Argentina 2019: Del empate hegemónico a la crisis orgánica. Por Isaac Rudnik.
Argentina 2019: Del empate hegemónico a la crisis orgánica
Desde 2007 en adelante Argentina transita por un largo período de disputa política sin vencedoras ni vencidos. Ni el neoliberalismo siglo XXI, ni el progresismo impotente consiguen imponer hegemonía, mientras el país atraviesa un largo ciclo de estancamiento que consolida un tercio de la población sumida en la pobreza
El 10 de diciembre de 2015 la derecha festejó con bombos y platillos la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Un gabinete conformado por personajes de trayectoria exitosa en grandes empresas nativas y extranjeras con actuación en diferentes ramas de la economía, expresaba a una nueva alianza que se instalaba en la Casa Rosada. Representantes de los tradicionales sectores del agro, de las empresas de energía, de las finanzas y los bancos, de los grandes grupos industriales multinacionales (como las automotrices) y nativos (Arcor, Techint, laboratorios) y de los complejos mediáticos más poderosos, se proponían impulsar transformaciones estructurales que les permitirían producir una fuerte traslación de ingresos desde los sectores populares, con la meta puesta en consolidar un modelo esencialmente exportador.
Para ello buscarían profundizar la subordinación de las necesidades del desarrollo de un país de 44 millones de habitantes con un ingreso per cápita promedio de 12/15 mil dólares anuales, con buenos niveles de consumo que animan un fuerte mercado interno, que requiere la existencia de un estado activo y atento a la protección de los intereses y necesidades de las mayorías que dinamizan el consumo. Desarrollar y consolidar un perfil excluyentemente exportador no es compatible con la continuidad de un estado que acompañe y/o proteja a los principales protagonistas del mercado interno: que son los trabajadores, los sectores medios, y el propio estado que sostienen la demanda; y a las miles de pequeñas y medianas empresas que producen para abastecer la porción mayoritaria de la oferta doméstica. El conjunto de la política económica se orientó desde un principio en dirección de acotar la demanda, mediante los ajustes en salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, y promover el aumento de los gastos fijos de los hogares (principalmente tarifas y transporte). Por otro lado buscó limitar la oferta proveniente de la producción nacional, abriendo la economía mediante la eliminación de barreras arancelarias, elevando las tasas de interés que hicieron imposible cualquier financiamiento de la inversión, lo que junto a la caída de la demanda por reducción del consumo, empujó al achicamiento y cierre de miles de empresas. Esta orientación económica debía llevarse a cabo mediante medidas inmediatas impulsadas e instrumentadas desde el Poder Ejecutivo a través de decretos varios como el recorte a los impuestos a las exportaciones, eliminación a los subsidios a las tarifas, rebaja de barreras arancelarias y para arancelarias a las importaciones, supresión de limitaciones para la entrada y salida de capitales, y otras similares, que fueron instrumentadas desde el primer día. Junto a otras medidas que completarían el programa regresivo de esta nueva versión del Neoliberalismo siglo XXI, como la reforma previsional y la reforma laboral, indispensables para la consolidación estratégica del modelo planeado. Éstas debían realizarse con la sanción de leyes específicas que requerían acuerdos parlamentarios en un contexto en que las bancadas oficialistas no contaban -ni cuentan-con las mayorías necesarias.
Cambiemos/PRO/UCR en el gobierno.
