El fin de la pesadilla

Enmudecidas por un delito que aterra, cientos de argentinas luchan cada día por escapar de la explotación sexual. En La Pampa, Misiones, Tucumán y Buenos Aires, ya existen redes en las que el Estado y las ONG se unen para rescatarlas del horror.

Por Romina Ruffato

Foto: Paula Teller

Se trata de personas. Niñas y mujeres captadas y sometidas a la explotación sexual. Es decir, ingresadas en el universo de la prostitución. Víctimas de la vulnerabilidad económica o afectiva, los medios por los que se enredan en este sometimiento son variados: secuestro, ofertas laborales, supuestos amigos, amigas o novios a través del chat y las redes sociales, ‘entrega’ por parte de parientes o vecinos, entre otros. Ellas son víctimas de un delito complejo y cruel que las enmudece. Ahora, fuera de esa prisión, pueden hacer oír sus voces.

Valeria se acuerda perfectamente de la noche en que se dio cuenta: “Entró un viejo, borracho, sucio y pidió dos chicas. Fuimos con una compañera. Era todo tan horrible que la otra chica se descompuso. Me quise hacer la fuerte, pero me dio mucho asco. Ahí me quebré y pensé ‘¿quién es éste para tocarme?’”. Tiempo atrás había quedado el aviso en el diario que pedía empleadas para whiskería con vivienda, pasajes a otra provincia y 2000 pesos mensuales. “¿Yo qué sabía lo que era una whiskería? Pensé que era un local donde se vendían bebidas”, dice. Vivía en una provincia empobrecida del norte, un oasis para el reclutamiento de las redes: “No podía quedarme en la miseria, llamé y me encontré con el encargado que dijo que era como un boliche”. Después de haber probado en trabajos de entre 15 pesos por día y 120 por mes, y con el objetivo de un futuro mejor, se involucró en un viaje de pesadilla.

Un día de mayo de 2006, la recibieron en la capital pampeana. Al siguiente, se realizó un análisis de sangre, un examen ginecológico, un certificado de antecedentes: “Cuando estaba todo firmado, me dieron la libreta, que pagué”, recuerda. Ese documento, otorgado por la Municipalidad de Santa Rosa, cumplía con una ordenanza que avalaba a las mujeres como objetos de diversión en el rubro “alternadoras”, y que le puso los pelos de punta a Mónica Molina, entonces periodista.

Molina entregó una nota en el Concejo Deliberante, para que revisara la sospechosa normativa. “El municipio era parte de la cadena prostibularia, la palabra ‘alternadoras’ encubría mujeres en situación de prostitución, se hablaba de ‘clientes’. Clientes son los de un negocio lícito, éstos son prostituyentes”, plantea. La `legalidad´ de ese “municipio proxeneta” como lo definió, más tarde se dio vuelta. Se eligieron nuevas autoridades y Molina ocupó la Subdirección de Políticas de Género. En mayo de 2009 otra ordenanza prohibió los prostíbulos en Santa Rosa.

“Nos dijeron que no podíamos salir sin el encargado -continúa Valeria – Fui muy inocente, no tenía idea de lo que iba a hacer”. Invitó copas en el salón hasta que uno le preguntó: “¿Cuánto sale el pase?”. “No entendía qué era y le consulté a la dueña”. La tratante le recitó las tarifas y le advirtió que estaba “endeudada”, que “si trabajaba bien, iba a terminar enseguida y si no, iba a estar más tiempo”. Una falsa deuda, las multas, la violencia física y la presión psicológica son los principales modos de extorsión: “Me tiñó el pelo y me cambió la identidad; me olvidé de que era Valeria, ahí era Mara”. Esa despersonalización es central para el control ejercido por los y las proxenetas. “Hasta que hay un clic, a veces porque el cuerpo no aguanta más; otras, porque tienen hijas y no quieren que pasen por lo mismo”, analiza Molina.

Valeria no estuvo a salvo del aborto, el alcohol, la droga y los antidepresivos para que ninguna angustia le arruinara el negocio a los/as dueños/as. Sin embargo, logró correrse y pedir ayuda. En el área que dirige Molina – a quien acudió por recomendación de otra chica que fue víctima desde los 14 años y durante diez- encontró afecto, terapia y un empleo en una empresa que solidariamente adhirió a la propuesta municipal.

El intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba, resalta la articulación entre el sector público, el privado y la sociedad civil: “Son procesos largos, con altibajos; hay que fomentar la toma de conciencia”. Los prostíbulos santarroseños ya no existen y los que intentan reconvertirse, son investigados y clausurados. La Secretaría de Derechos Humanos provincial recomendó emular la ordenanza que prohíbe los prostíbulos y muchas localidades se están sumando.

Este modelo de intervención se lleva a cabo con recursos limitados y ganas infinitas. Da resultado. Se ve en Valeria: “En la oscuridad, soñaba con una vida normal. Quiero ganar un sueldo, criar a mis hijos y tener alguien que me cuide”. Por visualizar la trata desde lo jurídico, a veces queda de lado cómo lo siente la víctima, “por eso hay que recuperar su decir”, señala Molina. Palabra de Valeria: “Una piensa que separa el cuerpo de la cabeza, pero el cliente te usa las dos cosas. La noche es un mundo de mentiras y una se las termina creyendo. Ahora me siento plena y no quiero que me lastimen más”.

En el pueblito de Misiones donde Eugenia vive bajo protección, la tierra es tan roja que deslumbra. El agua sale del pozo, no hay luz ni gas y hay pocos muebles. Sobre la pared del living, un afiche: “No! A la trata de personas”. “Si vienen mis amigas y preguntan qué es, les digo que es dónde vas sin destino y te maltratan. Para que no se confundan y no se vayan con cualquiera”, aclara. En su caso, no fue cualquiera sino su prima la que le ofreció ser moza en un restaurante. Nada más lejos: terminó en un prostíbulo.

A Eugenia se le nota el dolor en los ojos, aunque muchas veces se ríe. Sobre todo, con las travesuras de sus hijos y hermanos. “Estoy mejor, quiero seguir adelante, cuidando a mi gurisado”, se convence. No tiene miedo de que las amenazas de la red mafiosa se hagan realidad, porque se mudó y está custodiada. Se siente “acompañada” y agradece a “todos los que ayudaron” para rescatarla y asistirla.

El Departamento de Trata a cargo de Daniela Acosta -que depende del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones- organiza la vida del ‘después´. Ahora, se está armando un taller de costura. A Eugenia la ilusiona esta posibilidad: “De chica cortaba la ropa para hacerles a las muñecas y mi papá me enseñó a emparchar los pantalones”.

“Desde la pobreza viene y allí vuelve la gran mayoría de las víctimas –afirma el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria- Esa pobreza estructural le quitó las oportunidades, por eso el Estado debe estar presente”. Existen dos estrategias complementarias: la asistencia inmediata (ropa, comida, vivienda) y la reinserción (educativa y laboral) para que “renazca esa autoestima que perdieron”, añade Soria. Desde julio de 2008, se liberó a 100 niñas, adolescentes y mujeres. En general, las víctimas habitan en sitios de fuerte miseria, indocumentadas, con familias numerosas, sin trabajo formal y con un escaso nivel de instrucción. Por eso, la oferta laboral es el mecanismo común del engaño. “Se van nomás, no saben dónde ni con quién, no tienen certezas de nada”, explica Silvia Pona, jefa del Departamento de Género.

La política pública incluye un protocolo de actuación, capacitación, y convenios con los municipios para el abordaje desde centros de referencia locales. La subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, Norma Sawicz, indica que la meta “es contener y encaminar a la víctima hacia una vida digna”. La vicegobernadora Sandra Giménez observa sobre  la provincia: “Se comportaba como entregadora de mujeres, pero no como consumidora. Es mucho lo que hicimos en dos años y medio, porque el gobierno se comprometió y la sociedad decidió no ocultar el problema y sí buscar soluciones”.

En el refugio para estas víctimas, se respira aire de hogar. Parece una vivienda más del barrio, con una cocina comedor de ventanas abiertas, habitaciones y jardín. Ellas se quedan hasta la declaración testimonial, aunque a veces permanecen más tiempo.

