Hay concejales que quieren acompañar el proyecto de Libres del Sur. Otros lo rechazan. En el país se provocan más de 400.000 abortos por año. El mayor número de muertes es en el conurbano bonaerense. Las cuestiones políticas, médicas y religiosas se mezclan en un tema que ya supera la hipocresía y el miedo social.
Por Ricardo Carossino
El tema del aborto no es uno de esos temas fáciles de tratar, sobre todo por las implicancias que conlleva desde lo cultural, lo social, lo religioso y hasta lo económico, por lo tanto, si una sociedad se divide, aun con fanatismos muchas veces, el Concejo Deliberante de Lanús no podía estar exento de una problemática que obliga a todos a mirar la realidad de que los hospitales bonaerenses tratan, por día, cerca de cien casos de aborto.
Según la información recogida por Diario del Sur del GBA, en el HCD, las aguas están totalmente divididas por este tema y hasta desde el oficialismo “la cosa se maneja con mucha precaución”, advirtieron fuentes del Ejecutivo.
Según otras tres fuentes consultadas por este medio, ya del bloque del Frente para la Victoria, en el mismo cuerpo de ediles del intendente Darío Díaz Pérez, no todos estarían de acuerdo en acompañar el proyecto de declaración para que se trate el tema en el Congreso Nacional.
Pero no todo tiene que ver con la libertad de conciencia, sino con el mismo bloque de Libres del Sur, porque algunos oficialistas del Ejecutivo estarían “muy molestos” de que las concejalas Paola Rezano y Stella Maris García no acompañen “nada” de lo que pide el oficialismo en el HCD.
Esta voz de reclamo se oyó en medio del debate por el proyecto que tantas sensibilidades sociales toca, como el aborto en todos sus órdenes, desde la cuestión de la libertad de elección, pasando por las violaciones, y hasta los casos de las mujeres con déficit intelectual, ya fuera leve, moderado y grave.
Las graves estadísticas sanitarias
Hoy, debido a la penalización del aborto y a su consiguiente clandestinidad, las estadísticas de muertes por esta causa las engrosan las mujeres más humildes, las que pertenecen a los sectores sociales más postergados y que no pueden pagar para acceder a una atención médica privada en condiciones más seguras.
La desigualdad según la vulnerabilidad social se expresa en algunos datos oficiales: mientras que la tasa promedio de mortalidad en la Argentina es de 4,0 por cada 10.000 nacidos vivos, en provincias como Formosa o Jujuy la tasa de mortalidad materna trepa a 11,5 y 10,0, respectivamente, en tanto que en la ciudad de Buenos Aires es tres veces menor al promedio.
Según la Organización Mundial de la Salud, en los países donde menos restricciones hay al acceso al aborto seguro, las muertes y la enfermedad se reducen drásticamente.
En tanto, las estadísticas de los hospitales municipales y provinciales estiman que más de 6 de cada 10 de esos abortos son inducidos, es decir, autoprovocados o realizados por un tercero en forma clandestina. Los demás son espontáneos o producto de alguna patología. Según las últimas cifras disponibles del Ministerio de Salud provincial, los hospitales públicos registraron más de 40.000 abortos.
El dato no incluye a los casos atendidos en sanatorios e instituciones privadas, donde se produce un 30 por ciento de los nacimientos de la provincia y donde se atienden millones de mujeres con obra social o prepaga. Pero hay algo todavía más grave, que probablemente abulte aún más este número ya alarmante: los especialistas consideran que por cada aborto clandestino que llega al hospital, hay varios que no lo hacen, y enriquecen una estadística oculta.
Las estadísticas arrojan que más del 40 por ciento de los casos corresponde a adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Y que más del 70 por ciento son mujeres del Conurbano bonaerense, sobre todo en Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz y Moreno.
El aborto es la principal causa de muerte materna en el país. En la provincia, en un tercio de los casos hubo detrás un aborto inducido: más de 20 mujeres fallecieron por esa causa. La mayoría, con más de 30 años y varios hijos.
El proyecto de Libres de Sur
Este medio consultó a la concejal Paola Rezano, quien dio detalles de la reunión para tratar el tema en Comisión. En este sentido, Rezano confirmó que el último lunes se realizó la reunión de Comisión de Salud ampliada, en donde se debatió el Proyecto de Declaración presentado por el Inter Bloque SI Libres del Sur, con el expediente Nº I743/2010.
