Hay que modificar las estructuras de las fuerzas de seguridad. Por C. Mónaco
Una primera conclusión al respecto de todo lo ocurrido, es que existe en la Argentina un complejo sistema de negocios, complicidades e impunidad, motorizado por las policías que resulta, la mayoría de las veces, que esta herramienta de la represión – las policías- sea más un problema que una solución para la gobernabilidad y la persecución eficiente de la delincuencia.
Es evidente que semejante expansión del narcotráfico se explica más por la complicidad de las autoridades de distintos niveles de gobierno con el mismo, que por la desidia o ineficacia policial. Es que el negocio de las drogas penetró las estructuras de las fuerzas de seguridad, y la política, convirtiéndolas en socias imprescindibles.
Los hechos que durante la persecusión a los tres prófugos más famosos, nos hicieron participar de una película de acción y suspenso minuto a minuto, son parte de la misma realidad transformada en una escena trágica, no solo porque es lo que verdaderamente ocurrió, sino porque es la mera muestra de una cotidianeidad que padecen miles de ciudadanos, con consecuencias terribles para sus vidas como convivir diariamente entre la delincuencia, la inseguridad, las amenazas y hasta la muerte.
La persecución de los hermanos Lanatta y Schilacci, y el trasfondo de delitos complejos que dejó a la luz, no debiera ser la musa para un nuevo guión de Hollywood sino la oportunidad histórica de hacer un cambio estructural en nuestras fuerzas de seguridad, y el sistema público de seguridad nacional ciudadana en general.
Fue realmente vergonzante, y renovaba continuamente la capacidad de asombro, observar la profundidad de conexiones de la delincuencia organizada con el poder político y las fuerzas de seguridad. Comisarios haciéndose que buscaban a los prófugos; otros, manteniendo contacto a su vez con sus protectores; desconfianzas entre las policías de las distintas instancias provinciales y nacionales, poniéndose unas a otras trabas y pistas falsas en la investigación. Fue inevitable recordar por esos días el libro “El Puñal”, de Jorge Fernández Díaz, publicado en el 2014, que recrea muy puntillosamente la trastienda del poder, la narco política, la participación directa de las distintas fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia en aquella, y el crimen organizado; donde cualquier similitud con la realidad – al menos, la reciente- no parece pura casualidad, más bien todo lo contrario. En una de sus atrapante partes menciona cómo y por qué la policía empezó a tener la necesidad de una caja propia obtenida de negocios ilegales- una caja chica, digamos-, para meros gastos de funcionamiento, impuesta desde el poder mismo; y cómo eso luego fue mutando hasta hacerla parte directa y protagonista de la trama delincuencial y del narcotráfico en especial. También es destacable el relato de la competencia salvaje, en la participación en ese mortal negocio, de las distintas fuerzas.
Una primera conclusión al respecto de todo lo ocurrido, es que existe en la Argentina un complejo sistema de negocios, complicidades e impunidad, motorizado por las policías que resulta, la mayoría de las veces, que esta herramienta de la represión – las policías- sea más un problema que una solución para la gobernabilidad y la persecución eficiente de la delincuencia. Es evidente que semejante expansión del narcotráfico se explica más por la complicidad de las autoridades de distintos niveles de gobierno con el mismo, que por la desidia o ineficacia policial. Es que el negocio de las drogas penetró las estructuras de las fuerzas de seguridad, y la política, convirtiéndolas en socias imprescindibles.
Lamentablemente la nueva gobernadora ante el inconmensurable reto que recibió de domar la gestión bonaerense ponderó que para lograrlo, iba a tener que priorizar unas cosas sobre otras. Quiso ocuparse primero de los recursos, para recuperar una administración quebrada, y pretendió negociar otras áreas con la administración saliente, como la de seguridad, secundarizándolas; pero el plan no le salió tan bien. No sólo porque recién hace pocos días logró aprobar un presupuesto para la provincia más candente del país, sino porque el pacto con las autoridades salientes(Ritondo sobre Granados pocos días sin asumir: “Granados hizo un gran trabajo, la policía bonaerense tendrá todo nuestro respaldo, es una policía criada en democracia” [1] le explotó en las como mantener el statu quo en esa cartera, y sosteniendo, por ejemplo, en el Servicio Penitenciario a César Albarracín, que proviene del riñón de Ricardo Casal. Pero ese pacto tampoco parece haberse cumplido.
