En eso no se gasta

El desinterés por las políticas vinculadas a la educación sexual y a la procreación responsable es un punto en común entre las gestiones de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Ambos gobiernos evidencian un notable abandono en ese área: en 2009, la Ciudad ejecutó poco más de la mitad del dinero que tenía disponible para el plan de “Educación sexual integral” y en el mismo año, la Nación distribuyó menos del 30 por ciento de los condones y anticonceptivos que tenía disponibles para asistir a los ciudadanos de menores recursos.

La Ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2002, consagró en el país el estatus de los derechos reproductivos que, en palabras del Ministerio de Salud, se basan “en la autonomía de las personas para tomar decisiones acerca de su vida, su sexualidad, su cuerpo, su reproducción, su salud y su bienestar”. Entre las políticas que promueve la norma, figura el derecho de todos los hombres y mujeres de “tener a su alcance información completa y servicios que ofrezcan métodos seguros y eficaces para evitar el embarazo, incluida la anticoncepción de emergencia”. Atendiendo a esa exigencia es que el Congreso incorpora anualmente una partida de dinero destinada a la distribución gratuita de condones y anticonceptivos orales e inyectables. Pero el Ministerio de Salud no lo ejecuta plenamente.

Según difundió la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo distribuyó el año pasado sólo 5 de los 14,6 millones de los tratamientos que debían entregarse. Es decir que el 65 por ciento de las pastillas anticonceptivas que debía llegar a más de un millón y medio de mujeres, quedó retenido entre la burocracia. A eso se suma que apenas 5,4 millones de preservativos (23 por ciento) de los 24 millones de condones fueros entregados en los hospitales públicos y en centros de atención primaria de salud de todo el país.

El Gobierno nacional ofreció una explicación sobre esta situación. “La disminución que se observa en la ejecución física de los tratamientos (-65%) y de los preservativos (-77%) obedece a retrasos en los procesos de compra, como así también al rechazo de las entregas de uno de los proveedores. Estas causas también influyeron en el desempeño financiero del programa que ejecutó un 61,6% del crédito disponible. Con respecto al gasto ($23,9 millones) casi la totalidad se utilizó en la adquisición de bienes de consumo”, admitió el Ejecutivo en el documento.

Lo cierto es que este nivel de subejecución presupuestaria y atraso en el cumplimiento de los objetivos del programa no son una excepción de 2009. El año anterior también se habían distribuido menos tratamientos de los presupuestados: 4,3 millones de 14,6 millones, menos del 30 por ciento. Además, se habían ejecutado 14 millones de pesos de los 24 millones que fueron asignados por ley.

Los datos correspondientes a 2010 aún no están disponibles para ser consultados. Sí se sabe que la Ley de Presupuesto de este ejercicio contempló 3,3 millones de pesos menos que en 2009 para el plan.

No se trata de un problema de alcance contable o una mera discusión presupuestaria. La inversión de recursos en los programas de salud sexual y procreación responsable está orientada a reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, a disminuir la tasa de embarazos no deseados (especialmente entre los adolescentes) y, por lo tanto, la cantidad de fallecimientos de mujeres por abortos clandestinos. Ese dinero, salva vidas.

A una escala diferente, en la Ciudad de Buenos Aires ocurre algo similar. Según datos el Ministerio de Hacienda porteño, el año pasado se ejecutaron 360 mil pesos de los 651 mil que la Legislatura había aprobado para el programa de Educación Sexual Integral. Ese plan fue implementado por ley con la intención de incluir, desde el ciclo primario, contenidos vinculados con el ejercicio responsable de la sexualidad, los derechos y la salud reproductiva, la equidad de género, la prevención de la violencia de género, la prevención del VIH/SIDA, con base en un marco de derechos humanos.
Por otro lado, y según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública Financiera (ASAP), en el primer semestre de 2010 el Ministerio de Educación de la Ciudad invirtió apenas 1.586 pesos de los 2 millones que tenía disponibles para todo el año para Educación Sexual. Representa apenas 0,1 por ciento del total.

De nuevo: este no es un debate presupuestario, es una discusión educativa y sanitaria. El descuido estatal sobre la salud sexual y la procreación responsable tiene serias consecuencias sociales. Entre 2002 y 2007 subió la tasa de embarazo adolescente en la Argentina a pesar de la implementación del programa. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, 13,6 por ciento de los partos registrados en 2003 fueron de madres menores de 20 años. En 2007 la tasa de embarazo adolescente subió a 15,63 por ciento. No hay registro de datos más cercanos. El Gobierno nacional dejó de publicar las estadísticas sobre maternidad en menores de edad hace más de dos años.

Hace menos de un mes, la organización internacional sin fines de lucro Human Rights Watch publicó un duro informe titulado “¿Derecho o ficción?” en el que denunció que la Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva. “Los datos sobre efectividad e implementación de los programas [de protección de los derechos de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas] son recabados al azar, y son escasos o nulos los recursos que se destinan a procesar esta información. Quienes cumplen la ley e implementan los programas no siempre reciben apoyo, y quienes incumplen pocas veces reciben sanciones”, advirtió el informe.

No sólo la recolección y publicación de datos llamó la atención de Human Rights Watch. Lo que especialmente ocupó a la organización fueron los problemas de suministros de anticonceptivos y la “falta de apoyo político” del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El plan “ha sufrido problemas relacionados con la falta de apoyo político en diversos niveles, así como dificultades en la provisión continua de anticonceptivos a los centros de salud. Esto, a su vez, resulta especialmente problemático ya que la continuidad es una condición clave para el éxito de los programas de salud reproductiva: es más probable que las mujeres y niñas intenten recibir atención si confían en que los servicios y medicamentos serán proporcionados de la manera prevista y, a su vez, muchos servicios requieren de regularidad, como la anticoncepción hormonal”, afirma el trabajo.