Sabido es que la llegada de la derecha al gobierno, fue mucho más una consecuencia de los errores y defecciones del kirchnerismo, que un producto de méritos propios. La referencia política del PRO/UCR/Cambiemos se fue construyendo con un fuerte sostén de los actores económicos y sociales que la conformaron, y a través de un largo proceso que le permitió al PRO subir un primer escalón en 2007 para gobernar la CABA, y proyectarse nacionalmente. Se cimentó sobre la base de una muy elaborada orientación comunicacional que incorporando nuevas tecnologías supo golpear sobre las incoherencias y desviaciones de sus adversarios, todo lo cual, en medio del reflujo progresista que recorrió la región desde 2012/2013 en adelante, le permitió presentarse con el disfraz de una “nueva derecha” moderna, democrática, incluso capaz de retomar algunas de las banderas del progresismo. Una nueva derecha que podría practicar el ajuste planificado con mucho consenso y poca represión, que no interrumpiría los juicios ni indultaría a los genocidas de la última dictadura, que podía continuar con la ampliación de derechos aun en contextos complejos, como el del debate sobre el derecho al aborto seguro y gratuito y la implementación de la ley de ESI, que supuestamente tomaba como desafíos propios terminar con la inflación y con la ominosa presencia de la pobreza y la indigencia entre millones de argentinos y argentinas, y que también defendía y practicaba a rajatabla los “valores democráticos y republicanos”. Tras atravesar exitosamente su primera prueba de fuego en las presidenciales de 2015, esta referencia política empezó a atravesar su etapa más difícil con la gestión del gobierno nacional en sus manos.
Desde el primer momento a los dirigentes del PRO se les instalaron dos importantes debates respecto a cuál debería ser el rumbo más adecuado para consolidar y ampliar el consenso de su referencia política, sin dejar de lado los cambios que inevitablemente traerían empobrecimiento y pérdida de derechos entre los mismos sectores a los que se quería representar con la marca PRO/UCR/Cambiemos. El primer debate fue alrededor de los tiempos para la implementación de las aristas más ríspidas de un modelo que era, y es, especialmente duro para con la mayoría de la población. Descartaron el shock y -en algunos aspectos- definieron un avance “gradualista”. El “gradualismo” con apertura de la economía, ausencia de barreras para entrada y salida de capitales, y lenta reducción del déficit fiscal, sólo pudo sostenerse con un endeudamiento galopante que en pocos meses aumentó descontroladamente. No obstante la inflación -40% en 2016- impulsada por la suba de los precios de los alimentos y el incremento de las tarifas, produjo el efecto deseado de bajar el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales. El segundo debate sobre el camino a seguir, giró alrededor de la continuidad en soledad o con la incorporación de aliados provenientes de la vereda del “peronismo razonable”, subiendo alguno de sus representantes más notorios al elenco gubernamental. Dejaron de lado esta última opción prefiriendo jugar todas las cartas a la consolidación de la referencia propia. En el segundo año de gobierno la marca PRO/UCR/Cambiemos enfrentaba su primer examen electoral gestionando desde la administración nacional. A lo largo del 2017 tuvo el sustento incondicional de los conglomerados y grupos que lo apoyaron desde sus primeros pasos, que aceptaron postergar la implementación de los cambios estructurales prometidos mediante la sanción de nuevas leyes, para después de las legislativas de octubre. En un contexto de grandes movilizaciones opositoras, la reactivación económica de 2017 empujada por la obra pública sustentada en el endeudamiento público, y la confrontación excluyente con el kirchnerismo, el PRO/UCR/Cambiemos logró un amplio triunfo nacional, que incluyó derrotar a la propia Cristina en Buenos Aires. Esto robusteció la idea entre los funcionarios del gobierno que iban por el camino adecuado: sin cooptaciones de dirigentes del peronismo “más cercano”, y supeditando los grados del ajuste económico a los tiempos de la política, se estaba fortaleciendo una referencia política propia de la alianza en que participaban activamente los grupos económicos –nativos y extranjeros- beneficiarios del modelo en curso. Para expresarlo en términos gramscianos, estábamos en los inicios de la conformación de un nuevo bloque histórico capaz de ejercer hegemonía política e ideológica en la etapa próxima. La última vez que estos sectores habían alcanzado esa meta fue en los 90, bajo la batuta de un menemismo surgido desde el corazón del Partido Justicialista, que pudo ejercer cómodamente su liderazgo a lo largo de casi una década, implementando un programa de transformaciones estructurales regresivas, que cambiaron aspectos esenciales de la vida de los argentinos. Ahora, Macri & Cía, intentaban llegar al mismo objetivo desde afuera del peronismo.
