Brasil ¿Y ahora quién duerme tranquilo? Por A. Navarro
¿Y ahora quién duerme tranquilo? |
| El domingo pasado, 367 diputados y diputadas aprobaron el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. En los próximos días es muy probable que el Senado avale esa decisión.
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El domingo pasado, 367 diputados y diputadas aprobaron el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. En los próximos días es muy probable que el Senado avale esa decisión y se dará inicio a un juicio político que puede asegurar la destitución de Rousseff y seguramente agravará la crisis política y económica que vive en la actualidad el país vecino. Es la economía, estúpido La caída en la demanda global de los países asiáticos, especialmente de China, trajo como consecuencia la extensión de una crisis económica en nuestra región, bajando los precios de la mayoría de los productos que exportan los países latinoamericanos (fundamentalmente del sector primario) y sus cantidades. En Brasil, los resultados de este proceso se tradujeron en una caída de alrededor del 4% en el PBI para el año 2015, y los pronósticos indican una situación similar para finales de este año. Ante esta situación, y contra las promesas de su campaña presidencial en 2014, Rousseff tomó parte de las demandas de ajustes propuestas por los sectores concentrados de la economía brasilera, y les otorgó, a través del nombramiento del Ministro de Economía Joaquín Levy (reemplazado en diciembre de 2015) parte de la conducción económica de la segunda presidencia. Evidentemente no alcanzó. Los sectores oligopólicos, la burguesía industrial, los grandes medios de comunicación y los partidos políticos de derecha y centro derecha (aliados al gobierno del PT), fomentaron el desgaste político, económico y social de la administración de Dilma y, de manera apresurada, desprolija y sobre los márgenes de la legalidad, promovieron el impeachment a Rousseff, alcanzando hace pocos días los votos en la Cámara de Diputados que acercan el juicio político a la presidenta. Brasil, sabemos que se siente El Partido de los Trabajadores fue en 2002, luego de la llegada de Chávez a la presidencia venezolana, la siguiente experiencia política que accedió al gobierno de un país latinoamericano en el proceso posneoliberal que atravesó casi toda nuestra región en la última década. Lula da Silva, trabajador metalúrgico y dirigente sindical durante los años 80, uno de los líderes del proceso de resistencia al neoliberalismo en la región durante los 90 y fundador del PT, fue el primero en ocupar durante dos mandatos consecutivos el Palacio de Planalto en Brasilia. Su sucesora fue Dilma Rousseff, ex guerrillera y Jefa de la Casa Civil durante el último mandato de Lula como presidente, caracterizada como poco carismática y tecnocrática, pero que supo conservar el caudal electoral que había llevado a Lula en 2002 y que permitió conservar el gobierno en tres elecciones presidenciales posteriores (en 2006, también con Lula, y en 2010 y 2014 con Dilma). Los gobiernos del PT significaron la extensión de medidas sociales y económicas que avanzaron en la reducción de la pobreza, extendida y consolidada en Brasil durante décadas, incorporando a millones de brasileros y brasileras a programas de beneficios sociales (los Planes Hambre Cero y Bolsa Familia son dos de los más destacados), para avanzar luego en el acceso a beneficios históricamente reservados a las clases dominantes. La llegada de hombres y mujeres de origen afroamericano a las universidades, la creación de nuevos puestos de trabajo en los sectores industriales y agroexportadores y el avance en la redistribución de la renta fueron algunas de las medidas más importantes de los gobiernos de Lula y Dilma que, sin modificar sustancialmente la matriz económica del país, consiguieron consolidar conquistas materiales para la mayoría de la población. Sin embargo, el PT tuvo serias dificultades para encarar dos reformas sustanciales en la política brasilera, que fueron puntales de los sectores conservadores en el proceso de desgaste previo al impeachment en curso. La primera fue no haber aprobado una Ley de Medios que pudiera hacer frente a los monopolios en el terreno de la comunicación. Desde allí, los grupos económicos a través de voceros como O´Globo y Folha, se encargaron de agitar constantemente las aguas de la crisis, la corrupción y el desgaste en la popularidad de Dilma y el gobierno.
