El debate sobre la baja de edad de imputabilidad y la creciente influencia de las mafias del crimen organizado
En las últimas semanas del ya finalizado 2016, situaciones de violencia, robos y homicidios han puesto otra vez en la escena pública el tema de la “inseguridad”. En particular el caso terrible, doloroso de Brian Aguinaco, de 14 años, quien falleció el 25 de diciembre luego de haber recibido varios disparos en un intento de robo. Uno de los dos ladrones, sindicado como el asesino, tiene 15 años y también se llama Brian, vivía en la Villa 1-11-14 vecina al barrio de Flores, fue detenido en la frontera, del lado Chileno, cuando huía al País vecino. El otro, de 26 años fue detenido en la propia villa.
La reciente injustificada liberación de Brian Joel y su rápida salida del país, es una confirmación pura y dura que la raíz de la creciente inseguridad que sufrimos, proviene de organizaciones delictivas mafiosas con ramificaciones en la justicia y las fuerzas de seguridad.
La primera preocupación de la sociedad por estos días es, pasa por este tema. El crecimiento de las situaciones de violencia y delito, la impericia y/o la complicidad de los sectores de poder, son, sin duda, las dimensiones centrales a la hora de explicar la preocupación de la población en su conjunto.
Luego del asesinato de Brian, los familiares y vecinos realizaron varias marchas y en una de ellas terminaron tomando la comisaría Nº 38 de la Ciudad de Buenos Aires. El creciente pedido de justicia y de una efectiva presencia policial es genuino y debe ser oído.
En ese reclamo, como en todos los que se vienen sucediendo con motivo de los reiterados hechos delictivos –desde distintas modalidades de robo hasta asesinatos en diversas circunstancias- la indignación de los manifestantes, está dirigido contra la impunidad de que gozan tanto los involucrados directamente, como la policía y la justicia, a las que se sospecha que son encubridores, cómplices o directamente promotores de los casos denunciados. Esta sospecha generalizada, no surge de una “sensación” infundada: barrios de distintas ciudades, como el de la CABA donde sucedió el crimen de Brian, desde años son zonas asoladas por todo tipo de delito. Las acciones de la policía, de las autoridades y de la justicia, no sólo no demuestran eficacia para combatirlos o limitarlos, sino que en muchos casos cuando las víctimas concurren a las comisarías, sus denuncias no son tomadas en serio, y no pocas veces se cruzan en la propia comisaría con alguno de sus victimarios. En el caso concreto de la Comisaría 38 de Flores en cuya jurisdicción se cometió el asesinato de Brian, el comisario Alejandro Attili, a cargo de la misma, fue suspendido y reemplazado de su cargo. Sin embargo pocos días después, por un decreto firmado por Macri y Patricia Bulrich, fue promovido al grado superior de Comisario Inspector. El antecedente es que Attili llegó en 2014 a la jefatura de la 38 de Flores, trasladado desde la comisaría 42 de Mataderos, donde tuvo serios cuestionamientos por su desempeño.
Hechos como el crimen de Brian generan el caldo de cultivo para que el diablo meta la cola, y Macri emita un decreto que inicie el camino hacia la famosa baja de edad de imputabilidad, tema siempre puesto en discusión en años electorales. Debemos entonces, reflexionar profundamente y con cuidado sobre este tema. Para debatir y avanzar hacia la búsqueda de políticas públicas efectivas que resuelvan los problemas existentes es necesario preguntarse ¿Quién genera la inseguridad? ¿Quiénes son los actores sociales responsables? ¿Qué pasa con las estadísticas en torno al delito? ¿Cuál es el rol que le cabe a la policía? ¿Qué están haciendo las autoridades políticas, las cúpulas de las policías federal y de las provincias? ¿Qué pasa con la justicia?
Empecemos entonces a analizar algunos mitos
Para comenzar es conveniente un breve recuento del contexto social e institucional en que nos encontramos. 1°) Varias décadas de políticas neoliberales dejaron a un tercio de la población en condiciones de pobreza y a casi un 7% de los argentinos sin los recursos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. La pobreza afecta a la mitad de los niños y adolescentes, y una porción mayoritaria de éstos no estudia ni trabaja. 2°) Las redes delictivas en general y de narcotraficantes en particular, se han ido instalando en los barrios pobres de los conurbanos de nuestras grandes ciudades, echando raíces allí, a caballo de ser capaces de ofrecer “trabajo” de distribuidores y/o de “soldados” a niños y adolescentes que no tienen perspectiva ni futuro. 3°) La policía controla y/o protege estas redes, como así también las de trata, y las de las bandas de robos organizados, ya sea mediante la apertura de las zonas liberadas y/o marcando los lugares más “adecuados” (casas, vehículos, entraderas, etc). Los que producen los robos muchas veces son reclutados directamente por la policía, entre jóvenes detenidos por hechos menores (tenencia y similares), o en complicidad con el servicio penitenciario que los libera por izquierda para que realicen sustracciones previamente planificadas. El caso de Luciano Arruga es un ejemplo extremo de los que les puede suceder a algunos de ellos cuando se niegan a cumplir con estas órdenes policiales.
Aun así, todas las estadísticas existentes, desde las que publica el gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un registro detallado año por año, hasta las de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, pasando por las que surgieron como producto de investigaciones de UNICEF, muestran porcentajes ínfimos del total de los delitos denunciados, los que son producidos por jóvenes de entre 15 y 16 años. Durante el año 2016 fueron informados por las fiscalías criminales y correccionales ordinarios de la CABA, unos 65.000(sesenta y cinco mil) delitos. Cerca de 3.000(tres mil) casos corresponden a los juzgados de menores –en el informe no están discriminados por edad, con lo que consideran a todos los menores de 18- entre los que hay 25 (veinticinco) casos de homicidio para todo el 2016. En 2009, UNICEF Argentina informó, que en nuestro país se producen 2000 (dos mil) homicidios cada año, de los cuales 200 (doscientos) son cometidos por menores de 18, y de éstos, 15 (quince) involucran a adolescentes menores de 16.