El diciembre maldito del país neoliberal. El camino hacia la Hegemonía, interrumpido.
Desde las jornadas de diciembre de 2001, cada final de año fue un momento crítico a superar por los diferentes gobiernos, sobre todo cuando la pobreza mantuvo su presencia extendida entre millones de argentinos y argentinas. Los dos primeros años de Macri transcurrieron en medio de un extendido proceso de movilizaciones, que expresaban la voluntad de amplios espacios de la sociedad de resistir los cambios que se buscaban imponer. Las más numerosas y visibles fueron convocadas por los trabajadores y trabajadoras desocupadas/os, y por las centrales sindicales en sus diferentes variantes. Si bien no se pudo detener el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, hubo algunos logros importantes como la Ley de Emergencia Social que entre otras cosas asigna un salario social complementario a todos los trabajadores de la economía popular. Fue sancionada en diciembre de 2016, tras masivas marchas que adquirieron gran envergadura a partir de agosto de ese año y que culminaron con una multitudinaria manifestación frente al Congreso Nacional. Un año después, en noviembre de 2017 Macri envió al Senado el proyecto de ley para la reforma previsional. Lograda la media sanción pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación final. En diciembre, a menos de dos meses del triunfo en las legislativas de octubre el gobierno creyó contar con el clima propicio para sancionar la ley en cuestión sin demasiadas dificultades. Sin embargo, el día 14 cuando dicho proyecto llegó a la Cámara de Diputados el clima, lejos de ser favorable, era de rechazo generalizado. Movimientos sociales, sindicatos, y diversas organizaciones sociales marcharon al Congreso para expresar su oposición a la reforma previsional, confrontando con la definición pública del gobierno de garantizar a toda costa la realización de la sesión de los diputados que debía darle forma definitiva al proyecto de ley. El choque de trenes entre la policía y los manifestantes se extendió, y la sesión finalmente debió pasar a cuarto intermedio para el día 18. A partir del mediodía de ese día miles de personas volvieron a la Plaza de los dos Congresos, reeditando los enfrentamientos con la policía de cuatro días antes. Finalmente la norma fue aprobada, pero la movilización de rechazo creció con la incorporación, en horas de la tarde/noche, de miles de manifestantes provenientes de los sectores medios, que un par de meses antes habían votado masivamente al oficialismo.
En pocos días el escenario se había complicado seriamente para el gobierno. El objetivo del PRO/Cambiemos, de avanzar rápidamente en dirección de convertirse en una representación que, por un lado, podía sintetizar bajo un programa común los intereses no siempre coincidentes de los diferentes sectores económicos dominantes, y por otro, conseguía la adhesión mayoritaria de la población a ese mismo programa, quedaba cuestionado en la calle. El camino para ir desde el acuerdo de intereses económicos diversos reflejado en una alianza básica entre Ceos, hasta la conformación de un bloque histórico capaz de imponer una nueva hegemonía política e ideológica en el conjunto de la sociedad, encontraba fuertes obstáculos difíciles de sortear. Entre otras cosas, porque las tentativas para legitimar el incremento de la cuota represiva sobre la del consenso fracasaron una y otra vez. Ya sea las que se intentaron por vía indirecta: reivindicación encubierta de la dictadura (“no hubo 30 mil desaparecidos, fueron menos”; liberación de los genocidas por el 2 x1), o por la vía directa: anuncios fallidos de la puesta en práctica del “protocolo antipiquetes” que jamás pudo imponerse. Por el contrario, se podría afirmar sin temor a equivocaciones, que en estos años del gobierno de Macri, lejos de sus intenciones de acallarlas o minimizarlas, las manifestaciones callejeras se consolidaron como una expresión de la voluntad ciudadana capaz de imponer agenda política. Ejemplos flagrantes: movilizaciones que impusieron la ley de emergencia social, las que rechazaron el 2 x 1 y culminaron en la sanción de la ley que excluye a los genocidas de ese beneficio, las multitudinarias manifestaciones convocadas por la defensa de los derechos de las mujeres, etc.
