[Mendoza] Banco de Alimentos: ¿los intereses de las empresas o el derecho a la salud? Por G. Cousinet
Banco de Alimentos: ¿los intereses de las empresas o el derecho a la salud?
Desde principios de 2005 está vigente la Ley 25.989, Régimen Especial para la Donación de Alimentos, desde el sector privado principalmente -grandes empresas alimenticias y cadenas de supermercados- con el objetivo de “satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable”. La ley original en su artículo 9° eximía a los donantes de toda responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran ocasionar los alimentos donados; el Poder Ejecutivo al momento de promulgarla y con fundamento en la protección de la salud pública, vetó ese polémico artículo. En la última sesión de Diputados un proyecto de ley, insistiendo con este reclamo histórico de la industria alimenticia, proponía su reincorporación a la norma.
Los debates desatados en el recinto derivaron en insultos por parte de la diputada Carrió al bloque que integramos junto a Margarita Stolbizer. Fuimos tratados de “estúpidos” por el sólo hecho de oponernos al proyecto, defendiendo la salud de ese 30% de la población que hoy se encuentra por debajo de los límites de la pobreza, y en donde más del 47% de los jóvenes menores de 19 años se encuentran con problemas de malnutrición, justamente por no recibir una alimentación de calidad. Consideramos que es correcto y necesario ayudar al que no tiene, pero es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales, como son el de una alimentación saludable y el derecho de toda persona a ser indemnizada ante daños producidos.
En la pérdida de desperdicios de alimentos son dos las preguntas que nos tenemos que hacer: La primera es ¿por qué se desperdician alimentos? y la otra es ¿cuál es la calidad de los alimentos que se pierden?
La FAO tiene un estudio exhaustivo y ha determinado que el 30% de los alimentos se pierden. La mayor parte de esta pérdida se produce en la producción, transporte y comercialización. Lamentablemente forma parte de una estrategia de marketing de las grandes industrias alimenticias como los supermercados tener las góndolas repletas, sabiendo que un porcentaje no se venderá. Ellos ya saben que el 30 % se va a vencer, lo hacen para poder tener las góndolas llenas de productos y que la gente encuentre rápidamente el producto que se exhibe en grandes cantidades. En el mercadito de mi esquina no les sobra nada porque saben perfectamente bien lo que venden y no compran más de lo que saben se va a vender.
Las grandes empresas incluyen sus excedentes en el costo y lo pagamos todos. Lo que tienen que tirar nos lo aumentan en el precio de lo que sí se compra. Tendríamos que ponerle un impuesto al desperdicio y a la pérdida.
Tenemos que preguntarnos cuál es la calidad de lo que se va a donar. Resulta que estas empresas desperdician un 30%, luego viene el banco de alimentos y retira el excendente, ni siquiera tienen que contratar un camión para que se lleve lo que no vendieron. Pero la pregunta es ¿qué calidad de productos se va a llevar el banco de alimentos? Mientras no haya una Ley de Etiquetado de alimentos hay que prohibir la donación porque probablemente la mayoría de estos productos sean tóxicos para la salud de la población: altos en azúcares, sodio y grasas.
Otro de los motivos por los cuales estamos en contra de la donación sin reglas y sin supervisión es que en los primeros 1000 días de vida de los niños es cuando se construye la palpabilidad, es decir el gusto por determinado alimento. Al estar entregándoles -sobre todo a los sectores más vulnerables- alimentos altos en azúcares, sodio y grasas, los estamos transformando en clientes obligados de estos alimentos súper elaborados que son altamente nocivos para la salud, causantes de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad.
En síntesis desde Libres del Sur creemos que los alimentos que sobran pueden donarse, si sabemos qué contienen, en qué estado se encuentran y hay control sobre estos parámetros. No es esto lo que propone el macrismo con este proyecto en debate, que no hace más que deslindar la responsabilidad de las empresas ante posibles efectos en la población altamente vulnerable, de alimentos vencidos o mal estado.
Diputada de la Nación Graciela Cousinet
Bloque Libres del Sur