Aun así, el gobierno nacional a través de su Ministro de Justicia y de diferentes funcionarios nacionales, propone debatir la posibilidad de incrementar las penas a menores de 16 años cuando los mismos hayan sido condenados por homicidios, violaciones y delitos con portación de arma de fuego. "El Presidente está de acuerdo en dar esta discusión. Es un tema que hemos conversado muchas veces con él" declaró el jefe de la cartera de justicia. El principal argumento que sostienen es que la ley 22.278 que determina los procesos penales a menores es una ley de la dictadura. Sin embargo, esta justificación es falaz, si hablamos en abstracto. Seguramente hay que modificarla o reemplazarla para mejor, no para servir a transformaciones más regresivas.
Pero veamos el contenido de las normas específicas existentes y que se pretenden reemplazar. El Artículo 1° de la ley 22.278 (Ley de minoridad vigente), modificada por la 22.803, dice:
“No es punible el menor que no haya cumplido 16 años…si existiera imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento del menor, de sus padres, sus condiciones ambientales…en caso necesario pondrá al menor en el lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro moral o material, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.”
Por lo tanto la justicia cuenta con las herramientas que le permiten tomar medidas que, por un lado respeten los derechos del menor contemplados en las convenciones internacionales y en las leyes nacionales que los garantizan, y por otro, preserven al conjunto de la sociedad de la posible continuidad de delitos de parte del menor imputado, como consecuencia de “abandono, falta de asistencia, o problemas de conducta”. O sea que los menores de 16 años, con la norma actual, pueden ser imputados y responsabilizados si cometieran delitos, como también ser trasladados a los institutos destinados para ellos. En realidad, la discusión es si pueden ser punibles, es decir, si se pueden aplicar condenas a menores en igual cantidad de años que a los adultos. Básicamente la discusión es si es posible dictar penas máximas, como cadena perpetua a adolescentes de 15 años, teniendo en cuenta que el país adhiere a tratados internacionales que lo prohíben. La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que para la Argentina tienen rango constitucional, impide a los países firmantes dictarles penas de esa magnitud. Hay precedentes, durante la década del noventa, de dictado de cadena perpetua a cinco niños. Les dieron 25 años de condena con pruebas sumamente débiles, y la Corte Suprema menemista ratificó el fallo. Motivo por el cual Argentina fue sancionada en una corte internacional, por el caso de Lucas Mendoza. El problema es que cuando la corte internacional falló, de los cinco niños, cuatro habían muerto en diferentes penales y Lucas estaba ciego por una toxoplasmosis mal curada producto de un pelotazo que le dieron en un ojo, había recorrido el centro de menores Agote, la cárcel de Marcos Paz, una cárcel de Neuquén y la cárcel de Devoto.
Nos quedan dos preguntas para el final
La primera: ¿Por qué, si la participación de adolescentes de 15 y 16 años ocupa un lugar marginal en el mapa del delito, y existen normas vigentes que contemplan su tratamiento, se busca alcanzarlos con normas que agravarían las penas que podrían llegar a cumplir?
Está demostrado hasta el cansancio que la inseguridad generalizada que padecemos tiene origen en bandas organizadas sospechadas de complicidad con la policía y protección de la justicia. Poner el acento en castigar a los menores de 16 años, es un camino falso, que no conduce al cuerpo de un pulpo con brazos que crecen en todos los sectores de la sociedad, principalmente de la mano del narcotráfico. No es fácil creer que las autoridades que hacen eje en este debate estén actuando ingenuamente.
La segunda: ¿Por qué el menor acusado del asesinato de Brian Aquino, fue liberado con la argumentación que la ley vigente no podía mantenerlo detenido por más tiempo, cuando eso no es cierto?
Flores y Parque Chacabuco, son de los barrios de la CABA más asediados por olas delictivas que no dan respiro. Los ladrones son parte de bandas que tienen asiento en la villa 1-11-14 y otras cercanas. Pero son los vecinos residentes en estas villas, los más perjudicados por este accionar delictivo, situación que vienen denunciando desde hace años. Sufren los robos a diario, por lo que se ven obligados a organizarse para circular por las calles su propio barrio, como así también a enrejar la entrada a sus casas y los accesos a los diferentes pasillos de la villa. La policía llega hasta el borde del barrio y no entra allí. Cómo se puede entender esto, sino como acuerdo y complicidad. La policía no avanza más allá de los límites para adentrarse en el barrio, pero los delincuentes salen allí producen todo tipo de hechos ilegales. Como se puede entender, sino como protección de la justicia, cuando lo que sucede durante años, no provoca ningún tipo de intervención judicial eficaz.
La liberación de Brian Yoel, puede responder a dos causas principales. Una, la confirmación de complicidad y protección de la justicia que debería actuar de manera diametralmente opuesta a como lo viene haciendo. La otra, lo libera con el falso argumento que no es punible porque es menor de 16 años, y entonces no puede retenerlo. Con lo cual se demostraría artificialmente que es indispensable bajar la edad de imputabilidad. Nada más coherente suponer que si en esa zona de la CABA, la impunidad de las bandas delictivas se ha enseñoreado desde hace años, los actores involucrados estén altamente interesados en poner la mira en los adolescentes de 15 y 16 años, y evitar cualquier debate sobre la creciente presencia del crimen organizado.
Isaac Rudnik/Lucia Bianchi
