Un mes después. Algo pasó
Cientos de miles de personas nos movilizamos el pasado 3 de junio para gritar bien fuerte Ni Una Menos. Todas las plazas del país se vieron colmadas de carteles y volantes de producción artesanal, en algunos de ellos podía leerse: “Disculpe las molestias, nos están matando”; “ni princesas sumisas ni machos violentos” ; “me visto como quiero y vos no me tocas”; “la naturaleza es sabia, el macho no pega”; “quiero caminar por la calle sin miedo”.
Para muchas de las organizaciones que nos hicimos presentes allí, el NI UNA MENOS constituye y sintetiza una multiplicidad de demandas dirigidas, principalmente, al Estado Nacional. Como bien lo resumió el documento leído en la Plaza de los Dos Congresos, el Estado tiene la responsabilidad principal de garantizarnos el reconocimiento y cumplimiento de nuestros derechos humanos a nosotras, las mujeres. Así lo dicen las leyes vigentes y los tratados internaciones de DDHH incorporados a la legislación Argentina con rango constitucional.
El Poder Ejecutivo Nacional a través del Consejo Nacional de las Mujeres debe llevar adelante la implementación de la ley 26.485, sancionada en el año 2009, y poner en marcha el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que esa ley le encomienda. También debe rendir cuentas de lo hecho hasta el momento en materia de derechos humanos de las mujeres, desde la óptica fundamental de que los derechos humanos no solamente deben ser reconocidos por la legislación, sino que su goce y pleno ejercicio debe materializarse con políticas públicas activas.
De igual manera, el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el acceso rápido y efectivo a la justicia a las miles de mujeres que, atravesando una situación de violencia, deciden dar el paso decisivo hacia la intervención judicial, el mismo debe ser gratuito y especializado. Del mismo modo, los órganos de administración de justicia y sus operadores deben incorporar sin excusas la perspectiva de género en sus decisiones y en cada etapa del proceso, para no seguir revictimizando a las mujeres ni demorar las medidas de protección necesarias; muchas mujeres se juegan la vida en ello.
Por su parte, el Poder Legislativo debe incorporar a su agenda demandas históricas y urgentes como la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Hay que terminar de esta forma con la clandestinidad del aborto voluntario, práctica que representa la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país desde hace décadas. Como también debe impulsar fuertemente el debate para alcanzar la justa paridad en la representación legislativa y en todos los lugares de decisión. Las mujeres somos más del 50% de la sociedad, no es posible concebir una democracia sin participación igualitaria.
Otro tanto de responsabilidad le cabe a los medios de comunicación, éstos juegan un rol sumamente importante a la hora de perpetuar la desigualdad entre los géneros, basta recordar la cobertura de los casos de Angeles Rawson y de Melina Romero para ver la terrible utilización que algunos medios hacen de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
La violencia contra las mujeres es la resultante de las desiguales relaciones de poder existente entre los géneros. La falta de reconocimiento al aporte que hacemos las mujeres al desarrollo de nuestro país es una constante. El trabajo del cuidado desarrollado en el hogar, llevado adelante principalmente por mujeres, no es valorado como tal ni remunerado. Aquí se encuentra uno de los principales temas a resolver para avanzar con el Ni Una Menos.
Una sociedad más justa e igualitaria, es una sociedad donde hombres y mujeres podamos desnaturalizar y deconstruir los ejercicios cotidianos de poder de unos sobre otras, donde las mujeres podamos fortalecernos y avanzar en la construcción de nuestra autonomía política – subjetiva, para esto necesitamos que el Estado se haga presente, teniendo en claro que no basta con promesas.
Algo pasó
Luego de la gran movilización hubo anuncios en distintos niveles de los poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia confeccionará un registro de femicidios, por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió en el mismo sentido a avanzar en relevar estos casos en todo el país; el Ministerio Público Fiscal de la Nación crea en la Ciudad de Buenos aires la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres – UFEM. En la misma línea hubo anuncios en algunas provincias de nuestro país. Sin embargo, observamos con preocupación la falta de centralidad de los anuncios y el silencio del Consejo Nacional de las Mujeres, desde donde solo se realizó un llamado a ocupar puestos de trabajo para la atención de la Línea 144 debido a la gran demanda que comenzó a haber en el marco de la movilización del 3 de junio.
El cimbronazo #NiUnaMenos también se sintió en las elecciones. Entre las PASO provinciales y las elecciones definitivas el #NiUnaMenos contribuyó a que Del Sel, denunciado en las redes sociales como misógino y machista, no fuera electo gobernador de la provincia de Santa Fe y en adelante los partidos políticos y sus candidatxs deberán asumir una posición clara frente a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, en un año electoral.
Tuvimos que gritar hasta aturdir para despertar a muchxs que justificaban la inacción del Estado. Todavía hay mucho por hacer y sabemos que no basta con anuncios ni promesas, pero ya no somos unas pocas exigiendo por los derechos de todas, somos cientos de miles de personas que estamos atentas y dispuestas a gritar una y otra vez #NiUnaMenos todos los días.
Raquel Vivanco
Coordinadora Nacional de MuMaLá
Mujeres de la Matria Latinoamericana
