Donda, Erbetta y Basalo en seminario sobre drogas

Convocados por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana; la diputada nacional de Libres del Sur, Verónica Donda, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y autora del proyecto de Ley de despenalización de la tenencia simple de sustancias, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, y el director de la revista THC, Sebastián Basalo, participaron el pasado jueves del panel "Hacia una nueva ley de drogas", en el marco del seminario "Repensando desde la complejidad el abordaje del consumo de sustancias". Durante la charla, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, sobrevoló la idea del fracaso rotundo de la ley actual, que lejos de combatir el narcotráfico y pensar en la salud de los consumidores, genera miles de causas anuales en los juzgados federales del país, un negocio policial paralelo, mientras no se registran avances en modelos para la reducción de daños por el consumo de sustancias. A continuación, las partes más relevantes de las tres posturas, que ayudan a comprender la necesidad de reformar la ley de drogas para abordar una problemática que atraviesa a toda la sociedad, aunque los efectos punitivos del Estado recaen, en la mayoría de los casos, en sus capas más pobres.

"Un verdadero monstruo jurídico"

El ministro Erbetta, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y profesor titular de la cátedra de Derecho Penal, señaló que para "hablar de la reforma a la ley de drogas debemos saber qué queremos reformar, y para saberlo estamos obligados a realizar una referencia al pasado y al presente". Erbetta recordó que el formato actual de la legislación sobre drogas prohibidas y sobre la persecución del consumo y el tráfico de drogas tiene un pasado relativamente reciente.

"Este formato aparece en la política criminal en Argentina aparece en los momentos en que irrumpe la violencia política en la década del 70. Sobre los últimos meses del gobierno de Isabel Martínez, aparecen una suerte de términos equivalentes: drogas, libertad sexual, subversión. No es casualidad que en ese contexto, el Congreso de la Nación sancionó dos leyes, estrechamente vinculadas entre sí; la primera ley de Drogas, la 20.771, que sienta la matriz de la actual legislación, y la tristemente célebre ley de represión de las actividades subversivas, la 20.840", precisó el ministro.

Según Erbetta, luego del golpe de Estado del 76, la situación se profundiza porque el usuario de drogas es "estigmatizado como una suerte de traidor a la patria, y no es de extrañar que en ese contexto la Corte de (Jorge) Videla, ante el planteo de declaración de inconstitucionalidad de la penalización del consumo de drogas, en un caso llamado Colabini, se pronunciara por la legitimidad de la persecusión del consumidor al que había que penalizar porque era parte de una cadena, y si lo suprimía lo mismo hacía con el tráfico; si quiero terminar con la enfermedad, tengo que matar a todos los enfermos".

Recuperada la democracia, en 1983, cambia la Corte y se produce tres años después el famoso caso Bazterrica, que declara la invalidez de la persecución penal y de la punición de la tenencia para consumo. "Pero con la asunción de (Carlos) Menem, se creó el Sedronar y se sancionó la actual ley de Drogas, la 23.737, y no fue de extrañar que llegado un nuevo caso a la Corte, ampliada a nueve miembros, volviendo sobre sus propios pasos y en un sentido regresivo de las garantías y de la libertades, se pronuncia en el caso Capalbo por la validez de la persecución del consumo en el año 1986. Y lo hace sosteniendo argumentaciones desvergonzadas, como el de hablar de la tendencia a contagiar de los drogadictos".

El año pasado la Corte actual se pronuncia sobre la cuestión en el fallo Arriola, declarando la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de drogas para consumo personal. En este marco, Erbetta se preguntó por qué hay que reformar la ley de drogas. "Es posible que algún juez considere que tienen argumentos diferentes al planteado en el actual fallo de la Corte, y se pronuncie en sentido contrario; pero además, el fallo no tiene efectos derogatorios de la ley, dando vía libre al accionar policial para perseguir consumidores", precisó el ministro. Por otra parte, Erbetta afirmó que la actual legislación sobre drogas prohibidas es "un verdadero monstruo jurídico, indefendible, que no puede soportar un mínimo test de legitimidad y eficacia", por lo cual su propuesta es la de "suprimir toda la ley de drogas, y solamente tipificar 4 o 5 artículos contra los 57 que tiene la ley, que hacen a la producción, al tráfico, a la comercialización, al suministro, a la entrega gratuita y onerosa, al financiamiento y a la organización de este tipo de actividades".

Según el ministro de la Corte santafesina, se debe establecer un piso mínimo de reforma a la ley de drogas que debe verificarse, y que tiene que ver con tres cuestiones que están contempladas en el proyecto de reforma de la diputada Donda: La punición al consumo de drogas, el sistema de medidas curativas y educativas para los principiantes y las personas drogadependientes, y la eliminación de las figuras del arrepentido, los agentes encubiertos, y los pactos de impunidad. Erbetta consideró que penalizar al consumidor de drogas es "crear un tipo de autor, partiendo de una presunción falsa de que todo tenedor es consumidor y que todo consumidor es un delincuente. En nuestra Constitución, el Estado no puede establecer una moral, debe garantizar un ámbito de libertad moral, y las acciones que son el ejercicio de ese ámbito de libertad, jamás pueden ser incriminidas por el Legislador".

