Vivanco: Invertir en educación sexual es una obligación del Estado
Ante los recientes despidos y posteriores reincorporaciones, por el plazo de tan sólo 2 meses, de 5 de los/as 15 empleados/as del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y la denuncia del freno de la transferencia de fondos a las provincias, como así también del cese de la capacitación a docentes de todo el país, entre otras deficiencias planteadas por los/as propios/as capacitadores/as del Programa, desde el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá manifestamos nuestra preocupación al encontrarnos ante un escenario de posible desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo del Ministro Esteban Bullrich.
La ley 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada en octubre del 2006, y establece entre otros aspectos que: “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.
A pesar de haber avanzado en distintos aspectos desde la sanción de la ley, como por ejemplo la capacitación a docentes en las distintas provincias del país, y de contar con más y mejores herramientas, nos encontramos lejos de que se hayan concretado los objetivos propuestos por la misma, los cuales se encuentran definidos en su Art. 3: “Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones“.
Podemos afirmar que a 10 años de la sanción de dicha ley, el Estado Nacional y los Estados provinciales no han garantizado su efectivo cumplimiento, por el contrario, estamos lejos de que nuestros/as niños/as y jóvenes accedan a conocer sus derechos sexuales y reproductivos para luego poder ejercitarlos, con el impacto negativo que esto tiene particularmente en la salud y la vida de las niñas y las jóvenes. Muestra de ello es el incremento en los embarazos adolescentes registrados en los últimos años de la gestión del gobierno anterior.
Durante el 2015, según datos oficiales proporcionados por el propio Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina cada 5 minutos una mujer menor a 20 años fue madre, son 117.386 nacimientos por año, lo que equivale al 15% de total de los nacimientos que se producen en nuestro país en ese periodo de tiempo. Las principales causas de los mismos están ligados a la pobreza y a la falta de acceso a información y a métodos anticonceptivos.
Como si esto fuera poco, cada día, 9 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en nuestro país. Todos estos embarazos son productos de violaciones. Sin embargo, el Estado niega sistemáticamente el acceso a los Abortos No Punibles, derecho vigente desde 1921 en nuestro Código Penal, sometiendo a las niñas a llevar a término embarazos que ponen en serio riesgo su vida; el 80% de estos abusos son intrafamiliares.
Estos datos dejan al descubierto los terribles abusos y violencias que se cometen contra las niñas en pleno siglo XXI. Sin dudas el acceso a la información, y por ende a la prevención y detección temprana de estas situaciones, contribuiría a evitar muchos de estos abusos y violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes en la Argentina.
Esta terrible realidad nos habla de la necesidad y urgencia que tenemos de que el Estado nacional y los provinciales garanticen las condiciones para una verdadera igualdad de derechos y oportunidades para todxs, a partir de la aplicación de las leyes vigentes. Siendo la ley de Educación Sexual Integral determinante en la construcción de relaciones igualitarias entre los géneros desde los primeros años.
Por esto exigimos el cese de despidos y la ampliación de la planta de empleados/as del Programa de ESI, como así también la aplicación en todo el territorio nacional de la ley 26.150, y los recursos necesarios para llevar adelante la ejecución de políticas públicas previstas por la misma en todo el país.
Invertir en Educación Sexual Integral es una obligación del Estado.
Raquel Vivanco
Coordinadora Nacional MuMaLá
