La violencia contra las mujeres es un atentado a los derechos humanos

Por Laura González Velasco

Ante la ausencia de registros oficiales respecto de las mujeres víctimas de violencia por su condición de género en nuestro país, se han realizado estadísticas a través de mecanismos como los observatorios de medios, que recuperan información de las páginas de los diarios nacionales y locales respecto del asesinato de mujeres. El informe realizado por la ONG La Casa del Encuentro registra, sólo en el año 2011, 282 femicidios de mujeres y niñas y 29 casos vinculados (muertos por interponerse a la agresión o como forma de “castigo” a una mujer); la Ciudad de Buenos Aires ocupa el sexto lugar en el triste ranking nacional.

El caso de Wanda Taddei es uno de los ejemplos emblemáticos de la violencia hacia las mujeres en la Ciudad. En los últimos dos años se registraron en todo el país cincuenta y tres asesinatos de mujeres por incineración, cifra mucho mayor a las registradas con anterioridad a este caso y su repercusión, que incluye no sólo el hecho del asesinato mismo sino la inacción judicial que dejó en libertad durante dos años al victimario y luego lo condenó atenuando la pena por “emoción violenta”.

Testimonios de profesionales de la salud que atienden hace años a mujeres que llegan golpeadas o quemadas a hospitales y salitas de salud manifiestan, sin embargo, que el fenómeno hoy es más visible y cuesta esconderlo bajo el rótulo de accidente doméstico.

La violencia contra las mujeres ha pasado de la sección policial a ser atendida como una problemática social mucho más general; los medios de comunicación masiva ya no hablan livianamente de “crímenes pasionales”, sino que han incorporado el concepto de violencia de género y femicidio. Sin embargo, falta mucho para construir una comunicación no sexista que deje de reproducir estereotipos culturales, que sostienen a las mujeres en un lugar de subordinación, haciéndolas víctimas de la violencia machista. Y, sobre todo, es necesario abordar el tema como un problema político a revertir con la acción pública de los poderes del Estado.

La Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, vigente desde el año 2009, no ha sido acompañada por el presupuesto indispensable en los ámbitos de aplicación, como el Consejo Nacional de la Mujer y los organismos equivalentes en las distintas jurisdicciones provinciales y municipales, para llevar adelante políticas públicas activas que garanticen a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia, atención psicológica, sanitaria, social y legal, trabajo digno y vacantes en educación inicial para sus hijos/as que resuelvan su autonomía económica, refugio transitorio o garantía de exclusión del hogar del victimario.

Del mismo modo, es indispensable desplegar políticas públicas preventivas, como las leyes de educación sexual integral, que inicien en la niñez y la adolescencia la formación en relaciones de pareja igualitarias y libres de violencia.

Ante la sucesión de hechos de violencia repetida y extrema que se lleva cada 30 horas la vida de una mujer, es urgente declarar Emergencia Nacional por la Violencia contra las Mujeres, de modo tal que se resuelva de inmediato un presupuesto extraordinario destinado a atender con prioridad, planificación y fondos públicos esta grave violación a los derechos humanos de las mujeres.