Chevron y el republicanismo macrista. Por Humberto Tumini
Contrato de Chevrón
La Corte Suprema de Justicia ordenó en noviembre pasado que YPF hiciera pública las clausulas secretas del contrato que había firmado con Chevrón en el año 2013; acorde a lo solicitado por el senador Giustiniani, ante la negativa de hacerlas conocer por parte del gobierno de Cristina Kirchner. Dijo al respecto el máximo tribunal que: “YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información”
Primero el anterior gobierno y ahora el actual, hicieron caso omiso del fallo aquel y continuaron negándose a hacer público -casi con las mismas argumentaciones- el contrato completo. Es mas, Laura Alonso, funcionaria de Macri, increpó durante la campaña al kirchnerismo por esta cuestión y hasta festejó el fallo de la Corte, para desdecirse luego con amañados argumentos.
Ahora una jueza, Cristina Carrión de Lorenzo, le dio cinco días (a partir del pasado lunes) a YPF para que cumpla la sentencia. Todo indica que el gobierno nacional ordenó a la empresa una vez mas no cumplir.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner no aceptaba ni cumplía los fallos de la Corte Suprema (no solo en lo de Chevrón, sino antes en reponer a Eduardo Sosa como procurador de la provincia de Santa Cruz), el PRO, Elisa Carrió y la UCR, es decir los actuales integrantes de Cambiemos, la acusaban con justa razón de no respetar la división de poderes y de destruir la república con ello. Pero ahora actúan exactamente de la misma manera.
Mucho mas grave aún cuando pareciera que en lo oculto del contrato de Chevrón, hay no solo cláusulas que serían lesivas para el interés nacional y el cuidado del medio ambiente. Todo indica, además, que la empresa norteamericana para eludir embargos ha venido pagando a través de cuentas abiertas en paraísos fiscales, donde se lava dinero entre otras cosas; abiertas a título personal a nombre de miembros del directorio de YPF, sin control alguno. Una operatoria de ese tipo, en un empresa del Estado, sería un verdadero escándalo.
Parece que cuando se trata de negocios con grandes empresas estadounidenses, el republicanismo de este gobierno no es muy distinto del anterior. Es decir, inexistente. Fue, evidentemente, solo un relato para la campaña electoral.
El contrato se debe hacer público tal cuál lo ha indicado la Suprema Corte, sin mas chicanas judiciales ni vueltas. Debemos exigirlo.
Humberto Tumini
Movimiento Libres del Sur
