"Creemos que es necesario avanzar contra todos los monopolios y por la pluralidad de voces, pero para eso se debe dar un debate franco que incorpore a todos los sectores. Y no debe ser en medio de una maratón de leyes extraordinarias donde no importa lo que diga la oposición". 

Santiago Martínez (@clorfus) es Secretario de Prensa del Movimiento Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista

El dictamen aprobado sobre Papel Prensa que se convirtió en ley, dista mucho del que presentáramos en su momento desde el bloque Libres del Sur. Creemos que el gobierno nacional, al igual que con otros temas, se queda en los grandes títulos y profundiza poco la cuestión de fondo. Su proyecto, lejos de apoyarse en la defensa de la competencia, intenta condicionar y sancionar la única empresa que produce papel para diarios, controlar la importación y, de esta manera, sustituir un monopolio por otro. Es por eso que no avanza con las cláusulas anti-monopólicas, ni con las incompatibilidades vinculadas a la propiedad cruzada. Se diluye el control parlamentario que tenía el proyecto de Cecilia Merchán. Se  presenta un consejo asesor que no tiene otro objetivo que darle una supuesta credencial de participación a algunos sectores de modo decorativo. Tal como lo fijó la reciente resolución 12/2012 y lo presuponíamos, las decisiones se concentraron en el Ministerio de Economía, más precisamente en Guillermo Moreno, quien lejos está de ir en contra de la concentración y la extranjerización de la economía de nuestro país.

En ese sentido, es válido recordar las palabras de la diputada nacional Margarita Stolbizer en el debate del proyecto del oficialismo sobre la regulación del papel para diarios: “Entendemos que el eje de la discusión de un proyecto de estas características no debería apuntar a otra cosa que a garantizar el libre acceso al papel para los diarios en condiciones de igualdad para todos. En definitiva, de lo que se trata es de la democratización de la palabra y del acceso a la información, como se ha planteado. (…) Tampoco avanza la discusión de la democratización de la palabra en una decisión de restringir el capital concentrado. En realidad, poco importa quiénes sean los que lo manejen y tampoco tiene importancia que aquellos a donde pueda ir sean igualmente concentrados que los que lo tienen. No existe esa discusión en este proyecto que promueve el Poder Ejecutivo. (…) El mismo gobierno que fortaleció al grupo con el que hoy pretende confrontar fue quien lo promocionó a ese espacio de posición dominante. Es más, habiendo tenido todas las herramientas para impedirlo o controlarlo, nunca lo hizo. Por el contrario, permitió la prórroga de las licencias y la fusión de las empresas de cable. La verdad es que desde 2003 hasta 2008 nada dijo este gobierno sobre la posición dominante del grupo, porque negociaba con él. Pero en los últimos tiempos, tanto el gobierno como el grupo económico, cambiaron su discurso y pasaron del acompañamiento con negociaciones a la pelea frontal.”[i]

Habría que preguntarse por qué un gobierno que dice ir contra los monopolios no constituye el Tribunal de Defensa de la Competencia, después de ocho años de mandato, es decir, de dos períodos de gobierno. Si se menciona la concentración y extranjerización de la economía, es interesante citar a Pablo Manzanelli y Martín Schorr cuando describen a la posconvertibilidad: “se trata de un intenso proceso de concentración y centralización del capital con eje en una fuerte desnacionalización de la economía local, con efectos sumamente perniciosos. Y, por ende, no debería resultar ajeno a los sectores académicos, ´hacedores de política`, formadores de opinión, etcétera, genuinamente consustanciados con el desarrollo socioeconómico de la Argentina. Más aún cuando es mucho lo que se puede hacer en la coyuntura actual para romper con diversas herencias del neoliberalismo en lo que hace al tratamiento de las problemáticas de la concentración y la extranjerización. Por ejemplo, reemplazar la ley de inversiones extranjeras sancionada durante la última dictadura militar y denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión aprobados profusamente durante el menemismo; establecer limitaciones al giro de utilidades a través de la imposición de niveles de ganancias que deben reinvertirse en el país; implementar un régimen efectivo de ´compre nacional´ que condicione a las grandes empresas que reciben algún tipo de subvención estatal a demandarle sus insumos y bienes de capital a los proveedores locales; aplicar adecuada e integralmente la legislación vigente en materia de defensa de la competencia, y controlar rigurosamente las fusiones y adquisiciones, que son la principal modalidad de la extranjerización actual.”[ii]

 El Estado debe regular, pero hacer foco en garantizar el acceso al insumo mencionado para todas las publicaciones de nuestra Nación, con un precio igualitario. Poner énfasis en la pluralidad de la palabra. Y no en recrear una batalla contra un grupo empresario determinado. Hoy la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una muestra de cómo entiende el gobierno la pluralidad de voces: confundiendo medios estatales con medios gubernamentales o partidarios, poniendo requisitos difíciles de alcanzar para los prestadores sin fines de lucro, esquivando la discusión por la democratización de la pauta publicitaria oficial.

La pluralidad de voces no parece ser una constante en provincias gobernadas por el PJ-FPV o sus aliados como Formosa, San Juan, Santiago del Estero, o la misma provincia de Buenos Aires, donde es una odisea publicar algo en contra de los oficialismos locales. El reciente ejemplo de la agencia nacional de noticias Télam, que pretendió disfrazar el asesinato del campesino Cristian Ferreyra del MOCASE como una pelea entre vecinos, nos retrotrae a la tapa de Clarín “La crisis causo 2 nuevas muertes” que ocultó el asesinato por la policía de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la represión del 26 de junio de 2002 en el puente Pueyrredón. Télam sigue dando muestras de no querer reproducir todas las voces cuando intencionalmente oculta las protestas que se desarrollan en Famatina, provincia de La Rioja, contra la minería contaminante.

Creemos que es necesario avanzar contra todos los monopolios y por la pluralidad de voces, pero para eso se debe dar un debate franco que incorpore a todos los sectores. Y no debe ser en medio de una maratón de leyes extraordinarias donde no importa lo que diga la oposición. Esta ley se aprobó con una flamante gran mayoría oficialista que sólo se limitó a firmar dictámenes o levantar brazos y se negó a cualquier tipo de debate con el apuro de hacer prevalecer un 54% como quien busca preservar la espuma de una gran oleada. Las intenciones porque prevalezca la pluralidad de voces no parecen venir por el lado del PJ.

Publicado en PNCé Revista Digital Políticas de Comunicación