El ministro aseguró que los "problemas de salud no tienen nada que ver con el derecho penal, tienen que estar afuera. Es tan absurdo, que todo adicto condenado por cualquier delito se le aplica una medida curativa compulsiva; pero esto no sucede si es un psicótico o un alcohólico. Al drogadependiente que lo acusan por el delito de tenencia para el consumo personal, si se cura le siguen el juicio, y si lo condenan le pueden reducir la pena sometiéndolo a una medida curativa. A un principiante le aplican una medida educativa, lo mandan a escuchar una clase". Respecto a la ilegitimidad de la incorporación de las figuras del arrepentido, los agentes encubiertos y los pactos de impunidad, Erbetta recordó el famoso caso Cóppola, en el que terminaron todos presos. "No entiendo cómo los jueces no se pusieron colorados", graficó.

Erbetta dijo que cuando uno verifica los datos de la realidad sobre la problemática, "nunca hubo una inversión de dinero tan grande, de legisladores trabajando en la reforma de leyes, aumento de penas, pero nunca hubo un fracaso tan rotundo de la intervención punitiva del Estado como en materia de drogas; los que han apostado al prohibicionismo y a las guerras contra las drogas, hoy tendrían que pedir disculpas por la malversación de caudales públicos, por la forma en que han deteriorado las instituciones republicanas, y por los daños producidos a los derechos humanos". Para el ministro "es inexplicable que no se haya reaccionado ante tanto fracaso, porque el consumo en el país se incrementó, como la desigualdad económica porque el que tiene plata compra droga buena y el que no, compra paco". Erbetta fue tajante al señalar que "la droga no tiene incidencia en el delito, no hay respaldo científico".

"Tener no es ningún delito"

La diputada Donda marcó la diferencia con los otros cinco proyectos que cuentan con estado parlamentario. "Nuestro piso es la derogación de la figura que persigue la tenencia, por eso planteamos la despenalización de la tenencia simple", planteó la legisladora del Movimiento Libres del Sur. "Perseguir la tenencia en el derecho penal argentino es una figura que no existe, tener no es ninguna acción que merezca ser perseguida por el derecho penal; tener no es ningún delito, es un invento de nuestros legisladores para continuar persiguiendo a los consumidores, a través de esa figura actúan las fuerzas de seguridad", agregó. Además, Donda señaló que es importante modificar la actual ley de drogas porque "viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, pero además es violatoria de los derechos humanos porque la ley actúa como regulador social, no casualmente hay madres de lucha contra el paco, pero no se conoce ninguna agrupación de madres de lucha contra el extásis, como una vez me dijo una señora en una de las tantas charlas que dimos".

Según Donda, las personas que terminan detenidas en las cárceles de la Argentina tienen dos denominadores comunes: son jóvenes y pobres; mientras que las cárceles federales, el 70 por ciento de las mujeres detenidas lo están por violación a la ley de estupefacientes, la cifra llega casi al 100 por ciento en las cárceles federales del norte argentino. "Es increíble escuchar tantas ridiculeces, como los que dicen que se trata de una ley que está casi derogada, porque en la realidad no se cumple. Pero si vos sos pobre, morochito, y estás fumando en una esquina de un barrio, te pueden llevar, abrirte una causa y meterte en un calabozo hasta que un juez intervenga en la causa", precisó la diputada. "Si fuera una ley casi derogada, como dicen, no existirían las 17 mil causas abiertas por año, de las cuales el 70 por ciento corresponden a consumidores", agregó.

"¿A cuántos grandes narcotraficantes conocen que estén detenidos, y a cuántas personas procesadas con sentencia firme hay por lavado de dinero en Argentina en los últimos 22 años, un delito directamente vinculado?", preguntó Donda. "Esta ley es ineficiente para perseguir al narcotráfico, pero es eficiente para el control social porque nos llena las cárceles de pobres y jóvenes, los nuevos enemigos a combatir por algunos sectores de la sociedad que se niegan a tratar el tema, y además aumentó el índice de los consumidores", indicó la diputada nacional. Por otra parte aclaró que no tiene una fijación con la ley de estupefacientes, "lo que ocurre es que en el medio esta ley se lleva puestos a miles de personas en el país que no saben a qué están expuestos cuando les abren una causa en el sistema penal argentino si no se tiene a un buen abogado defensor".

Si bien Donda sostuvo que es importante plantear la derogación de la ley de drogas, y hasta discutir la legalización, entiende que hay que ir "paso a paso, porque en el medio está la vida de las personas que están expuestas al derecho penal". La legisladora dijo que no hacen diferencias entre los distintos tipos de estupefacientes, "no me voy a poner a discutir quién tiene más derechos, si el que quiere fumar marihuana o el que quiere consumir LSD, esa discusión es para otro momento porque hoy el problema es que se meten en la esfera de tu intimidad". A la hora de marcar otras diferencias con los proyectos que tienen estado parlamentario, la diputada de Libres del Sur indicó que los otros apuntan a la despenalización del consumo.

