Al cumplirse ocho años de la Masacre de Avellaneda

Se realizó acto y movilización al cumplirse ocho años de la Masacre de Avellaneda

Con motivo de conmemorase ocho años de la Masacre de Avellaneda, en donde fueron asesinados los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en la ciudad de Mar del Plata se realizó un acto y movilización para recordarlos y exigir justicia.

Oscar Caro, de Barrios de Pie, comentó: “A ocho años seguimos recordando a Maxi y Darío. El mejor homenaje que podemos hacerles es seguir militando, generando espacios de participación para los sectores populares, un futuro para los y las jóvenes de nuestros barrios. Organizando las cooperativas de trabajo, los comedores comunitarios, el trabajo voluntario. Además de exigir juicio y castigo, esa es la mejor forma de recordarlos”.

En la movilización por el centro de la ciudad, se podían ver las banderas de Barrios y Jóvenes de Pie, El Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, Jóvenes al Frente y Atahualpa, entre otras. Luego tocaron músicos de los barrios marplatenses, se escucharon murgas y se leyó un documento conjunto.

Se adjunta copia del documento:

26 de junio de 2010
A 8 Años de la Masacre de Avellaneda...

Seguimos reclamando juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi, exigimos que el ex presidente Eduardo Duhalde, máximo responsable de la Masacre de Avellaneda sea investigado y juzgado por la planificación de la Masacre de Avellaneda.
A lo único que puede ser candidato Duhalde es a la cárcel. Reclamamos juicio y castigo a Duhalde y a todos sus funcionarios
Reclamamos que el gobierno de Cristina Fernández investigue y se comprometa a fondo con la investigación, tal como había prometido Néstor Kirchner en los inicios de su gobierno y no cumplió.

Hoy se cumplen ocho años de una de las represiones más brutales sufridas por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional conocida como Masacre de Avellaneda, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.

La memoria es parte vital de la lucha por la justicia, por eso vamos a recordar el contexto en el que se dio aquella criminal represión que aún tiene a sus responsables políticos en libertad.

En aquellos días retumbaban con fuerza los ecos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las luchas sociales de los sectores populares, principalmente de las y los trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as, alcanzaban un pico histórico en el país. Luchas sociales que bregaban por un nuevo país y que al grito de “que se vayan todos” habían logrado terminar con el anti-popular y represor gobierno radical de De La Rua. Aquel 26 de junio de 2002, estas luchas enfrentaban al gobierno de Duhalde que jugó a fondo la carta represiva con una masacre planificada y deliberada desde la cúpula del poder político siguiendo las exigencias de todo el establishment económico, político y comunicacional.

Por esos días, la embajada norteamericana y del FMI exigían al gobierno “mayor control social” a cambio de la reprogramación de la deuda externa. La cúpula de la sociedad rural reclamaba abiertamente la represión. Los gobernadores del PJ – en una reunión celebrada en La Pampa días antes de la represión, de la que participo Nestor Kirchner como mandatario de Santa Cruz- exigió al gobierno de Duhalde que “pusiera orden al costo que sea”. Los monopolios mediáticos de la burguesía, que agitaban permanentemente esta campaña contra el supuesto caos de las luchas sociales y piqueteras, serían luego los principales encubridores de la política y del gobierno, que solo la masiva reacción popular de repudio del día siguiente recién desenmascararía.

Candidato a la Carcel:

Luego de ocho años los principales responsables de la Masacre reaparecen “reciclados” en la disputa política como candidatos de cara a las elecciones de 2011 o como operadores de alguno de los bloques políticos. La causa judicial se encuentra estancada y luego de ocho años, las líneas de investigación que permitían investigar la responsabilidad gubernamental siguen sin ser abordadas.

La causa federal iniciada en 2002, que debía investigar al ex presidente Duhalde y a las principales responsabilidades políticas, se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo. El gobierno nacional hace rato que no se preocupa por “amagar” con “mover” la causa si Duhalde sale a hacer política opositora, como hicieron durante los primeros años de gestión. Cuando asumió, Néstor Kirchner había prometido a los familiares y a los compañeros y compañeras de militancia de las víctimas “investigar hasta las ultimas consecuencias sin importar quien caiga” a través de una comisión investigadora. Pero esa promesa exigía una condición: “si quieren una comisión abandonen las protestas (en particular el Puente Pueyrredón)”. Ni los familiares, ni las organizaciones populares aceptamos ese condicionamiento. El gobierno nunca hizo efectiva esa comisión y el Puente terminó militarizado ante cualquier protesta, decisión que la actual presidenta mantiene y profundiza.

