Porque supone un riesgo innecesario para la salud de las personas, sobre todo la integridad física de los niños y de los adultos mayores, al mismo tiempo que representa un grave perjuicio para la fauna urbana y silvestre y genera una contaminación ambiental y sonora de gran magnitud.

La intervención del estado, ya sea regulando su uso, ya sea prohibiéndolo por completo, garantiza que se reduzcan al mínimo las posibilidades de accidentes