por Cecilia Merchán*

Los asesinatos de mujeres por violencia machista aumentaron 12,5 por ciento en 2010 respecto de 2009, según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. En total, fueron asesinadas 260 mujeres, 24 en Córdoba. En el 87 por ciento de los casos, existía algún tipo de vínculo (esposo, pareja o novio, con relación vigente o pasada, o de otros familiares). Esas mujeres murieron baleadas, golpeadas, apuñaladas, degolladas, estranguladas, incineradas, descuartizadas, envenenadas, ahogadas, asfixiadas y hasta asesinadas con hacha y machete.

Las cifras y los relevamientos del informe se hicieron a partir de los casos que salen publicados en los medios. No existe una estadística oficial: muchas mujeres ingresan al hospital y en sus certificados de defunción se habla de “paro cardiorrespiratorio”. Creemos que las víctimas son más que 260, pero la complicidad machista las torna invisibles.

¿Qué hacer? Existe una clara responsabilidad del Estado, que debe intervenir a través de las áreas oficiales y en la coordinación interinstitucional contemplada en la ley 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), que sancionamos en 2009 y cuya reglamentación vio la luz recién el año pasado.

El problema es su aplicación: el organismo competente para diseñar esas políticas es el Consejo Nacional de la Mujer, que sólo tiene asignados ocho millones de pesos.

Esta situación es, como mínimo, escandalosa y revela la falta de voluntad política del Gobierno nacional para abordar con seriedad el tema. Si el discurso político no se materializa en hechos concretos, entonces es doble discurso: “progre” para afuera, conservador para adentro. Al final, termina primando este último y las mujeres siguen muriendo.

El rol de los medios.

Los medios de comunicación permiten hacer visible el tema y tener un registro que el Estado ignora. El problema es el enfoque, pues existen estudios que demuestran que muchas veces la exposición reiterada contribuye a generar un efecto dominó. Eso sucedió con las muertes por incineración, cuyo porcentaje creció desde el caso Wanda Taddei.

Hay otro tipo de violencia en los medios de comunicación. La mujer convertida en mercadería desechable que vemos en los programas del caño, los cuales hacen de la mujer un objeto. No me gusta, la tiro, la cambio. Y banalizarnos así es dejar de vernos como seres humanos con derechos. Banalizar lo cotidiano implica, de a poco, naturalizar el maltrato, verlo como algo normal. El Estado tiene competencia y autoridad, pero no interviene.

En el Congreso, presentamos un proyecto para sancionar una ley de femicidio, que permita incorporar esa figura al Código Penal de la Nación. Se agravan las penas de los hombres que maten a mujeres en una situación de violencia de género. Además, anula la posibilidad de reducción de pena cuando se demuestre que el hombre actuó en estado de emoción violenta. De hecho, la agrava. Por último, también incorporamos la cuestión de las lesiones: se contemplará siempre la pena máxima cuando se trate de violencia de género.

La violencia hacia las mujeres nos concierne a todos y a todas. Cito al Observatorio Zambrano: “No las dejemos solas. Ellas gritaron y no las escuchamos; ellas pidieron ayuda; a ellas las dejamos solas frente a su agresor. Hoy, muchos de esos agresores quedan en libertad; exigimos justicia para todas. Basta de asesinatos de mujeres por violencia sexista, basta de impunidad”.

*Diputada nacional (Córdoba- Libres del Sur).