Este nuevo aniversario de aquella represión encargada desde el poder político nos encuentra con el mayor responsable de la Masacre haciendo actos semanalmente para presentarse como candidato a presidente en el 2011. Duhalde, como vicepresidente de Menem, es referencia de los peores años de saqueo de nuestros bienes y empobrecimiento del pueblo argentino; su “Maldita Policía” ha perseguido y asesinado a decenas de jóvenes con el gatillo fácil. Como presidente, a través de la devaluación asimétrica, generó las condiciones para una brutal transferencia de ingresos del pueblo trabajador hacia el poder económico. Y en junio de 2002 se encargó de planificar por primera vez un operativo conjunto de todas las fuerzas de seguridad para reprimir las movilizaciones populares.
Duhalde dijo que quienes lo escrachaban eran cooperativas de la SIDE. Defendió a Sobisch y pidió que no lo persigan. Habló de terminar con los juicios a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Propuso que los militares salgan a las calles a combatir el delito.
Por todo esto, entendemos que es nuestra responsabilidad como pueblo repudiarlo donde quiera que vaya, como ya han hecho numerosas organizaciones en distintos puntos del país, para mostrar que si no hay justicia hay escrache y que, como en cada repudio a los que tienen las manos manchadas con la sangre del pueblo: “adonde vayan los iremos a buscar”.
 

Multiplicar su ejemplo, continuar su lucha:
 

Luego de ocho años, los resultados de las políticas impulsadas por el gobierno de Néstor y luego de Cristina Kirchner están a la vista: un aumento de la desigualdad económica, con el crecimiento de la brecha entre la población más enriquecida y la más pobre, depreciación de los salarios, licuación de las deudas de los capitalistas, despidos, precarización laboral. Mientras tanto las y los campesinos/as pobres, las y los trabajadores/as y las organizaciones populares seguimos padeciendo el despojo y la exclusión. Esto puede verse con claridad en el pago de la deuda externa que el Gobierno Nacional quiere presentar como un gesto de soberanía, cuando queda más claro que nunca que es un pago que se hace a costa del hambre del pueblo, a costa del desarrollo y la verdadera independencia nacional, a costa de las necesidades de salud, educación, tierra y vivienda de nuestro pueblo.

En nuestra ciudad, la militarización de las calles y la represión a los sectores más empobrecidos tuvo su máxima expresión en el brutal desalojo del año pasado de las familias Sin Techo del predio de viviendas del barrio el Martillo. Pero aquella represión es sólo la punta del iceberg de una serie de desalojos, que junto a los casos de gatillo fácil dan cuenta de una política sistemática de criminalizar la pobreza y la juventud. En este sentido, la reforma del código contravencional de la provincia que impulsa el gobernador K Daniel Scioli es la máxima expresión de lo que buscan los sectores de poder en nuestro país: estigmatizar y condenar a las víctimas de este sistema de explotación y exclusión al tiempo que reprime y judicializa cualquier intento de lucha y resistencia. Política que que continúa los lineamientos de la Ley anti-terrorista que este gobierno aprobó siguiendo las órdenes del imperialismo yanqui.

Frente a esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo, está la memoria, la denuncia y la lucha popular. Las políticas laborales y sociales que beneficien a las y los trabajadores y el pueblo no saldrán de la voluntad de ningún juez apegado al poder político de turno, ni del mismo Estado. Sólo a partir de la movilización y lucha popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos la justicia para Darío, Maxi y para todos los y las que sufren la exclusión, la explotación o la represión.

A ocho años de sus asesinatos, estamos aquí junto a Maxi y Darío todas y todos unidos, los que no dejamos la lucha, codo a codo, para barrer esta impunidad. Seguimos levantando las mismas banderas, por trabajo y salarios dignos, contra el hambre y la represión, por una verdadera transformación social. Darío y Maxi siguen presentes en esas luchas y en esas demandas. Frente a estos reclamos la respuesta del gobierno nacional se ve con claridad en los recientes hechos ocurridos en Bariloche, donde una vez más la “maldita policía” actúa con total impunidad, protegida por el poder político.

Somos parte del movimiento popular en lucha que se mantiene en la calle, con luchas en defensa del trabajo y por aumentos salariales, con movilizaciones de trabajadores, desocupados y estudiantes. Luchas en defensa de nuestros bienes naturales y contra el saqueo y la contaminación, como se vienen desarrollando en contra de la minería a cielo abierto y contra las papeleras contaminantes en Gualeguaychu, donde una vez más el gobierno nacional muestra su verdadera cara judicializando y criminalizando una lucha popular justa y legítima.

Por Darío y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, por la libertad de los y las presos políticos y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es la lucha de todo el pueblo. Es la solidaridad y el compromiso con el compañero junto al que salimos a luchar y la intransigencia y consecuencia en esta pelea. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen.

A ocho años de la masacre de Avellaneda decimos una vez más…
 

JUSTICIA PARA DARIO SANTILLAN Y MAXIMILIANO KOSTEKI
DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 8 AÑOS DE IMPUNIDAD
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDON
CARCEL YA! A DUHALDE y sus funcionarios: Felipe Sola, Anibal Fernandez, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Juan Jose Alvarez y Carlos Soria.
LIBERTAD A ROBERTO MARTINO Y DEMAS PRESAS Y PRESOS POLITICOS. DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LUCHADORES Y LUCHADORAS POPULARES.
APARICION CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA Y DE JORGE JULIO LOPEZ.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA JUVENTUD. BASTA DE GATILLO FÁCIL, NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NI AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE SCIOLI
 

¡Darío y Maxí presentes!
¡Ahora y siempre!