Rezano explicó que el expediente plantea declarar de interés deliberativo la solicitud de “distintos sectores sociales, culturales, educativos, políticos, de derechos humanos y estudiantiles de Lanús a favor de la pronta sanción del proyecto de Ley 0998-D-2010 “Interrupción Voluntaria Del Embarazo; Derogación Articulo 85 Inc 2, y Artículos 86 y 88 Del Código Penal” que se encuentra en debate en las comisiones de trabajo del Congreso Nacional y que fue firmado por más de 40 diputados y diputadas de diferentes bloques políticos”.
Según la edil de Libres del Sur, que ya había adelantado el debate del tema en la última marcha contra la violencia de género, “este proyecto fue presentado hace varios meses en el HCD local, y en una de las últimas sesiones ordinarias se acordó con el resto de los bloques políticos la realización de esta Comisión de Salud ampliada, para la cual se invitó a todos los presidentes de bloques y a las organizaciones iniciadoras del expediente”.
La información oficial detalla que la Comisión funcionó con la presencia del presidente de la Comisión Héctor Vélez (FPV), las concejales Rezano y García, las ediles Mary La Rosa (GEN), Alicia Iglesias (PJ) y Graciela Lizarraga (FPV) y el concejal Martín Sosa (Unión Celeste y Blanca).
Rezano dijo que “los concejales y las concejales presentes asumieron el compromiso de llevar el debate al interior de sus bloques y solicitar que en la sesión extraordinaria programada para el 15 de diciembre sea tratado sobre tablas el proyecto”, pero subrayó que “lamentablemente hubo bloques que no concurrieron al debate, como el Acuerdo Cívico y Unión Pro, pese a haber sido citados varias veces en los últimos 15 días”.
La delegación de las organizaciones estuvo conformada por Malena Haboba (Las Juanas Lanús), Ana María Smack y Marina Bailo (Espacio de Mujeres del FPDS), Viviana Losada (Grupo Gesta Lanús), Sabrina García Demestre y Susana Ríos (Casa del Trabajador Agustín Tosco), Araceli Clemente (SUTEBA-CTA Lanús), Gonzalo Ledesma (Movimiento Universitario Sur-UNLA).
Desde Libres resaltaron que, durante la reunión, las organizaciones iniciadoras del expediente argumentaron la necesidad de que este proyecto sea rápidamente tratado y aprobado por el Concejo Deliberante local, remarcando la necesidad de profundizar el debate teniendo en cuenta que las mujeres que mueren por abortos clandestinos son las mujeres pobres, entre ellas las de Lanús.
Como se dijo, se calcula que se practican por año cerca de 700 mil abortos clandestinos, de los cuales unos 60.000 terminan en internaciones y en lo que va del 2010 hubo 125 muertes de niñas y mujeres que tenían entre 10 y 24 años. La mayoría muere en su casa luego de haberse practicado un aborto inseguro, por no ir a atenderse al hospital por temor a la penalización. Una de las chiquitas fallecidas era de Monte Chingolo.
El rol del Estado bonaerense
En enero de 2007, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el Programa Provincial de Salud para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas, que tiene un protocolo de atención de aborto no punible, de víctimas de violencia, de violación y de abuso y maltrato de niños y niñas.
Magdalena Grau es trabajadora social y coordinadora del Programa Provincial de Salud para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ella es la que verifica que se cumpla con el derecho al aborto no punible (además de intervenir también en la violencia sexual, los abusos a niños y niñas y de generar un nuevo programa para las mujeres víctimas de redes de trata amenazadas con su propia muerte para seguir viviendo) y que la suerte de las mujeres argentinas cambie según cómo caiga la ruleta de las desigualdades del mapa nacional.
Grau explicó que este programa tiene un protocolo de atención de aborto no punible para que “los hospitales provinciales, con servicio de tocoginecología, estén preparados con una capacitación que hacemos con un equipo técnico para poder realizar los abortos no punibles, a pesar de ser un tema embromado políticamente”.
Según la coordinadora, el protocolo (bonaerense) considera que la salud es física, psíquica y social, por lo tanto “los hospitales no deben decirle a una chica que vaya a la Justicia si pide realizarse un aborto no punible, porque existe el artículo 86 del Código Penal”. Pero sí el hospital puede ver si está de acuerdo con ese artículo y, en ese caso, realizar la práctica.
Hoy el Concejo Deliberante de Lanús se apresta a debatir el tema. Varios ediles están dispuestos a acompañar, otros no, pero también muchos dieron su consentimiento a debatir el tema, a llevarlo a tablas, a que cada uno se pronuncie y que se blanquee la posición de cada concejal. Sin lugar a dudas, se puede estar de acuerdo o no con la despenalización del aborto, lo que no se puede es esconder la realidad que tapa ya las hipocresías, más que la fe.
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