Aportes discusión en Consejo del Salario

Las conclusiones que sintetizan el presente material son:

• Las rondas negociales del 2010 han cerrado con un salario mínimo de convenio de $2.100, superior al que resultará del ajuste que se termine adoptando en la inminente reunión del Consejo del Salario. Lo expuesto supone que la fijación del nuevo salario mínimo (SMVM) no tendrá ningún efecto sobre los trabajadores registrados bajo convenio, el segmento ocupacional donde se supone que impacta.

• Aproximadamente 300.000 trabajadores cobran el mínimo según el Ministerio de Trabajo. Es decir que este instrumento solo tiene un efecto pleno sobre apenas el 3,9% de los asalariados registrados, el 2,5% de los asalariados totales, el 1,9% del total de ocupados y el 1,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

• El inexistente impacto del salario mínimo no es el resultado de que la estructura ocupacional esté percibiendo ingresos superiores. El 43,2% de la PEA está por debajo del salario mínimo. Se trata de casi 7.400.000 trabajadores (es decir sin computar a los desocupados). Por categoría ocupacional, el 24,8% de los patrones, el 61,9% de los cuentapropistas y el 44,1% de los asalariados se encuentran en esta situación. Así, la fijación del salario mínimo tiene poco que ver con las condiciones de ingresos bajos las cuales se reproduce la fuerza laboral argentina.

• Desde 2003 a la fecha el salario mínimo ha aumentado en términos nominales, en un 650%. Sin embargo, esta evolución nada tiene que ver con la alcanzada por los ingresos medios de las distintas categorías ocupacionales. Los ingresos medios del total de ocupados (excluyendo a los patrones), sólo superan al mínimo en un 22%, mientras que tanto los trabajadores no registrados como los cuentapropistas perciben ingresos medios por debajo del mismo.

• Entre 2001 y 2009, mientras el SMVM aumenta un 620%, los incrementos de los ingresos medios por categoría ocupacional en ningún caso alcanzan el 300%. En términos reales, el poder adquisitivo del SMVM sólo mejoró en un 112,1% desde el paupérrimo nivel en que se encontraba en 2001. En este marco, el ingreso real de los ocupados se expandió solo un 13,6% (en el marco de una economía que ha crecido un 46%).

• La canasta de consumo familiar promedio alcanza un valor a Julio del 2010 de $4.845,2. Sabiendo que en nuestro país el salario mínimo estaba en relación con el salario de convenio (cubriendo el 60% de dicho monto) y este último con la canasta familiar (el básico de convenio se fijaba en torno al 80% de la canasta familiar), resulta que para mantener dichas relaciones el valor del salario mínimo debería ser de $2.325,7.

• Para asegurar que el SMVM se constituya efectivamente en el piso salarial para todos los trabajadores de la Argentina y no solamente para aquellos asalariados formales, que representan apenas el 44,2% de la PEA, es que se propone aquí implementar el Seguro de Empleo y Formación para todo jefe de hogar desocupado, cuyo monto deberá ser equivalente al monto actual del salario mínimo. El costo neto de la medida es de $7.978 millones.

• Nuestra propuesta incluye garantizar una verdadera asignación universal de $300 para todos los menores, que junto con el Seguro de Empleo y Formación asegure un ingreso de $2.100 para la familia tipo garantizando que no exista ningún Hogar pobre. El costo neto anual de garantizar $300 por hijo es de $18.400 millones.

• Por otra parte, exigimos que se garantice un haber mínimo equivalente al 82% del SMVM. El costo de esta medida depende del SMVM que se fije en el Consejo del Salario. Con un haber mínimo de $1.230 (para un salario mínimo de $1.500), el costo neto es de $7.151,5 millones; con un haber mínimo de $1.537,50 (para un salario mínimo de $1.875, que se espera según los trascendidos) el costo neto es de $19.129,2 millones; y con un haber mínimo de $1.907,07 (para un salario mínimo de $2.325,70) el costo neto es de $33.524,7 millones.

• Si calculamos el costo neto total de las tres medidas (Seguro de Empleo y Formación a $1.500, Asignación Universal a $300 y haber mínimo equivalente al 82% del salario mínimo), el mismo es de $33.521 millones con un salario mínimo de $1.500; $45.498,6 millones con un salario mínimo de $1.875 y de $59.894,1 millones con un salario mínimo fijado de $2.325,7.

• Las fuentes de financiamiento disponibles superan estas necesidades. Utilizando el superávit del ANSES y restituyendo las contribuciones patronales a los niveles de 1993 para las grandes firmas, se obtienen más de $25.000 millones.

• Por otra parte, los excedentes de recaudación que el Gobierno no contempló en el Presupuesto 2010 ya acumulan $27.000 millones. Asimismo, es necesario el replanteo de los recursos que se drenan en los subsidios que en lo que va del año, arroja una proyección de recursos de casi $17.000 millones adicionales al monto fijado en el Presupuesto 2010.

• Hay que reconsiderar también el tope que deben cumplir los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la actualidad dicho Fondo acumula activos por más de $150.000 millones, lo que representa casi el doble de los $78.000 millones de prestaciones anuales. Por ende, no hay ninguna duda de que existen activos y recursos en capacidad de liberarse para garantizar la mejora en el nivel de las prestaciones.

• Vinculado con el punto anterior, teniendo en cuenta que buena parte de la deuda del sector público es con los propios organismos estatales (ANSES, Banco Nación, AFIP, etc) la cuenta de intereses del sector público podría reducirse a cerca de $5.000 millones, con lo que se liberaría más de $20.000 millones de las cuentas fiscales.

• Con respecto a una reforma de ganancias, una estimación conservadora supone ampliar recaudación por esta vía en cerca de $7.000 millones.

Todas estas alternativas de disposición casi inmediata permiten financiar nuestra propuesta. No se trata de una restricción económica la que impide hacerla posible sino en todo caso de una restricción política que nosotros no respetamos.
 

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