En esa casita sigue la tarea de la psicóloga Victoria Pizarro. “En los rescates hay una ansiedad y una agresividad que se convierten en angustia”, describe. Para las entrevistas posteriores, “se trabaja sobre el reconocimiento de la condición de víctima, la vergüenza, la búsqueda de la autonomía –aclara Pizarro-  Luego de la presentación judicial, son restituidas adónde decidan ir, aunque en el informe se sugieren distintas facilitaciones”. Casi todas retornan con sus familias, y “se hacen visitas de seguimiento, tratamientos de salud y cobertura de necesidades básicas”, detalla Silvia Pona. Cuando se dicta sentencia en el juicio, “entran en el Régimen de Protección de Testigos”, si lo desean.

Eugenia no está sola, pero le rondan algunos temores. “Mis chicos, de casa a la escuela y de la escuela a casa, y que jueguen adentro”, sostiene. Demasiado horror en su memoria como para confiar así, sin dudas, en que otra vida mejor es posible.

Cuando Marita Verón fue secuestrada, Melina era una nena más en Tucumán. Hoy es una adolescente con dos hijitos, asistida por la Fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco, la mamá de Marita. “Mis padres me trajeron por posible trata – se presenta – Acá la gente es muy amable”.

A los 16 años quedó embarazada y viajó con su pareja a una provincia del sur, donde vivía la familia del joven, presuntamente dedicada a la prostitución. El novio regresó a Tucumán y denunció que Melina estaba siendo víctima de explotación. La primera vez que la policía la encontró, ella dijo estar cuidando a sus sobrinos. En un segundo intento, la fuerza de seguridad fue con el padre y la llevaron de vuelta a la provincia. En estas circunstancias, un hombre de su familia política fue a buscarla y manifestó estar enamorado de ella. Vivieron juntos y tuvieron al segundo hijo.

Melina –que ahora vive con sus padres-  no se asume como víctima, y por eso la causa penal es “fuga de hogar”. Hay indicios de una relación de dominación basada en un fraude amoroso, el ‘motivo’ más complicado de entender para una víctima. Soportó una violencia extrema, lo que la ubica en una vulnerabilidad a la que hay que atender. “Esos casos potenciales, que se pueden confirmar como trata, los abordamos con la misma intensidad que los demás”, manifiesta la abogada María Rosa Ponce.

La Fundación mantiene un hogar donde son alojadas chicas en riesgo inminente de ser capturadas. O víctimas recién liberadas, que pasan allí entre uno y dos meses. El proceso que se plantea es la atención integral: jurídica (recepción de la denuncia y seguimiento), psicológica (terapia para la víctima y su familia), médica (la mayoría está cubierta por una prepaga) y social (alimentación, vestimenta, ayuda para trámites). “Hay chicas que han estado insertas y hay que reinsertarlas, pero otras nunca lo estuvieron porque provienen de una total indigencia. La trata no reconoce clase social ni cultura”, opina Eli Saavedra, trabajadora social.

El desafío es vencer la estigmatización y promocionarlas como sujetos activos. En este sentido, la Fundación propone un taller de bijouterie. Es un espacio donde se apoyan mutuamente, además de ser una herramienta laboral. A Melina no se le borra de la mente la primera venta: “Estaba emocionada cuando vi que la gente venía a la feria y admiraba los collares que hacemos”. Al principio, la técnica le resultó complicada pero aprendió. Tanto que le dieron ganas de retomar la escuela. Las víctimas, una vez sacadas del infierno de los prostíbulos, se encuentran tan anuladas que es una tarea enorme lograr que visualicen alternativas. En el patio de la Fundación, las fotos de niños, niñas, adolescentes y mujeres buscados/as, impacta. Es un lugar paradójicamente lleno de ausencia y de vida. “Acá estás protegida, porque cuando venís te hacen perder los miedos”, concluye Melina.

Las víctimas de trata son personas, vulnerables y vulneradas en sus derechos. Más allá de los apoyos y críticas a la actual ley contra la trata, es necesaria la eliminación de la categoría del ‘consentimiento’ para las mayores,  penas más altas para los/as tratantes, el decomiso de sus bienes y la formación de un plan específico de acompañamiento posterior. Para que esas adolescentes, esas mujeres, esas personas, sepan que se trata de que siempre habrá alguien para escucharlas.

