Catorce causas diarias contra consumidores

Las cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal, a las que tuvo acceso Clarín , corresponden al segundo semestre de 2009. Es el último relevamiento hecho en todas las fiscalías federales del país, y son las únicas estadísticas que existen desde el famoso “fallo Arriola” de la Corte Suprema. El 25 de agosto de 2009, el Máximo Tribunal declaró inconstitucional un párrafo del artículo 14 de la ley de drogas que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, siempre que no afecte a terceros. Y exhortó a los tribunales ordinarios a dejar en paz a los “perejiles” para ir detrás del crimen organizado . No obstante, a casi dos años del fallo, no todos los jueces tomaron la doctrina de la Corte y la Policía sigue demorando a unos 6.000 consumidores por año, respaldada en una ley sobre la que se piden cambios urgentes.

“Esas cifras son contundentes.

La Policía no persigue el tráfico , los jueces del Interior y los fiscales no cumplen con Arriola. El Gobierno no adecuó la ley ni los tratamientos a los adictos. En síntesis, no hay órdenes de perseguir al que comercia ”, dispara Mónica Cuñarro, fiscal, a cargo de la Comité Asesor en Materia de Drogas, creado por el Ejecutivo nacional para diseñar nuevas políticas.

En términos jurídicos, la declaración de la Corte es sólo aplicable al fallo Arriola, aunque queda como un precedente difícil de eludir para casos posteriores. Esto quiere decir que, hasta tanto se reforme la ley, un policía debe prevenir el delito.

“Pareciera que el exhorto de la Corte no se cumple o no alcanza. Están cargando contra consumidores, engordan las estadísticas y distraen la persecución de los sectores que comercializan.

Es muy necesario un tratamiento legislativo ”, pide Graciela Touzé, trabajadora social y presidenta de la ONG Intercambios.

“Penalizar la tenencia de drogas hace que las fuerzas jurídicas y policiales se dirijan a detener a personas que en su mayoría terminan siendo usuarios obligados a demostrar su inocencia ”, entiende Sebastián Basalo, director de THC, la única revista del país sobre cultura cannabica. Y aclara: “Despenalizar la tenencia simple y para consumo no es legalizar la venta de drogas , sino dejar de mandar presos a quienes las consumen y cultivan, precisamente para concentrar el accionar en los delitos de comercio, respetando a la vez los derechos de las personas”.

Para la diputada Victoria Donda, creadora de uno de los proyectos de ley que está esperando ser tratado en el Congreso, la persecución a consumidores es útil en tanto sirve para “engordar” las estadísticas . “La actual ley genera que, haciendo aumentar la estadística, parezca que se pelea. Pero salen y agarran a los pibes que están fumando en la esquina”. Aunque el 96% de las causas por consumo personal o tenencia simple terminen archivadas, Donda entiende que el proceso genera de por sí una marca indeleble en el consumidor, devenido en criminal y víctima a la vez. “Sí, las causas se desechan en el camino, pero en ese camino los pibes terminan en cana: te metieron en la comisaría, te torturaron, te estigmatizaron. Estás expuesto a un nivel de violencia al que no estás acostumbrado y por un porro. Y si sos adicto, no es el medio para curarte ”.

El ex titular de la Secretaría para la Prevención de Drogas y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Wilbur Ricardo Grimson, considera que la situación es “un disparate” , ya que “la proporción (de causas) tendría que ser inversa . No vale la pena investigar si consume o no, hay que averiguar de dónde procede la droga y quién está arriba en la escala. Pero nunca se llegó a nadie”. José Granero, actual secretario del Sedronar, prefirió no participar del debate.

Para corroborar lo que sostiene Grimson están las cifras del Ministerio Público Fiscal: dos de cada tres causas por comercialización se desestiman antes del juicio y menos del 20% recibe condena .

“Siempre estamos esperando que nos caigan grandes causas, pero la actual ley sirve como una buena excusa para no perseguir el tráfico ”, le dice a Clarín un influyente juez del fuero federal.

Matías salió de su casa, dio dos pasos y dos policías de civil se le tiraron encima. Le dijeron que lo venían investigando, que sabían que era un poderoso vendedor de drogas al exterior. Entraron en su casa, se llevaron sus 10 plantas de marihuana de cultivo propio y algunas semillas. Estuvo 15 días preso, imputado por el delito de cultivo y siembra, metido en la sombra de una comisaría de Morón, entre delincuentes que, hasta que su caso se hizo mediático, lo (mal) trataron como uno más.

Después no, y se solidarizaron.

"Estar preso es terrible. Y genera indignación. Caer como si fueras un narco te arruina la vida, estás un escalón abajo del violador", describe este empleado de una zapatería de Mataderos, aún procesado pero libre.

Hace ocho años que Matías cultiva. Es decir, casi una década que no le compra marihuana a nadie.

Los años lo han convertido en un militante por la despenalización.

Sabe lo que dice. "La ley se necesita urgentemente para que dejen de ir presos personas inocentes sólo por consumir o por tener plantas en sus casas", dice. Y concluye: "La Justicia no cuestionó mi consumo, pero no acepta que cultive.

¿Qué opción te da la ley? Que le vayas a comprar al narco".