Comunicado multisectorial por la nueva embestida contra el pueblo mapuche

Comando Unificado contra la violencia de la RAM: la nueva embestida del Estado Nacional y provincial contra el pueblo mapuche

Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas. El gobierno busca construir una entidad a la que identifica como RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) -con argumentos notablemente endebles- como el enemigo privilegiado, al tiempo que extiende esta caracterización de “peligrosidad” a grupos políticos de izquierda, sectores anarquistas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, de los que afirma que confluirían en un accionar violento y extendido que ameritaría una respuesta contundente del Estado: la creación de un “comando unificado”.

El informe que se hizo público en los últimos días y que es la razón por la que se crea dicho “comando unificado”, está plagado de inexactitudes, información intencionalmente distorsionada y sesgado de modo tal, que lleve a la justificación del uso de la violencia estatal. Afirma sin más –careciendo del respaldo necesario, dada la gravedad de la información que transmite- que la tal RAM sería un movimiento etnonacionalista violento estrechamente vinculado a la Coordinara Arauco Malleco de Chile (CAM) y dependiente del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP), quienes compartirían sus objetivos políticos: la lucha insurreccional contra el Estado argentino (y el Estado chileno) y la propiedad privada de la tierra.

En el informe, llegan a ilustrar como “armas utilizadas” por las organizaciones “terroristas” a herramientas tales como serruchos, destornilladores, motosierras o tenazas, todas ellas indispensables para cualquier trabajo llevado adelante en el campo. Algunas otras de “las pruebas” aportadas son los panfletos distribuidos en los lugares donde se llevaron adelante acciones ilícitas, comunicados en la web y pintadas, sin detenerse a considerar que “cualquiera” puede imprimir panfletos, subir comunicados a la web o pintar consignas. Es de destacar que todo el material probatorio que presenta este “informe“ ha sido tomado de publicaciones en medios masivos de comunicación y de páginas de internet, y que en donde se afirma que cuenta con “indicios” propios que probarían la culpabilidad de las organizaciones, dichos indicios no se explicitan.

En un extenso capítulo segundo, los autores le atribuyen a la RAM, livianamente, 96 hechos judicializados y de conocimiento público, sin adjuntar ninguna otra prueba que –otra vez- panfletos, pintadas, trascendidos, etc. etc., demostrando una vez más cómo el aparato de inteligencia “construye la realidad”, realidad que responde y se adapta a los parámetros ideológicos de este gobierno.

El informe da por ciertos este conjunto de hechos, como si todos ellos ya hubieran sido juzgados, contaran con sentencia firme, y hubieran sido cometidos por miembros de la RAM, quienes previamente habrían confesado su membrecía y su autoría (a través de la sola presencia de panfletos). Por el contrario, muchos de los hechos denunciados ya han sido públicamente desmentidos. Hasta tal punto dicho informe es parcial, malintencionado y engañoso, que confunde la preservación cultural con la formación de un Estado paralelo, ejemplificando esta situación con el permanente reclamo por parte de las comunidades mapuches de que se permita ingresar por la frontera hierbas medicinales, que precisamente responden a sus propias prácticas y no configuran delito, sino que por el contrario, el derecho a la procuración de la  salud por vías tradicionales está reconocido en la legislación vigente. Es decir, no solamente se confunde intencionalmente el reclamo por la defensa de pautas culturales acotadas con una supuesta amenaza a la soberanía nacional, sino que se pretende un retroceso en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por el Estado argentino después de muchas décadas de pacífico y trabajoso diálogo intercultural.

La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este “enemigo mapuche”, recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina. Su fuerza argumentativa radica precisamente en el conjunto de falacias, que nuevamente invocan conexiones internacionales, vínculo con las guerrillas colombianas (ya hoy en proceso de paz), o nexos con organizaciones kurdas.

Pero no sólo “imagina” los nexos con enclaves internacionales, sino que también incluye organizaciones no gubernamentales, ejemplificando con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), una organización reconocida a nivel nacional e internacional que trabaja acompañando los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, en especial los derechos de las comunidades mapuche. En definitiva, ignora la vigencia de los derechos indígenas en Argentina, considera que la propiedad comunitaria indígena –aunque sea un derecho de rango constitucional- es incompatible con la propiedad privada, demonizando cualquier sector, grupo, organización que luche por la vigencia de estos derechos, cubriendo con un manto de sospecha cualquiera de sus actividades.

Asimismo, contradice la ley de inteligencia nacional 25.520 que prohíbe que cualquier organismo de inteligencia obtenga información “…sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (art. 4, inc. 2).

El informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es lamentable y genera una profunda preocupación por la firme decisión manifestada por el gobierno de perseguir al pueblo mapuche, configurando escenarios que vuelven a justificar la represión y criminalización. No olvidemos que en los últimos cuatro meses hemos asistido a la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto de represión, y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad estatal.

En tanto Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, queremos manifestar nuestro rechazo hacia el conjunto de acciones políticas que el gobierno está llevando a cabo en relación a la histórica problemática indígena, pretendiendo convertir a las comunidades mapuches y sus miembros en sujetos pasibles de persecución por un supuesto accionar violento; violencia que no duda en ejercer el Estado a través de sus diferentes instancias y de las acciones que despliega.

Es imperioso detener esta escalada de violencia institucional.

NO más persecución y demonización de los pueblos indígenas. 

Por la defensa de la vida. Por el respeto de la Constitución y el régimen democrático, Por el reconocimiento del derecho a las tierras y el territorio de los pueblos indígenas.

Espacio Nacional por la Paz y el Dialogo Intercultural

 

Firmantes:

Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Nora Cortiñas, Obispo José Macín, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Kordon, Diana Lenton, Claudio Lozano, Ruben Lo Vuolo, Fernando Chino Navarro, Cinthia Mónaco, Francisco Nazar, Magdalena Odarda, Padre Pepe, Silvina Ramírez, Darío Rodríguez Duch, Adolfo Rodrìguez Saa, Beatriz Sarlo, Felipe Solá,  Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.

Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional

Primeras adhesiones personales:

Lucrecia Martel, Ricardo Alfonsín, Horacio Verbitsky,  Gabriela Massuh, Julian López, Jorge Taiana, Rubén Giustiniani, Héctor Polino, Luis Puenzo, Luis Felipe Noé, Mario Pecheni, Patricia Zangaro, Patricia Pintos, Lita Stantic, Horacio González, David Blaustein,  Selva Almada, José Nun, Alicia Lissidini, Lucy Edelman, Nicolas Tauber, María Sonia Cristoff, Laura Ginsberg, Elizabeth Jelin, Horacio Tarcus, Rita Segato, Liliana Parada, Juan Pablo Cafiero, Eduardo Jozami, Lila Pastoriza (y sigue las firmas)

Primeras adhesiones de organizaciones:

Aministía Internacional, Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación de Abogados Populares de Catamarca Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Consejo Consultivo de Pueblos indígenas de Argentina, Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen END, Unión de los Pueblos Diaguitas-Tucumán Huerquen-Comunicación en Colectivo (siguen las firmas)

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