El 24 de marzo de 1997 (curiosa elección de fecha) el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto n° 265/1997 mediante el cual se establecía la privatización por concesión del Correo Nacional. El proceso de licitación estuvo envuelto en diferentes escándalos, pero en menos de cinco meses el correo tenía nuevo dueño.
El 26 de agosto de 1997 se dictó el decreto 840/1997, que adjudicaba la concesión de todos los servicios postales a la empresa Correo Argentino S. A., sociedad controlada por SOCMA S. A. "Sociedades Macri S. A.".
El contrato de concesión establecía que la empresa de la familia Macri (en aquel momento integrada por el actual presidente y su padre) debería pagar semestralmente al Estado nacional un canon de 51.600.000 pesos. A menos de dos años o antes de pagar la quinta cuota, la sociedad de la familia Macri dejó de abonar el canon aduciendo problemas económicos.
La deuda se fue agrandando semestre a semestre debido a que el canon no se abonaba. Finalmente, en septiembre de 2001 la empresa Correo Argentino entró en concurso preventivo.
El proceso de quiebra por el Correo Argentino llevaba 14 años sin solución cuando el presidente Mauricio Macri asumió en su cargo. Se trataba de más de 22 mil fojas de un complejo expediente donde hay más de 600 acreedores.
Sin embargo, rápidos en el estudio de la causa y a menos de seis meses de gobierno, el 28 de junio del año 2016, en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se celebró la audiencia judicial en la que se cerró el cuestionado acuerdo.
A dicha audiencia asistieron el presidente del Directorio del Correo Argentino S. A. y, en representación del Estado Nacional, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, el doctor Juan Manuel Mocoroa.
Abierto el acto, el representante del Ministerio de Comunicaciones manifiesta que "tiene facultades" para realizar una propuesta, que el Correo Argentino, gustoso, rápidamente acepta.
La propuesta formulada por el representante del Estado argentino consiste en que el Correo Argentino abone el 100% de la deuda, pero pesificada al 2001, en un plazo de 15 años con un interés anual del 7 por ciento. Es decir, la deuda terminaría de pagarse en el año 2033 y ascendería a un total de 600 millones de pesos.
El 7 de febrero de este año, la fiscal general de la causa, Gabriela F. Boquin, formuló dictamen respecto del acuerdo celebrado en la mencionada audiencia.
En dicho dictamen, el Ministerio Público (organismo encargado de la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad) manifiesta que el acuerdo resulta "abusivo y perjudicial" para los intereses del Estado, ya que implicaría una quita del 98,82% del total de la deuda, equivalente a la suma de 70.163.910.895 pesos —que el Estado dejaría de percibir y la familia Macri se ahorraría de pagar. Sí: más de setenta mil millones de pesos, el equivalente, por ejemplo, a la mitad del presupuesto educativo nacional de este año.
Quieren un final feliz para la familia presidencial
Con fecha 10 de febrero del corriente, la fiscal presentó un nuevo dictamen. Ahora, Boquin informa que ha tomado conocimiento de que 15 días antes de la mencionada audiencia, el Correo (familia Macri) le inició un juicio al Estado argentino por daños y perjuicios por sumas millonarias y donde reclaman intereses del 11% anual (recordemos que el mismo Estado le propuso a la empresa de la familia Macri que paguen sus deudas con un interés del 7% anual).
Así las cosas, nos encontramos hoy con: 1. un acuerdo celebrado a propuesta del Ministerio de Comunicaciones de Oscar Aguad; 2. tres dictámenes de la fiscal general (que representa los intereses de la sociedad, artículo 120 de la Constitución Nacional) en los que manifiesta que el acuerdo es "abusivo", pues implica una quita encubierta del 98%, es decir, 70 mil millones de pesos; 3. la notificación y posterior intervención de la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a fin de determinar la posibilidad de conflicto de intereses; 4. el ministro de Comunicaciones (ministerio que se encargó de hacer la propuesta) dice que el acuerdo "implica un perjuicio para el Estado" y reconoce: "No leí el dictamen del fiscal, pero leí algunos medios de prensa".
Aún el Tribunal de la causa no ha decidido si el acuerdo se homologa (adquiere total validez) o no. Estamos a tiempo de evitar la posible consecución de un daño millonario para el Estado Argentino que luego no podrá ser reparado. Es el momento oportuno para suspender el proceso y esperar que la Oficina Anticorrupción (sin perjuicio de estar en cabeza de una reconocida militante e integrante del PRO) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se expidan acerca de la legalidad del acuerdo. Una vez que contemos todos los argentinos con dichos dictámenes, el Ministerio de Comunicaciones podrá o no insistir con la homologación del acuerdo.
De hacerlo antes, estaríamos frente a un acto oscuro, en donde escandalosamente la familia del presidente Macri se beneficiaría con 70 mil millones de pesos que pierde el Estado.
Es fundamental que de una vez por todas nuestro país rompa con una matriz de corrupción y negociados a costa del Estado que viene azotando hace más de 30 años y que es parte de las causas por las cuales nuestra sociedad cuenta con un 30% de pobreza.
Todos debemos estar atentos para impedir que gobernar siga implicando una toma del Estado para beneficio propio y de los amigos del poder. Gobernar es procurar beneficios para la gente, aun a costa de sacrificar beneficios personales, justamente lo contrario a lo que estamos viendo con el Gobierno del presidente Macri y también con la anterior Presidencia de Cristina Kirchner.
