Carta de Donda a Lanata sobre Maldonado y la desaparición forzada

Señor Jorge Lanata:

Pasaron 28 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Como otros millones de argentinos y argentinas, reclamé y reclamo que Santiago aparezca con vida. Lamentablemente, la respuesta más contundente que dan las autoridades del Estado (que son quienes tienen la responsabilidad de encontrarlo) es aportar confusión y desentenderse de lo ocurrido.

Para sembrar confusión, estas autoridades del Estado cuentan con la ayuda (directa o indirecta) de muchos que, como usted, tienen la responsabilidad de comunicar cómo debe actuar un gobierno respetuoso de las garantías y derechos de sus ciudadanos en situaciones como esta.

En mi carácter de presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, me siento obligada a responderle y, a través suyo, a quienes sostienen o reproducen sus dichos.

A diferencia de lo que usted plantea, la desaparición de Santiago Maldonado es una desaparición forzada. Si lo desea, me pongo a su disposición para debatirlo públicamente cuando quiera.

En ese sentido, me gustaría adelantar algunos aspectos:

-Usted sostiene que la configuración del delito de desaparición forzada de personas requiere de un plan previo y sistemático para llevarla a cabo. Esto es falso. Le recuerdo cómo define “desaparición forzada” el artículo 142 del Código Penal: “Privación de la libertad de una o más personas por funcionario público o una persona o grupo de personas que actúen con la autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, seguido de la falta de información o la negativa a reconocerla o de informar sobre el paradero de la persona”.

-Esta concepción de “desaparición forzada” que establece el Código Penal es consecuente con las plasmadas tanto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ambas aprobadas por las leyes 26.298 y 24.556 respectivamente y la última de jerarquía constitucional (ley 24.820).

-De una simple lectura de las leyes surge claramente que no es requisito para una desaparición forzada la existencia de un plan sistemático y/o deliberado para llevarla a cabo. Mucho menos una pluralidad de víctimas. Basta con que haya sido perpetrado por uno o más agentes del Estado o por una o más personas con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocerlo o a dar información sobre el paradero.

-De lo que dicen las leyes y los tratados internacionales se ve claramente que una desaparición forzada puede darse en el marco de un gobierno democrático, sin que exista un plan sistemático diseñado desde el poder. Si existiera un plan sistemático desde el Estado, la desaparición forzada de personas se convertiría en un delito de lesa humanidad.

-No se entiende entonces la interpretación errónea que se hace de la figura de desaparición forzada de personas, tanto desde las autoridades, como desde algunos comunicadores, incluido usted. Una interpretación que carece de sustento jurídico y sólo aporta confusión a un escenario judicial en el que se investiga, como hipótesis de máxima, la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y le aclaro que esta no es una hipótesis mía: se desprende además del comunicado que en los últimos días brindó la Fiscalía Federal de Esquel, provincia de Chubut.

-En este marco, la negativa desde el ministerio de Seguridad de considerar la desaparición forzada siquiera como una posibilidad (con el argumento erróneo de que es necesario un plan sistemático y/o deliberado por parte del Estado), funciona como un obstáculo para el desarrollo y el éxito de la investigación. Más aún: como la desaparición forzada es un delito permanente (es decir, que continúa mientras la persona que ha sido víctima sea hallada), la negativa de las autoridades podría incluso considerarse un requisito del tipo penal, generando responsabilidad en los funcionarios que la sostienen.

-En suma, resulta imprescindible actuar con responsabilidad desde todos y cada uno de los sectores de la sociedad, dejando de lado intereses políticos, partidarios, personales o de cualquier otra índole. Se trata, en definitiva, de hacer todo lo posible para que Santiago Maldonado aparezca con vida.