Borrando con el codo lo escrito en la LSCA

El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pretende borrar con el codo aquello que escribió con la mano tan solo unos meses atrás. La reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que decretó el Ejecutivo esta semana le concede a Telefónica de Argentina un beneficio que la nueva Ley de Medios le había quitado el año pasado. La normativa habilita a la compañía telefónica a quedarse con Telefé hasta el año 2025 pese a que la ley sancionada en 2009 se lo prohíbe en forma explícita.
Aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se esfuerce en convencer a su audiencia que las últimas medidas que dictó en materia de medios y telecomunicaciones no benefician a las empresas telefónicas, las normas que propone su Gobierno indican lo contrario. La reglamentación que se publicó esta semana sobre la Ley de Medios pretende eximir a Telefé del requisito de ser argentino para ser propietario de una licencia de medios audiovisuales. Esa exigencia no es un capricho opositor, sino un requerimiento de la propia ley que sancionó el kirchnerismo el año pasado. Leamos: cuando se sancionó la ley que reemplazó la normativa de la dictadura, el Gobierno propuso que, para ser licenciatario de un medio, no se debe “tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras”. Es sabido: Telefé es propiedad de Telefónica de Argentina, subsidiaria de Telefónica de España.

La reglamentanción publicada en los últimos días pretende saltear esa exigencia. Qué dice ahora la Casa Rosada: el Ejecutivo pretende ahora hacer cumplir el requisito de nacionalidad sólo a las empresas extranjeras que adquirieron licencias de medios con posterioridad a la sanción de la ley de Preservación de Bienes Culturales, una norma sancionada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner que fue negociada por Eduardo Duhalde con Clarín para evitar que el multimedios terminara en manos de sus acreedores extranjeros.

Paso a paso, analicemos el caso de Telefé. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, del mismo modo que lo hacía la vieja Ley de Radiodifusión, prohíbe que una empresa extranjera o una compañía de servicios públicos sea propietaria de una licencia de radiodifusión. Telefónica de Argentina, dueña de Telefé, incumple con ambos requisitos. Leamos lo que dice la nueva ley: para ser licenciatario, “no (debe) ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. La idea fue copiada casi textual de la norma decretada por la dictadura.

La explicación de aquella prohibición es sencilla: la dirección de una compañía de servicios públicos es sensible ante las disputas por las tarifas del servicio que ofrece, de modo que sus chances de ofrecer independencia informativa se ven limitadas por esa tensión permanente . Por otra parte, con esta prohibición el Gobierno se exime de crear una estructura de lobby pública que atente contra sus intereses. Por el contrario, permitir que una empresa de servicios públicos sea licenciataria de un medio de comunicación, implica la posibilidad de conceder ante aquel lobby o construir un medio que ofrezca amistad informativa.

Claramente, los Kirchner eligieron ceder ante esta empresa de servicios públicos. Telefé, al igual que el creciente grupo de medios que crece al amparo de la publicidad oficial, es una herramienta del aparato de propaganda oficial.
Para sortear estas exigencias normativas, el Ejecutivo pretende hacer valer los supuestos beneficios de los tratados de inversiones recíprocas entre naciones, contemplados en la vieja y en la nueva ley. La empresa que controla Telefé es, en los papeles, una compañía española pero con sede en los Estados Unidos. Se trata de un arbitrio que inventó Telefónica para poder ser licenciataria del medio, accediendo a los beneficios del “Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” de 1991. Ocurre que el único acuerdo que, presuntamente, rige para la Argentina es el que firmó Carlos Menem con George Bush (padre). Pero ese acuerdo no sería tan recíproco: cuando el Congreso estadounidense sancionó el paco, excluyó explícitamente las inversiones recíprocas en materias de medios. Y cuando Gabriel Mariotto se hizo cargo de Comfer, a mediados de 2008, ya había advertido las dificultades que tendría Telefónica para mantener la propiedad de Telefé hasta 2025, el año que debía vencer la licencia luego de que Kirchner la ampliara por diez años mediante un decreto necesidad y urgencia. Al parecer, el presidente del Afsca dejó de lado las incongruencias que veía en las licencias más allá de Clarín.
No se trata sólo de Telefé. Telefónica de Argentina adquirió ocho medios de comunicación en el país con las mismas prácticas ilegales que el Gobierno ahora le achaca al Grupo Clarín. Por fuera de las normas –viejas y nuevas– Telefónica también es propietaria de LU84 TV Canal 7 – Neuquén; LV85 TV Canal 8, Córdoba; LRK 458, TV Canal 8 Tucumán, LVW82 TV Canal 11, Salta; LT84 TV Canal 5, Rosario; LT82 TV Canal 13 Santa Fe; LRI486 – TV Canal 8, Mar del Plata y LU80 TV Canal 9, Bahía Blanca. El esquema de crecimiento de Telefé fue idéntico al que emplearon Clarín, Cablevisión y Fibertel, para ampliar sus redes de negocios en el interior del país: hubo funcionarios, del gobierno actual y de los anteriores, que eludieron el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de medios y telecomunicaciones.

Pero no es una novedad que la Casa Rosada pretenda beneficiar a las telefónicas. Pretendió hacerlo con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando el proyecto de esa norma llegó hace poco más de un año al Congreso, preveía la legalización del Triple Play para las telefónicas, es decir, que les habilitaba el negocio conjunto de telefonía, internet y cable. Para lograr consenso, el oficialismo se vio obligado a borrar ese artículo. Pero esa movida no abolió la intención gubernamental de beneficiar a esas compañías. Con la reglamentación de la Ley, los Kirchner demostraron esta semana que están dispuestos a trabajar para ellas.