país. Recordemos que 7 días después de esto se realizaba el “juicio político” al presidente Lugo, golpe institucional que respondía a los agronegocios de Monsanto.

Pero la frutilla del postre llega un mes después. El 19 de julio la Presidenta firmó un acuerdo con la minera brasilera Vale, una de las más grandes del mundo, denunciada reiteradamente en Brasil por su continuo lobby junto al gobierno para desplazar poblaciones e instalar enclaves extractivos, y por las continuas violaciones por contaminación al medioambiente.

Este acuerdo, por supuesto es de inversión: 6400 millones de dólares para la construcción del “Tren del Potasio”. Una obra que conectará la mina Río Colorado, en el sur de Mendoza, con el puerto de Bahía Blanca. El cloruro de potasio es una sustancia utilizada para la producción de fertilizantes, y que ha pasado a costar en el mercado internacional de 112 dólares la tonelada en 2002 a 422 dólares en 2012. Con una extracción de 4,35 millones de toneladas anuales Vale estaría obteniendo 2.000 millones de dólares anuales en el mercado, unos 100.000 millones durante los 50 años que dura el emprendimiento, la cantidad de años que deberá esperar el Estado para poder adquirir el “tren del potasio”, ya seguramente vetusto e inservible. Una ganancia de más de 90.000 millones de dólares. Tudo bom, tudo legal.

A diferencia de la minería a cielo abierto, la extracción de potasio se realiza mediante un proceso de “minería por disolución”, en profundidades de hasta 1200 metros, lo que es muy parecido a la minería a cielo abierto es la necesidad de utilizar grandes cantidades de agua, a razón de 1 metro cúbico por segundo, más de 85 millones de litros de agua potable por día. Pero el dilema es qué va a pasar con los desechos (potasa) que se calcula que podrían alcanzar unas 250 hectáreas y 50 metros de alto. Las sales (cloruro de sodio) derivadas de la extracción del cloruro de potasio son solubles, y al estar a solo 150 metros del río Colorado, podrían contaminar el río y viajar tanto en extensión como en profundidad hacia los acuíferos.

El cloruro de potasio viajará en el tren atravesando todo el ancho del territorio nacional, para ser embarcado rumbo a Brasil donde será procesado. Luego volverá en forma de fertilizante para las semillas transgénicas de Monsanto, y junto al roundup lavarán nuestra tierra y contaminarán el campo, los acuíferos y los poblados para extraer las semillas que comercializan las tres semilleras más importantes del mundo (Nidera, Cargill y Monsanto), que son las que tienen de rehenes a los pequeños y medianos productores argentinos. Todo un ejemplo de “soberanía” alimentaria.

Así se cierra el círculo de megaminería y agronegocios con el que el gobierno quiere salir del estancamiento económico. Es, más allá de los discursos, nuevamente el triunfo del mercado financiero sobre la economía productiva real y las economías regionales, sobre la voluntad de los pueblos, sobre la real soberanía alimentaria, y peor aún, sobre el derecho a la vida que garantizan dos moléculas de hidrógeno junto a una de oxígeno en este planeta.

Este contraste entre discurso anti financiero y políticas que se rigen por el valor en el mercado financiero es la que lleva también a otros atropellos, como lo son los casos de represión, persecución y judicialización de pueblos originarios y pobladores que se oponen al modelo extractivo.

En los últimos dos meses, en sintonía fina con los anuncios de las inversiones de megaminería y agronegocios, ocurrieron tres casos de represión: el 20 de julio, luego de ser sitiados durante días por la policía se produjo el desalojo violento del barrio Nam Qom en Formosa, la misma comunidad que fue desalojada con saldo de muertos por defender sus tierras un año y medio atrás. Días antes la Presidenta le daba una notebook a una niña que vivía en ese barrio, después la desalojaron. Esquizofrénico ¿no?

El otro hecho fue en la provincia de Tucumán, primero el 4 de julio donde sitiaron a la comunidad Indio Colalao y luego reprimieron para sacarlos de una zona de 19000 hectáreas, reclamada por 2 terratenientes. Ante la insistencia de los pobladores, el 30 de julio fueron nuevamente reprimidos luego de ser sitiados durante días, se libraron 25 órdenes de detención para los pobladores, que hoy están procesados.

Cerca de ahí, en Catamarca, el 20 de julio fue desalojado de forma violenta el acampe nacional de Cerro Negro, en las intersecciones de la Ruta 40 y 60. Una patota prominera acompañada de la policía golpearon y amedrentaron a los pobladores de la zona que estaban realizando un acampe con corte selectivo. Además se intentó impedir el ingreso de ambientalistas a la provincia por parte de la policía.

Los últimos meses han mostrado un avance acelerado de políticas tendientes a fortalecer un modelo que por su impacto, y a la luz de la resistencia que genera, debería al menos ser discutido y no impuesto.

La única diferencia entre la economía verde que proponían para Río+20 los países centrales para salvar el sistema financiero y este modelo impuesto por el kirchnerismo es que el gobierno quiere ser parte de la foto.

Mar del Plata, 13 de agosto de 2012

Juan Pablo Malagutti
Movimiento Libres del Sur – Frente Amplio Progresista - Mar del Plata 

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