[Bs. As.] 21F y los trabajadores de la economía popular

La disputa entre el presidente Mauricio Macri y el secretario general de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano viene in crescendo hace algunas semanas. Nada es azaroso es nuestro país sino más bien secuencial: proyecto de reforma laboral, contrapunto con los sindicatos y dilación de senadores. Desde los manuales duranbarbistas sugieren buscar el mayor descrédito posible del contrincante a vencer, en un ejercicio de difamación, amplificación y post verdad. Pero en el barrio pasa otra cosa y en los laburantes pasa otra cosa: la plata no alcanza para llegar a fin de mes y tienen claro que las medidas económicas no alumbran sus veredas.

La reforma laboral lleva en sus hombros un plan de ajuste que tarde o temprano terminará recayendo sobre la espalda de los trabajadores/as, en los hechos se traduce en un fuerte ajuste económico que se llevará a cabo a través de la disminución del costo de trabajo porque es la génesis de quienes gobiernan suponer que las causas de la inflación está en los trabajadores. De ello no están dispuestos a hablar y quieren que creamos que esta pelea tiene que ver con posibles complicaciones judiciales a las que se encuentra expuesto actualmente el líder sindical. Desvían la atención con este argumento, disimulando sus verdaderas intenciones: recortar en dos mil millones de dólares los convenios de trabajo de los camioneros. Si logran esto le será más fácil avanzar con ajustes en otras ramas laborales.
Disciplina y triunfarás es la reversión del refrán.

Esta nueva reforma, de fuerte sesgo flexibilizador, impactará primero sobre los trabajadores formales y luego sobre el 33% que lo hacen de manera informal. ¿Qué significa esto? Sin vacaciones, aportes previsionales, ni derechos laborales básicos.

Informalidad, inversiones y emprendedurismo

La informalidad laboral es un fenómeno heterogéneo y multi causal que nuestro país padece hace muchos años, y se ha incrementado en el último periodo. Muchos la asocian a las pymes sin embargo es un clásico en grandes empresas, donde muchas veces la evasión de los aportes a la seguridad social se vincula a una cadena más grande de evasión impositiva. La reforma laboral propone avanzar con el blanqueo a esas empresas, que incluye una condonación de multas y deudas para aquellas que formalicen trabajadores, no solo siendo injustas con aquellos que cumplen sino que sobrestimando el impacto que esto tendrá en la reducción de la informalidad. En el caso de las pymes las estrategias para combatir la informalidad deberían combinar políticas laborales con políticas productivas, algo que no está contemplado en el proyecto de reforma.

Tampoco han llegado las aclamadas inversiones, quizás porque sea más tentador colocar dinero en letras a tasas siderales, y andar por la bicisenda financiera que más les gusta. Incluso algunas de las empresas que anunciaron inversiones ante el presidente Macri, como Cargill, semanas después despidieron a 45 trabajadores.

Ante la creciente ola de despidos en el Estado y por parte de empresas privadas, se incrementa el coro de sirenas sobre el emprendedurismo, concepto que acuña a la supervivencia individual y esconde auto flexibilización y por supuesto la no sindicalización, profundizando una tendencia a desregulación laboral, la flexibilización y precarización.

 

¿Qué pasa en el barrio?

Meses atrás realizamos una encuesta para Tercer Cordón “Trabajo, las estadísticas que nadie ve”,   realizada en su gran mayoría (91%) a personas que son el principal sostén del hogar, dato importante para brindar información acerca del trabajo y el sostenimiento económico del hogar. Dicho relevamiento indicó, entre otras cosas,  que al 64% de los entrevistados no tuvo más oportunidades para hacer “changas” (trabajos de ocasionales de baja remuneración y poca continuidad), en el último año y que al 82% no le alcanzan los ingresos para cubrir los gastos de su hogar.

La mayoría de ellos son trabajadores de la economía popular, algunos informales y otros con monotributo social. El actual proyecto de reforma de las normas laborales, agudiza la precarización de los trabajadores tercerizados y de la economía popular, estableciendo de manera arbitraria que ciertos oficios como limpieza, seguridad, transporte, informática, entre otros, no pueden reclamar ante las empresas que tercerizan servicios aunque se incumplan sus derechos laborales. Recordemos que en nuestro país existe entre un 30% y 40% de trabajadores tercerizados, que 8 de cada 10 compañías locales subcontratan ciertos servicios propios de su actividad y que los servicios que más se tercerizan son limpieza y seguridad (65%), servicios tecnológicos (35%) y transporte y logística (35%). Casualmente los servicios a los que el proyecto de ley les veda la posibilidad de reclamar.

El  trasfondo de la pelea entre Moyano y el Gobierno no radica en transparentar la estructura sindical o perseguir a las mafias; sino en disciplinar a los laburantes a costa de los derechos de los trabajadores, y empezar así con una reforma laboral a su medida.

La resistencia social ante la imposición de la reforma previsional no pasó desapercibida para nadie y ha dejado siembra para una nueva agenda entre organizaciones sociales y centrales sindicales en un espacio que defienda a los trabajadores formales que hoy ven peligrar sus derechos, y también que incorpore en la agenda la defensa de los trabajadores pobres e informales.  El 21 de seguro habrá mucho tercer cordón.