Del gradualismo al Fondo Monetario
En este marco cambiante, sobre fin del 2017, el PRO/Cambiemos tomó en cuenta el rechazo de sus propios votantes al programa de ajuste permanente e indiscriminado y ratificó el camino gradualista postergando el envío de la reforma laboral al Congreso, e hizo anuncios económicos que dilataban los tiempos del ajuste inicialmente anunciado para 2018. Por otro lado descartó una vez más la posibilidad de convocar a ser parte del gobierno a dirigentes afines provenientes del peronismo que le permitieran ampliar su base de sustento. Prefirió perseverar en el objetivo de convertir al PRO/UCR/Cambiemos en una representación consolidada con consenso de la derecha neoliberal en la Argentina.
Continuar con el gradualismo no era lo acordado con el llamado círculo rojo, que agrupa a los sectores económicos más concentrados, sostenedores del programa de la alianza que promovió y apoyó al gobierno. Demorar la aplicación el ajuste fiscal, puso en alerta al sector más poderoso de dicha alianza –principalmente el poder financiero- que entre otras “facilidades” había abierto, vía camino del endeudamiento, la posibilidad de mantener las inversiones del estado en obra pública, base de la reactivación de 2017. Transcurrido el primer trimestre de cierta calma, en abril, los bancos y fondos de inversión poseedores de bonos y letras de la deuda pública empezaron a retirarse del mercado. Previa dolarización de sus portafolios iniciaron la fuga al exterior, y el valor del dólar entró en una escalada imparable. A principios de mayo Macri anunció el regreso al FMI, lo que significaba convalidar el predominio del sector financiero al interior de la alianza de gobierno, y el cambio de prioridades políticas. A partir de ese momento la necesidad de estabilizar una situación que se tornó descontrolada, estaba por encima del plan de consolidar la marca PRO/UCR/Cambiemos. Aunque el auxilio del FMI vino de la mano de un ajuste recesivo que puso en riesgo la adhesión de una importante porción de la sociedad que lo llevó a ganar las elecciones de 2015 y 2017, ahora el gobierno estaba dispuesto a aplicar las clásicas recetas recesivas del Fondo porque era indispensable generar una señal inequívoca de que la deuda contraída se pagará, ya que si el sector financiero dudaba que de que esto podría suceder (Argentina tuvo una cesación de pagos hace menos de dos décadas) habría nuevas corridas cambiarias, con los consiguientes incrementos inflacionarios que desestabilizan la vida de toda la población. A lo largo de 2018 el dólar subió un 107%, los precios de los alimentos básicos se incrementaron un 65%, los salarios perdieron entre 20 y 30 puntos de su poder adquisitivo, las tasas de interés se elevaron al 60/70%. En pocos días pasamos sin escalas del crecimiento en el primer trimestre a una fuerte recesión que un año después sigue su curso. El objetivo de concentrar ingresos se va cumpliendo y crecen los beneficios para todos los que componen la alianza dominante. Los sucesivos programas que va imponiendo el FMI contemplan una redistribución mayoritaria de las ganancias hacia bancos y entidades financieras. Esto produce algunos –hasta ahora tímidos- reclamos de los otros sectores (el agro respecto al regreso de impuestos a las exportaciones, las petroleras de Vaca Muerta ante la reducción de subsidios, los grupos industriales por la eliminación de barreras arancelarias y para arancelarias, etc) que en ningún caso llegan a cuestionar ni el predominio de los sectores financieros, ni mucho menos el conjunto del modelo en curso. Hasta el momento no se observan diferencias sustanciales entre las fracciones dominantes, que ameriten rupturas con el proyecto económico oficialista.
