Exploración y explotación petrolera en el Chaco

El tema de la explotación de hidrocarburos en nuestra provincia es relativamente novedoso, y la falta de reglas claras al respecto puede generar situaciones que resulten sumamente perjudiciales para la economía y el medio ambiente .

Es por la importancia que reviste la participación popular plena y directa en el manejo de los recursos naturales que creemos que la Consulta Popular es el mejor camino a seguir en lo que respecta a los acuerdos de exploración conjunta, eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, que suscribieron el 30 de enero del 2009 el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.".

Los proyectos de explotación hidrocarburíferas en el Chaco forman parte de un escenario problemático: el de la provincialización de los hidrocarburos en la Argentina. Este proceso, debatido y cuestionado, parte de una paradoja: mientras la propiedad pública del subsuelo habilita la intervención del Estado para centralizar recursos y mercado; el liberalismo, apoyado en argumentos de supuesto federalismo, derivó de la discusión sobre la propiedad pública o privada del subsuelo otra dicotomía más funcional a sus objetivos, la del dominio nacional o provincial.

Provincializando el dominio de los recursos del subsuelo, se crea una barrera poderosa para neutralizar al enemigo número uno, el Estado Nacional, poniendo freno a una posible nacionalización de los recursos. Es por esto que desde nuestra visión, el pase a las provincias de la potestad sobre los subsuelos significa una privatización encubierta. En nuestro país se redujo al Estado Nacional sólo a la función de "diseñar las políticas energéticas a nivel federal", por lo que en nombre de este supuesto federalismo se termino sancionando una demanda histórica de las petroleras de nuestro país, otorgando la administración de hidrocarburos a provincias que no tienen medios para explotarlos, por lo que otorgan concesiones.

Es así que hoy, la política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy, provincias cuya población representa menos del 15% del país según el último Censo Nacional. Estas provincias cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con empresas de hidrocarburos propias, y se congregan en una Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Hoy por hoy, se encuentran en estadios avanzados de negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el decreto 546/2003, las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos bloques. Esos pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta el agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por cuánto tiempo.

Sin duda estas no son las únicas consecuencias de la provincialización, venimos perdiendo desde 1999 a razón de una nueva empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y energética en Sudamérica y remueve al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta.

Es por esto que sostenemos que en este contexto, los mecanismos de participación ciudadana y popular, representan una herramienta no solo válida sino indispensable y urgente para abordar un tema tan importante como el manejo de nuestros recursos. Y en este pedido de participación nos ampara la Constitución Provincial que contempla las formas de democracia semidirecta. Es importante destacar que tanto la Carta Magna como distintas instancias del Derecho nacional e internacional reconocen la importancia de la participación de los habitantes en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales y de recursos naturales. Basta con citar al respecto la  Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la misma indica que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda”, y también la Agenda 21 suscripta en la Cumbre de Río que señala que “uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión publica en la adopción de decisiones”.
 

Carlos Martínez
Diputado Provincial
Bloque Libres del Sur