"Si sólo se plantea la despenalización del consumo, hay que comprobar que lo que se tiene es para consumo, y para hacer esa comprobación se abre una causa penal. Esto, además, invierte la carga probatoria, porque no soy el que tiene que probar si es para consumo, esto para nosotros no es ni siquiera un piso, lo efectivo es derogar la tenencia simple", explicó. De todos modos, Donda reconoció que al proyecto habría que introducirle algunas modificaciones, sobre todo la relacionada con el tema de las llamadas mulas que se dedican al tráfico en pequeña escala. "Fue un error, y creemos que hay que reducir los años de pena", reconoció la legisladora, para quien es "importante pensar el rol que tiene cada uno de nosotros en esta discusión, porque si no siempre nos dejan afuera de las discusiones que afectan directamente a nuestra sociedad, muchas veces con argumentos ridículos".

"La punta del ovillo"

Para el director de la revista THC, estamos "en una instancia histórica en torno a la discusión y debate de la reforma a la ley de drogas en Argentina". Según Basalo, las legislaciones planificadas a partir de 1920 en el mundo genera canales de negocios y control social. "En el país, dos tercios de las personas detenidas por la actual ley de drogas cumplen dos requisitos, son pobres y jóvenes. No se trata de interpretaciones, son números. En Estados Unidos, más de la mitad de la población carcelaria detenida por drogas, es negra", precisó el periodista, quien aseguró que hasta entrado el siglo XX "nunca existió una relación problemática con el tema de las drogas, a partir de ahí comenzaron las persecuciones y las prohibiciones".

Basalo dijo que esto produjo que la ley de drogas en el país base la persecución del narcotráfico con la famosa teoría de la punta del ovillo, "tenemos que ir a buscar a todos los que tienen drogas porque agarrándolos vamos a dar con el que se las vendió, y este nos va a mostrar al que se la vendió, y así vamos a llegar a Pablo Escobar Gaviria; eso nos lo creímos en serio en Argentina en lo 90, con la creación de una ley que se sancionó entre gallos y medianoche, y que demostró el fracaso absoluto el Estado en la persecución del fin que se propuso, perseguir al narcotráfico".

El periodista señaló que las cifras son contundentes. "17 mil causas elaboradas por infracción a la ley de drogas. El 70 por ciento de las causas terminan siendo personas que demuestran ser usuarios. El 25 por ciento de las causas terminan siendo personas que no logran convencer al juez que son usuarios, porque la ley les exige que lo demuestren de forma irrefutable, tiene que haber poca cantidad, hay que hacerse pasar por adicto y cumplir con un montón de requisitos que si no se dan, se aplica una figura intermedia que es la tenencia simple, la misma figura por la cual les iniciaron la causa. Allí no hay opciones de tratamiento, hay cabe una pena de prisión. Sólo el 3 por ciento de las causas elaboradas en un año terminan siendo casos de comercio, pero siempre de pequeñas y medianas cantidades".

El gasto que implica comenzar una causa por tenencia simple es otra de las consecuencias negativas de la actual ley de drogas. Según Basalo, son 600 millones de pesos anuales, "reconocidos por el propio Poder Ejecutivo, por lo cual entiendo que pueden ser más todavía, imaginemos las cosas que podríamos hacer con ese dinero dilapidado en violar derechos humanos, podemos cubrir todos los problemas de salud que puedan tener estas personas". El director de la revista THC consideró que con la actual legislación "saturamos las cárceles de usuarios de drogas y a la justicia federal, que se aboca a las causas más importantes del país. Saturamos a la justicia encargada de juzgar y condenar a los mayores genocidas que tuvo la historia argentina con casos de tenencia de uno o dos porros".

Por otro lado, Basalo señaló que la actual ley de drogas hizo que se expandan a mansalva las granjas de rehabilitación, con la Fundación Manatiales a la cabeza. "Son las que hoy hacen lobby para que esta ley no cambie", apuntó el periodista, quien no tiene dudas en afirmar que la "prohibición de las drogas generó un mal muchísimo mayor que las drogas, como el derecho a acceder a la salud, un derecho humano. Por eso, una persona criminalizada por el uso de drogas lo último que hace es acercarse a un centro de salud. Esta ley no permite aplicar estos modelos de reducción de daños, que pasan a respetar las decisiones de esas personas para que ese consumo sea lo menos dañino para su salud".

Basalo, defensor del autocultivo, afirmó que "despenalizar la tenencia de drogas no significa legalizar la venta, es el debate que debemos dar en todos lados, cuando el mayor problema está ocasionado por el consumo recreativo de drogas legales". Para el periodista "no sirve de nada despenalizar bajo modelos absurdos como cantidades, que es la primera pregunta que siempre surge, la cantidad no hace al delito. Este modelo se aplicó en México donde se expandió el narcomenudeo. En Portugal, a 10 años de haber despenalizado la tenencia de drogas, no hizo más que disminuir el consumo en la sociedad y disminuir los problemas de salud por el uso de drogas, y por sobre todo, lograron aumentar en un 100 por ciento los allanamientos por narcotráfico".