La imagen presidencial y la valoración de la gestión del gobierno han caído en picada como consecuencia del empeoramiento de la situación de las mayorías. No obstante el gobierno reitera permanentemente que no se apartará del rumbo escogido. De esta manera logra que los cuestionamientos que surgen desde su propio campo no trasciendan de cuestiones de forma. La mayor o menor impericia para ejecutar el conjunto del plan, la falta de idoneidad de algunos de los más encumbrados funcionarios no alcanzan al corazón de su proyecto económico. La decepción fundamental del círculo rojo para con el PRO/UCR/Cambiemos, es su incapacidad manifiesta para convertirse en una referencia política capaz de trasladar el acuerdo entre los sectores económicos dominantes a una adhesión mayoritaria del conjunto de la población. Ya fuera por adhesión lograda por consenso de la marca propia, o por ampliación del acuerdo mediante cooptación de dirigentes provenientes del peronismo. O a través de una nueva fórmula en la que predomine la imposición sobre la adhesión, mediante un fuerte incremento de la parte represiva en la ecuación consenso-represión. El PRO/UCR/Cambiemos descartó “mezclarse” con dirigentes peronistas y no encontró el campo fértil (intentos hubo) para ir por el peligroso camino de generalizar la represión a los conflictos sociales. Esta incapacidad manifiesta tiene dos consecuencias graves para los beneficiarios de este modelo. La primera y más importante es la dificultad, insalvable hasta ahora, para sancionar algunas leyes indispensables como la reforma previsional y la reforma laboral. La segunda es la debilidad de la propuesta electoral del PRO/UCR/Cambiemos para las próximas presidenciales, lo que los pone en una incertidumbre manifiesta respecto al futuro inmediato.
Empate hegemónico y perspectivas
Recordando la crisis de principios de siglo y el recorrido realizado en aquellos años para desembocar en la etapa de crecimiento es claro que fue sobre la base de suspender los pagos de la deuda pública. El FMI es el acreedor principal del estado argentino y seguramente será inevitable para el próximo gobierno -aun con el actual si es reelegido- como mínimo renegociar los plazos establecidos. La deuda contraída en estos años es la palanca principal sobre la que pivotea el poder financiero para imponer su supremacía entre los sectores dominantes. Supremacía que entre ellos no está en discusión, pero que no ha podido ser legitimada en la sociedad porque representa medidas que agravarán los problemas de la ya difícil situación que atraviesan las mayorías. En este marco el FMI podría renegociar plazos postergando vencimientos, sólo si se comprometen las medidas de ajuste que hasta ahora no se pudieron implementar por el repudio social que despiertan.
El eje principal de las diversas reuniones entre los funcionarios del Fondo y los candidatos y dirigentes de la oposición, incluido el kirchnerismo, giran alrededor de los límites y alcances de las futuras negociaciones: cuál será el punto de equilibrio/desequilibrio entre la necesidad de contar con recursos genuinos para impulsar la salida de la recesión y la exigencia de sostener la continuidad de los pagos de la deuda pública.
El principal fracaso de Macri no pasa por no haber reducido la pobreza o no poder curar la enfermedad inflacionaria. La principal frustración para su círculo áulico pasa por la imposibilidad de alcanzar consenso simultáneo en los dos campos con intereses contradictorios. Ganó las legislativas de 2017 asentado en una reactivación sostenida con endeudamiento otorgado por los sectores financieros con la promesa de completar los cambios estructurales después de esas elecciones. Cuando quiso comenzar a realizarlos empezó a perder el consenso que había ganado en la sociedad. Intentó retroceder y se generó la desconfianza del poder financiero que lo obligó a recurrir al FMI y aceptar sus recetas, que por ahora no alcanzan toda la profundidad que el organismo multilateral requiere.
