De cada 10 solo 2,5 son menores

Polémica por la baja de la imputabilidad
"De cada 10 detenciones solo 2,5 son menores"

Con estos datos provenientes de la Policía y la Justicia de la provincia, el subsecretario de Derechos Humanos, Marcelo Salgado, ilustró la poca incidencia de la juventud en los delitos graves registrados.

El reclamo que realizó la Federación Económica del Chaco para bajar la edad de la imputabilidad de los menores reavivó la polémica. Desde diferentes sectores políticos y organismos de Derechos Humanos respondieron las declaraciones realizadas por el presidente de la Fechaco, Roberto Lugo, considerando «poco seria», ya que según explicó el dirigente empresarial se basa en la opinión «de la gente en la calle» y en una «sensación».
Para ilustrar este punto, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Salgado, indicó que según las estadísticas policiales y de la Justicia, durante 2009 en el área metropolitana de cada 10 detenidos sólo 2,5 fueron menores. De estos, cada 10 chicos, 8 fueron detenidos por contravenciones o faltas administrativas. Con lo que concluye que solamente el 20% de los menores detenidos responden a delitos graves. Según el funcionario durante el año sólo se registró de dos a tres hechos delictivos graves protagonizados por menores, lo que es un índice menor teniendo en cuenta la población de la provincia.

Inclusión
Partiendo de la base de la necesidad de un debate serio con respecto al tema, que involucre a toda la sociedad y tras recordar los derechos y protecciones que resguardan a la niñez y la juventud tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales, Marcelo Salgado; el diputado provincial por Libres del Sur, Carlos Martínez; y el referente del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, coincidieron en resaltar que encarcelar a los jóvenes no soluciona el problema de la inseguridad, como comenzó reclamando el jefe de la Policía de la provincia, Héctor Lisboa, y que continuó la Fechaco de mano de su dirigente, Roberto Lugo. En este sentido consideraron que lejos de la aplicación de leyes de «mano dura», la única solución posible al problema es una verdadera inclusión social, de la mano de salud y educación para los sectores más vulnerables.

Aprender a delinquir
«Todos sabemos en qué condiciones están las cárceles, si se envía a los menores a estos lugares, se estará potenciando el delito, ya que en vez de reinsertarse en la sociedad aprenden a delinquir», sostuvo San Cristóbal y agregó: «Se estará excluyendo aún más con esta persecución de la niñez y juventud».
«Se sabe que los más jóvenes tienen más probabilidades de cometer errores que un mayor», indicó.
Asimismo, siguiendo con esta línea, Salgado aseguró que con el endurecimiento de las leyes a partir del reclamo de Juan Carlos Blumberg se incrementó la población carcelaria, aunque no así las instituciones de detención. A modo de ejemplo señaló en que en General San Martín existe un 300% de superpoblación carcelaria, mientras que en la Alcaldía de Resistencia ya cuenta con un 100% de superpoblación. Otro factor que señaló el funcionario es la demora en las sentencias de las causas. «Existen la misma cantidad de condenados que de encausados cuando en realidad el promedio debe ser de siete condenados por tres encausados», explicó.

Debate serio
Por su parte, Carlos Martínez, ratificó el comunicado, conjunto que emitió semanas atrás Libres del Sur, el Frente Grande y el Partido por la Concertación en la que rechazaron la postura de la «mal llamada opinión pública» sobre la vuelta de la «mano dura», y reclamaron una política de Estado seria acerca del problema de la seguridad, que avance con mayores niveles de inclusión y el cese de la persecución permanente a los mismos. Martínez consideró como «poco seria» la opinión de Lugo, ya que se basa en los comentarios de la gente, cuando en cambio señala «existe un cúmulo de legislación y estudios calificados al respecto».
Por último, anticipó que para mediados de marzo, estas tres vertientes políticas organizarán una jornada de debates en el seno de la Legislatura provincial acerca de políticas de seguridad e inclusión.