Todo esto deja en evidencia la necesidad imperiosa que existe de una reestructuración profunda del sistema de seguridad nacional y provincial, no sólo para que se garanticen los derechos vigentes para toda la ciudadanía, para la persecución del delito en serio, sino para la gobernabilidad misma. Que una vez atrapados los sospechosos se sigan cometiendo errores garrafales como mostrar un video casero de una supuesta captura anterior de los tres prófugos, el día que sólo pudieron recapturar a uno, echando un manto de sospecha sobre las policías provinciales y de Gendarmería, sigue hablando que el poder político de turno aun no tiene un control sobre estas, sospecha de ellas, y no puede garantizar el servicio público de seguridad que tanto en campaña abusó en anunciar. Tener un control civil y político es imprescindible y necesario, sea el color del gobierno que sea. La delegación de la responsabilidad de la seguridad ha permitido en nuestro país la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado grandes redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad misma. No nos olvidamos de aquel diciembre 2013 que sacudió al país entero con los reclamos policiales violentos y caóticos.
Es hora de impostergablemente avanzar hacia una reestructuración eficiente y contundente de todo el sistema de seguridad ciudadana nacional, y provincial también. La purga impulsada por Vidal en territorio bonaerense es apenas la punta del iceberg que se necesita hacer; claramente eso no alcanza. Y sobre todo hay que releer y llevar a la práctica varios puntos de aquel Acuerdo por la seguridad Democrática, elaborado en diciembre del 2009. Donde referentes políticos de las diversas fuerzas con representación institucional pusieron un piso, alto e interesante, desde donde se debía pensar esta delicada materia.
Uno de ellos, inteligentemente remarcaba “Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad. La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas. Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.”[2]
O sea, la mano dura, -que se descarga mayoritariamente sobre los jóvenes pobres-agrava más el problema que lo que lo soluciona, porque terminan siendo un paquete de políticas demagógicas e improvisadas, para a generar expectativas en la sociedad sobre medidas que terminan siendo abusivas e ineficaces, pues aumentan aun más la violencia que vivimos, con alto costos, en la sociedad. Lo que se debe hacer es tomar firmemente la decisión política de perseguir y sancionar contundentemente los organizadores y beneficiarios económicos de los delitos complejos, para que flagelos como el narcotráfico, la trata, o la corrupción, no avancen más en nuestro país, con todos los costos que eso implica.
En este sentido, sería importante que se piense la integración de las tareas policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la construcción de canales para la participación de la comunidad y de los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil, y control externo del desempeño y de la legalidad del accionar policial; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado, basado en valores democráticos; el régimen profesional sobre un escalafón único y el desarrollo de las especialidades policiales; entre otras cuestiones.
En este traspaso de parte de la PFA a la CABA sería interesante que el nuevo gobierno evalúa hacer del resto de la Federal una agencia como el FBI de los EEUU. Un órgano de producción de inteligencia criminal para todo el país y de coordinación con las policías provinciales y/o municipales en la resolución de delitos federal y defensa nacional (no militar). También sería importante que se tengan en cuenta los aportes de la guía modelo de Naciones Unidas para la instauración de un sistema de seguridad pública y democrática, ajironados a la realidad de nuestro país federal y republicano.
Hay otras herramientas peligrosas que perduran más para la persecución ciudadanía sin conexión con el delito complejo, que para el desbaratamiento de aquel. Hablo de la norma conocida como Ley Antiterrorista. Esta modificó el Código Penal, y por su descuidada amplitud e imprecisión, abre las puertas a una total violación de garantías constitucionales, ya que esta ley busca incorporar al Código penas duras para cualquier delito cometido con “la finalidad de generar terror en la población”, lo que expresa un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello estatal, a casi cualquier conducta personal. Párrafo aparte merece la excepción que la misma ley contempla de exceptuar a aquellas personas que están manifestándose en pos del ejercicio de un derecho social o un derecho humano. Pero es desde ya superflua dicha excepción porque el ejercicio del reclamo de un derecho social, o de un derecho humano en forma generalizada, nunca puede constituir un delito. Pero además es inoperante dicha excepción porque una persona puede ser encarcelada por dicha ley antiterrorista, y mucho después ser liberada al ser probada su inocencia. Por lo que pareciera que la inocencia es inútil, porque este tipo de legislación invierte la carga probatoria, que es uno de los pilares de nuestra legislación penal.
Como se preveía durante el debate parlamentario anterior a la sanción de la misma, finalmente el estreno de la repudiada ley antiterrorista llegó, y fue contra asambleístas de Catamarca a fines de Enero de 2012, que mantenían un corte selectivo en una ruta nacional en protesta contra la megaminería contaminante a cielo abierto. Si bien el fiscal provincial subrogante provincial de Catamarca, Julio Landivar, liberó por esos días a los 9 ambientalistas detenidos, antes los imputó por “actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública”. Selene Herrera, una de las abogadas de los asambleístas, informó que los manifestantes se encuentran efectivamente imputados.
[1] https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ritondo+en+animales+sueltos+
[2] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137771-2009-12-29.html
Cintia Mónaco
Lic en Ciencias Polítcas. Asesora de la HCDN
Publicada en: http://lapiedraenelzapato.com/2016/01/20/hay-que-modificar-las-estructuras-de-las-fuerzas-de-seguridad-ahora-es-cuando/