Es que aun en la situación de defensiva que debilita el surgimiento de alternativas políticas pos neoliberales -superadoras a las que fracasaron durante la primera década de este siglo- la resistencia de los sectores populares conserva la fuerza suficiente para impedir el avance de las transformaciones estructurales indispensables para consolidar la versión siglo XXI del modelo neoliberal. Se configura así una situación de empate en la correlación de fuerzas, base de las crisis políticas y económicas recurrentes que atraviesan el país, desde el comienzo de la recesión global -2007/2008- a la fecha. Los resultados electorales fueron triunfos y derrotas efímeros que terminaron diluyéndose al calor de la incapacidad manifiesta de unos y otras para reiniciar un ciclo sustentable de crecimiento y desarrollo. En 2007 el kirchnerismo gana las presidenciales con Cristina a la cabeza; pocos meses después a mediados de 2008 pierde en el Congreso Nacional la votación por la crucial ley de retenciones móviles a las exportaciones del agro; en 2009 pierde en las legislativas de medio término con Néstor Kirchner encabezando la boleta de la Provincia de Buenos Aires, a manos de una coalición de centro derecha encabezada por Mauricio Macri, Felipe Solá, y Francisco de Narváez. En 2011 Cristina es reelegida con el 54% de los votos, y en 2013 sufre una nueva derrota en las legislativas y se clausuran sus aspiraciones de ir por un tercer mandato. En 2015 gana la derecha con Macri, que vuelve triunfar en 2017, y hoy está ante la posibilidad de perder las presidenciales. El estancamiento/retroceso de todas las variables económicas y sociales atraviesa este largo período de disputas sin vencedoras ni vencidas definitivos, y nos pone en el umbral de una crisis orgánica que comienza a tener consecuencias en el terreno institucional.
A pocos días del cierre de las alianzas y candidaturas para las cruciales elecciones de octubre se mantienen las indefiniciones tanto en el oficialismo como en la oposición. El corrimiento al centro de todas las propuestas en curso, desde el kirchnerismo que designa a Alberto Fernández (el liberal Guillermo Nielsen su principal referente económico) como su candidato a presidente y Cristina enarbolando la consigna de un impotente “contrato social” sin dar ninguna pista sobre su contenido, hasta las dudas en el PRO para mantenerlo a Macri ratificando que “este es el rumbo correcto”, o buscar alguna otra figura que despierte expectativas progresistas (Vidal, Lousteau, o un/a Vice similar). Todas son una manifestación de las dificultades para obtener de la población el consenso indispensable no sólo para ganar las elecciones, sino después para gobernar. No hay indicios serios de que el próximo gobierno surgido de las presidenciales de octubre –cualquiera sea su signo- en un contexto económico global francamente desfavorable, esté en condiciones de inclinar rápidamente la balanza, iniciando un ciclo de crecimiento y desarrollo, sino busca romper el predominio de la depredación de la especulación financiera sobre la base de fortalecer la resistencia popular.
El debate sobre límites y alcances de futuras negociaciones con el FMI y el poder financiero no pasa por postergar más o menos los plazos, sino por poner primero en el centro de la mesa un plan de recuperación y crecimiento de la economía, priorizando el destino de todos nuestros recursos en lograr consolidar un nuevo proyecto nacional. Los plazos impostergables son los tiempos que lleven empezar a desarrollarlo sobre bases sustentables, en ese camino iremos discutiendo los plazos de pago de las deudas que hayan sido legítimamente contraídas.
El PRO/UCR/Cambiemos, está dispuesto a darle continuidad a los planes acordados con el círculo rojo bajo la atenta conducción del Fondo Monetario. El opaco contrato social que proponen Alberto y Cristina está más cerca de una nueva defección de un kirchnerismo que fracasó en las favorables condiciones en que gobernó en la primera década de este siglo, por lo que no hay nada que indique que pueda proponer una alternativa superadora en una situación global mucho más complicada. Contrato Social sin hegemonía está condenado a una nueva frustración si se busca acordar un camino de crecimiento y desarrollo, y mucho menos si se pretende que sea inclusivo.
Si fuimos capaces de sostenernos en el marco de defensiva política tras el fracaso de los modelos progresistas que condujeron nuestros países desde principios de siglo, y de resistir los embates de la derecha en el gobierno, es que estamos en condiciones de construir nuevas alternativas en el marco de la continuidad de las luchas sociales que se avecinan, participando activamente en los procesos político electorales, debatiendo con nuestras ideas y propuestas, buscando romper el equilibrio de fuerzas en favor del campo popular.
Junio 2019
Isaac Rudnik
Publicado en: lapiedraenelzapato.com