El segundo, no menos importante, fue no haber podido iniciar la tan necesaria reforma política, que promueva un nuevo sistema electoral, principalmente en el Poder Legislativo, para terminar con los beneficios de una casta tradicional que se aprovecha de las características del sistema para obtener una representación que no refleja el verdadero sentir de la sociedad brasilera. El sistema de elección parlamentaria uninominal y con financiamiento privado, promueve la consolidación de parlamentarios que duran décadas en sus cargos, favorecidos por los aportes de empresas que asignan presupuestos millonarios a sus campañas, para lograr destacar a sus candidatos del resto, incluso de otros y otras de su propio partido. Las posteriores capacidades ejecutivas de los parlamentarios, que cuentan con presupuestos millonarios para asignar en sus lugares de origen a obras públicas, cierra el círculo del vinculo corrupto entre los empresarios y la clase política. Esta red, extendida y consolidada a lo largo y ancho de la dirigencia política brasilera, no fue ajena a parte de las estructuras del PT que fueron, a su vez, las principales destinatarias de la ofensiva mediática contra la corrupción que fue avanzando a medida que la crisis económica se hacía más evidente. Chau querida En ese marco, durante los primeros meses del año, avanzó nuevamente la estrategia de impulsar el juicio político a la presidenta Rousseff, culminando (por ahora) en la promoción del impeachment en la Cámara de Diputados, donde los partidos tradicionales (el PSDB –opositor al gobierno del PT desde el inicio- y el PMDB –aliado hasta hace algunas semanas) junto a expresiones minoritarias y menores, alcanzaron holgadamente los dos tercios necesarios para avanzar al paso siguiente (en pocos días, el Senado aprobará el juicio político y suspenderán a Dilma hasta dictar una sentencia). Mientras tanto, el vicepresidente Michel Temer (del PMDB) se hará cargo de la presidencia, junto a un gabinete que viene armando tras bambalinas con empresarios, bancarios y dirigentes de los partidos políticos pro impeachment, impulsado fuertemente en los últimos meses por el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (también del PMDB y uno de los principales involucrados en las causas de corrupción, el Lava Jato y el Petrolão). Hasta aquí, uno podría suponer que la acusación a Dilma tiene que ver con su participación en las redes de corrupción, aportes financieros a las campañas electorales y beneficios de las empresas privadas productos de aquellos aportes. Nada de eso. La acusación formal que inició y promovió el juicio político está asociada a la responsabilidad de la presidenta en una “pedaleada” fiscal, que permitió modificar los índices de superávit del balance fiscal del año 2015. Además de ello, si hay algo que caracterizó a la mayoría de los discursos de los diputados y diputadas que apoyaron el impeachment, fue un alto contenido sexista, discriminador y que expresó un profundo odio de clase y de género. El “Chau querida” en los carteles de los diputados de la derecha (tomando como suyo el saludo de Lula a Dilma en las conversaciones telefónicas que filtraron ilegalmente), no hace más que sintetizar el desprecio machista y conservador al proceso político del PT. De las causas de corrupción, del vínculo entre los aportes privados a la campaña electoral y los beneficios posteriores de esas empresas, del Lava Jato y del Petrolão, ni una sola mención. No vaya a ser cosa que los verdaderos involucrados caigan en la volteada. Temer, Cunha y cientos de diputados y diputadas, agradecidos. Sin embargo, la farsa que llevaron adelante el domingo los diputados y diputadas opositores, sirvió para mostrar a un PT aislado, que sólo pudo obtener alianzas en partidos de izquierda que acompañan el gobierno Dilma –PcdoB- y otros opositores -PSOL-, pero que tuvo muchas dificultades para torcer una parte de los partidos mayoritarios, incluso aquellos que fueron y son parte de la gestión. Vai ter luta En este escenario, es muy probable que avance la suspensión de Rousseff por 180 días, hasta que el Senado pueda luego confirmar la destitución y promover a Temer como el nuevo presidente. Si eso pasa, la derecha correrá el riesgo de tener que hacerse cargo del país en un momento critico a nivel económico y con dificultades para unificar sus liderazgos; con la fuerza política más importante en la oposición, acusando a Temer de golpista; con Lula como principal candidato para las próximas elecciones presidenciales en 2018; y un PT nuevamente en las calles, que superó la desmovilización de sus bases, recuperando niveles de participación popular en el proceso de defensa de la democracia y el gobierno. Va a haber lucha. Ariel Navarro |