Este artículo resultó ganador de la categoría Medios de comunicación impresos en el I Concurso Regional de Periodismo de Investigación , realizado por ANDI, Childhood Brasil (Instituto WCF) y Save The Children Suecia, y por las organizaciones sociales en la Argentina (Periodismo Social), Paraguay (Global Infancia) y Uruguay (El Abrojo). Por esto, es un orgullo para la revista publicar la presente investigación de Romina Ruffato, colaboradora de larga trayectoria en Rumbos, cuyo trabajo y compromiso nos impulsa a seguir creyendo en la importancia del rol social que tienen los medios de comunicación.

En cualquier mercado, si no hay demanda, no hay oferta. ¿Qué pasa con los consumidores de prostitución? O sea, los varones que estimulan la reproducción de este sistema. “Consumen una relación sexual, construida con poder y tortura. Ponen el target: si quieren nenas, embarazadas, rubias. Y la plata para que la explotación sexual sea uno de los negocios más redituables”, argumenta Marcela D’ Angelo, de la Campaña Abolicionista ‘Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución’. Explica: “El cliente es el hombre cercano a nosotras, por eso tendemos tanto a perdonar”. Junto a los mitos (“les gusta” o “se ganan la plata fácil”) el abuso se naturaliza.

Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro, critica que en la ley actual “el cliente es el gran ausente, cuando en realidad es el actor indispensable. Consumir sexo pago no le hace un favor a los varones. En general, son inseguros, a veces violentos o con disfunciones sexuales”. Y aporta D’Angelo: “Es como decir ‘yo te pago, hago con vos lo que quiero’; el cliente es un violador de los derechos humanos”.

En mayo, los ministros de Justicia del MERCOSUR ampliado presentaron en la ONU una iniciativa para promover “la penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual”. Así, se pone en discusión una figura invisibilizada o relativizada en el abordaje de esta problemática.

Las redes son motivo de debate. Según Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro, “operan tres, grandes e internacionales: la del Este, la china y la mexicana, con total impunidad”. Desde el Estado, Zaida Gatti asegura que “no se detectaron redes de crimen organizado trasnacional. Salvo la conexión con Paraguay, no son tan grandes, pero se mueven por varias provincias”, aclara. Aquí, historias de víctimas, con distintas vulnerabilidades.

Información:

www.fundacionmariadelosangeles.org

www.derechoshumanos.misiones.gov.ar

*http://santarosa.gov.ar/genero

*campanianiunavictimamas.blogspot.com

*www.lacasadelencuentro.com.ar

Denuncias:

*Oficina de Rescate: (las 24 horas, todos los días)

(011) 5300-4014/4042

Mail: [email protected]

En la Oficina de Rescate y Acompañamiento hay casi treinta personas en un equipo interdisciplinario, coordinado por Zaida Gatti. Según sus datos, desde abril de 2008 (fecha de sanción de la ley 26.364, que previene y sanciona la trata de personas y asiste a sus víctimas) hasta el 15 de julio pasado, hubo 597 allanamientos, con 978 víctimas liberadas y 607 personas detenidas. El presupuesto se calcula para cada operativo, “lo que se necesita se cubre siempre” dice Gatti. Tiene un refugio en Buenos Aires.

“Hay víctimas con flashbacks, recuerdos que aparecen, en ese caso conviene que declaren más adelante. Otras, es mejor enseguida, porque el primer día cuentan todo y con el tiempo pueden olvidar detalles, además de que se juega el miedo”, explica Gatti. Las amenazas operan fuerte. El contrapeso es el empoderamiento.

“Antes estaban encerradas, indocumentadas y no podían salir; ahora hay nuevas modalidades. Es tremenda la captación a través del chat”, agrega. El 80 por ciento de las víctimas es mujer. La media, que surge de los allanamientos, de entre 22 y 26 años. El estrés postraumático- trastornos en la alimentación y el sueño, y disociación- es el síntoma más repetido.

La Oficina acompaña hasta la declaración testimonial. Luego se decide cómo seguir. “Se respeta la voluntad de la víctima y la evaluación psicosocial. Si hay riesgo, se le transmite al juzgado, que toma la decisión final”, indica Gatti. La mayoría vuelve a sus lugares de origen, y la asistencia se brinda a través de la articulación con áreas provinciales.

Hay cinco fallos con sentencia y sesenta en proceso. En tanto, algunas ONG afirman que no hay estadísticas confiables y reclaman una política de Estado específica y efectiva.