Contra la minería a cielo abierto

BRIZUELA “SIN MORAL”
Minero y ambientalista?

El Gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, puso en marcha el período de Sesiones Ordinarias del año 2.010.
En su discurso del 1º de Mayo ante la Asamblea Legislativa, realizó un fuerte pronunciamiento a favor de la explotación minera en la provincia.
Brizuela del Moral tuvo que salir a ratificar públicamente el perfil minero de Catamarca, luego de doce años de la puesta en marcha de la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera.
Esta necesidad e inquietud, es una muestra clara de las deficiencias de la política minera nacional y provincial, y de las graves consecuencias en Catamarca; una provincia con 355.000 habitantes, que según un informe del Diario El Ancasti del 26 de Abril pasado, cuenta con alarmantes indicadores sociales.
 

Cifras preocupantes de una provincia en crisis:

• 30.000 familias reciben bolsones, tarjetas o vales para alimentos
• 87.000 niños comen en comedores infantiles y escolares
• El 17,3 % de la población es pobre
• El 3,3 % de la población es indigente
• El 9,9 % de la población en edad de trabajar no tiene empleo
• El 56,6 % de los jóvenes menores de 18 años perciben la Asignación Universal por Hijo
• El 20 % de las madres tienen menos de 20 años
• 24.000 personas son beneficiarias de planes sociales de empleo nacionales y provinciales
• El 45,6 % de la población no cuenta con cobertura social
• En cuanto a mortalidad infantil, Catamarca ocupa el cuarto lugar entre las provincias, con una tasa del 15,3 %
• El 25,3 % de la Población Económicamente Activa trabaja en el Estado Provincial. Es el índice más alto del país
• En relación a la Tasa de Suicidios, Catamarca también está primera con 13,5 casos cada cien mil habitantes, cuando la media nacional es de 8,5.
   

Minería sin consenso
El estallido social en Andalgalá y los múltiples rechazos a la instalación de mineras de uranio en Tinogasta, demuestran que la falta de consenso social para la megaminería es porque la sociedad catamarqueña no percibe que su calidad de vida haya mejorado, a pesar de los 1.700 millones de pesos que ingresaron a las arcas del Estado Provincial en los últimos doce años en concepto de regalías mineras.
Por el contrario, es evidente que la mayor parte de estos fondos fueron dilapidados por el gobierno provincial y los intendentes municipales.
 

Protesta
Frente a la Sala Ezequiel Soria, donde se inauguró el período de sesiones, cientos de ambientalistas llegados de distintos departamentos del interior provincial, acompañados por organizaciones sociales y distintos partidos políticos, entre ellos el Movimiento Libres del Sur, reclamaron la desafectación de la Provincia de Catamarca a la Ley Nacional de Inversiones Mineras y la sanción de una Ley Provincial que prohíba la minería a cielo abierto.
Un referente de la Asamblea El Algarrobo, aseveró “hemos venido para marcar presencia y decirle al Gobernador que la lucha está latente y permanente. No habrá paz social hasta que la Minera Agua Rica no se vaya de Andalgalá”.
 

Minería, política de Estado
Brizuela del Moral, en clara contradicción entre explotación minera y cuidado del ambiente, declaró “la continuidad de la tradición minera en Catamarca, por su potencialidad y por los recursos que genera, mediante una explotación controlada, ambientalmente sostenible, respetuosa del medio ambiente y articulada con otros ejes de desarrollo provincial y regional”.
Arremetió diciendo que “Catamarca es constitucionalmente minera, es una de las pocas provincias, y tal vez la única en el país, donde la Constitución Provincial, expresa sobre la promoción de la actividad minera en nuestro territorio”
Consideró además, que “es difícil obviar a un sector que representa el 30 % de nuestro Producto Bruto Geográfico” y calificó a la minería “como una actividad que coloca a Catamarca como la primera exportadora del Noroeste Argentino y la quinta a nivel nacional”.
También, se refirió a lo sucedido en Andalgalá y sin ponerse ni siquiera colorado, dijo que “tal situación debe ser asumida como una enseñanza”, remarcando que “los conflictos sociales son enemigos de cualquier desarrollo. En consecuencia, la paz, el desarrollo minero y la protección del medio ambiente, son interdependientes e inseparables para el progreso de los pueblos”.
 

Medidas dilatorias
A modo de apaciguar la protesta social, anunció una serie de medidas tendientes a lograr consenso social en la población, entre ellas, la creación del Consejo Asesor Minero, invitando a participar a actores institucionales, políticos, sectores ligados a la producción y las comunidades locales, con el objeto de “sellar un pacto ciudadano con espacios consensuados de debate y diálogo con relación al medio ambiente”.
Informó “que se instruyó a la Secretaría de Minería, para que próximamente termine de definir la Zonificación Minera Provincial, que tenga el carácter de un Ordenamiento Territorial – Ambiental que compatibilice la actividad minera con las otras actividades productivas de la provincia -agricultura, ganadería, turismo- y certifique la exclusión en forma clara y explícita de los núcleos poblacionales de nuestro territorio”.
Anunció “la creación de un Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, en pos de mejorar la comunicación y participación de la comunidad en el tema minero”.
Además, “enviará a la Legislatura un Proyecto de Ley para la Creación de Fondos de Fideicomisos”, “destinados a las comunidades involucradas en las áreas primarias de influencia del proyecto minero para la diversificación de actividades”, y “para el control minero-ambiental para las etapas del cierre de mina”.
Estos fideicomisos, formados con fondos mineros, consisten en un convenio por el cual se transmiten bienes, dineros o derechos -presentes o futuros- a terceros para que los administren con determinados objetivos.
 

Repercusiones
Luego del discurso del gobernador, se escucharon opiniones de representantes institucionales dando su apoyo explícito a la sociedad formada entre dirigencia política y multinacionales mineras:
El diputado provincial, Raúl Chico (Frente para la Victoria), aseguró “valoramos el hecho de que el Gobernador diga que Catamarca es una provincia minera y esperamos que el discurso se mantenga en los hechos”.
El legislador barrionuevista, Marcelo Rivera (Partido Justicialista), afirmó que “el Gobernador ha marcado la fuerte posición minera que tiene la provincia” y aclaró que “Catamarca debe recibir mayores beneficios”.
El intendente de la Capital, Ricardo Guzmán (Frente Cívico y Social), remarcó “no podemos resignar el 30 % de nuestro Producto Bruto Interno”, y agregó “la minería es la única expectativa que tenemos los catamarqueños para financiar un proceso de desarrollo sustentable y sostenible para las próximas generaciones”.
El intendente de Fiambalá, Amado Quintar (Frente Cívico y Social), dijo que “el Gobernador habló con mucha firmeza, convicción y precisión, presentó una visión de la Catamarca del mañana, y me gustó por excelencia, la postura en cuanto a la minería”.
El senador provincial, Ricardo Boggio (Frente Cívico y Social), hizo énfasis en la “defensa del medio ambiente que se tiene en la provincia”.