Piden informes por muerte de dos jóvenes

Iniciativa de Movimiento Proyecto Sur

Piden informes a Gobierno por las muertes en la Séptima

 

La Cámara de Diputados aprobó anoche un extenso pedido de informes propuesto por el Bloque Movimiento Proyecto Sur, que solicita al Ministerio de Gobierno que de explicaciones sobre los hechos sucedidos el pasado domingo 10 de octubre en la Comisaría 7° de la ciudad de Resistencia, que desencadenaron en el fallecimiento de Oscar Martínez de 25 años de edad y Daniel Fernández de 22, quienes se encontraban bajo custodia policial en esa dependencia.

Los 26 puntos del pedido apuntan a escalerecer cuestiones tales como la cantidad, identidad e idoneidad de los responsables de la dependencia policial en que sucedieron los hechos, las condiciones materiales del lugar –capacidad, ventilación, medidas de seguridad-, quiénes se encontraban detenidos al momento del hecho y por qué motivos, cuáles son los criterios y protocolos determinados por las autoridades policiales y la cartera de Gobierno para el funcionamiento de la Comisaría y qué medidas de prevención se tomaron.

Los hechos

Según las distintas voces recogidas en los últimos días, los gravísimos sucesos ocurridos en la Comisaría Séptima habrían comenzado con una protesta de los detenidos, la versión de la policía indica que los presos habrían intentado ingresar marihuana a las celdas, mientras que los familiares de las víctimas y otros testigos aseguran que la protesta tenía que ver con las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encontraban, sumadas a denuncias de apremios ilegales. En ese sentido, los legisladores solicitarán al Ministerio de Gobierno que informe sobre la protesta, los motivos y las medidas tomadas para resolver el conflicto.

“Queremos saber que tipo de preparación reciben los efectivos policiales que se desempeñan en los lugares de detención y que protocolos de actuación siguen” explicó el diputado Carlos Martínez, “no se trata solamente de asignar responsabilidades para este caso sino de encontrar cuáles son las falencias en materia de políticas de seguridad que permiten que ocurran hechos de esta magnitud”. En cuanto a las denuncias sobre apremios, el pedido de informe solicita también antecedentes sumariales de los efectivos presentes en la Comisaría al momento del hecho, así como de todos los que cumplen funciones en ese lugar.

El legislador del Movimiento Proyecto Sur recordó que “estamos hablando de la pérdida de dos vidas humanas, además de los que aún permanecen internados, de familias destrozadas por la ausencia de dos jóvenes que más allá de las circunstancias que vivían, merecían un tato acorde a las leyes y tenían derechos como los tenemos todos” y agregó, “necesitamos saber si se tomaron las medidas correspondientes, si en el establecimiento se cumplían las normas vigentes y qué es necesario cambiar para que esto no vuelva a suceder”.

El caso Greco

Lamentablemente nuestra provincia cuenta con un antecedente trístemente célebre para este suceso. El 25 de junio de 1990 Juan Ángel Greco, un artesano que tenía entonces 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión, mientras Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, se produjo un incendio en su celda en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras y posteriormente, la muerte. “La Provincia no actuó en el Caso Greco, y terminó siendo además de una gran tragedia, una verguenza para el Estado” Recordó Martínez, “no queremos que se repita la historia, los Poderes tenemos que asumir nuestras responsabilidades e investigar a fondo”.

La Policía de Puerto Vilelas fue imputada como responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital, Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990. El caso es un hito en la historia judicial del Chaco en el que la justicia provincial avaló la versión policial y no investigó las sospechas de que el muchacho fue quemado por los propios policías. La denuncia llego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Estados Americanos (O E A) que facilitó un acuerdo, la Provincia del Chaco aceptó pagar una indemnización a los familiares, reabrir una causa penal y crear una Fiscalia especial de Derechos Humanos.