Comprender el origen de la violencia de género

En la madrugada del domingo 11 de mayo Chiara Páez fue vista por última vez. A las pocas horas, su cuerpo apareció enterrado en el patio de la casa de su novio, en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. Tenía catorce años y estaba embarazada.

Previo al crimen de Chiara, el 16 de abril, María Eugenia Lanzetti fue asesinada por su expareja en el jardín de infantes donde trabajaba, en Córdoba capital.

Una semana antes, el 10 de abril, Marcos Álvarez apuñaló a Agustina Salinas en pleno Puerto Madero.

Y la lista sigue…

El hallazgo del cuerpo de Chiara conmocionó a la opinión pública y provocó el hartazgo de una sociedad que ya ha perdido la capacidad de asombro: en los noticieros ven casi a diario cómo las víctimas aparecen muertas dentro de una bolsa. Tras el asesinato de 277 mujeres en el último año, la muerte de esta adolescente santafesina fue la gota que colmó el vaso, y disparó el comienzo de una discusión masiva sobre la violencia de género en la Argentina.

El grito de #NiUnaMenos se expandió por las redes sociales, acaparó pantallas de tevé, micrófonos radiales y se volvió masivo. Voces de todo el arco político, artistas, intelectuales y deportistas se comprometieron con la causa y por primera vez la cuestión de la violencia de género se transformó en una cruzada nacional. En las últimas horas, la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresó en Twitter: “Estamos ante una cultura devastadora de lo femenino”.

Miles de personas se concentraron frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna #NiUnaMenos, para decirles basta a los femicidios. La movilización se extendió a todo el país. La magnitud de esta convocatoria, realizada de manera espontánea, es histórica.

Sin embargo, la cuestión no se reduce a una marcha y lamentablemente no basta con que las personas tomen la calle. La discusión es compleja, debe ser exhaustiva y será larga, si se quiere abarcar el problema en su totalidad.

Si bien en 2009 el Congreso sancionó la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26485), en la Argentina muere una mujer cada 36 horas.

Por otra parte, a raíz de la visibilidad que cobraron los femicidios en nuestro país, en diciembre del 2012, mediante la Ley 26.791 se reformó el art. 80 del Código Penal que incorpora como un tipo agravado de homicidio al cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género.

Ni la ley sancionada en 2009, ni la reforma de Código Penal contribuyeron a disminuir el número de femicidios.

La agrupación MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) con ayuda del IsepCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) realizó un monitoreo para medir la aplicación de la ley en diez provincias, desde el año en que se sancionó hasta agosto de 2014.

Los datos arrojados por el estudio demuestran que pese a la existencia de esta legislación, lejos de disminuir, los casos de violencia de género contra la mujer aumentaron notablemente.

Qué dice la ley

El artículo 4° de esta ley define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa e indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas por el Estado o sus agentes. Se considera violencia indirecta toda conducta acción u omisión, disposición, criterio o practica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.”

Por otra parte, los artículos 5° y 6° detallan los distintos tipos de violencia y las modalidades en que pueden manifestarse. En este sentido, la ley contempla la existencia de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica; que a su vez puede expresarse en violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, y mediática.

Esta ley también establece la obligación del Estado de diseñar y ejecutar políticas públicas que tengan como objetivo la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. El artículo 8° define que el Consejo Nacional de las Mujeres será el órgano responsable de la aplicación en todo el territorio nacional.

Además, establece la creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de recoger y procesar datos para el desarrollo de un sistema de información permanente a nivel nacional. Debe servir de base para la elaboración de políticas públicas tendientes a combatir los distintos tipos de violencia contra las mujeres. A su vez, la información recabada por el observatorio debe ser actualizada periódicamente y publicada en un informe anual.

La deuda social del Estado

A seis años de su sanción, ninguno de los organismos mencionados funcionan en su totalidad y el panorama es poco alentador. En la práctica, la ley no supuso un salto cualitativo ni mucho menos cuantitativo en el abordaje de la violencia contra la mujer.

De 24 provincias, 17 adhirieron gradualmente a la ley, mientras que siete provincias todavía no la reconocen.

Entre las primeras, Corrientes, La Rioja y La Pampa adhirieron en 2009; en el 2010 lo hicieron Mendoza, Tucumán y Chaco; en 2011, Santa Cruz, Formosa, Chubut, Santiago del Estero y Río Negro; en 2012 se incorporó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Entre Ríos; y en 2013, San Luis y Santa Fe.

Aún no adhirieron Córdoba, Salta, San Juan, Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén.

De todas las provincias que reconocen la ley, solo Corrientes, Tucumán, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Entre las principales causas que explican su falencia, prima la financiación que el Estado omite para la aplicación de la ley.

El presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres representa solo el 0,0018% del total del presupuesto nacional aprobado en 2014, y el 0,0040% del presupuesto 2015.

Por último, las líneas telefónicas de consulta y asesoramiento no logran articularse con las instituciones y recursos locales, y esto pone en evidencia un elevado nivel de insuficiencia en su aplicación. La falta de cifras oficiales y registros unificados también es un inconveniente para diseñar políticas públicas. Además, muchas mujeres padecen de enormes dificultades para acceder a la justicia, y esto también alienta la perpetración de la violencia.

Según la antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde, “si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al femicidio”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la mujer?

El término femicidio fue acuñado por Lagarde, quien lo definió como el genocidio contra mujeres que sucede “cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”.

Lagarde sostiene que los femicidios, que pueden ser perpetrados por conocidos o desconocidos de la víctima, tienen en común que las mujeres “son usables, prescindibles, maltratables y desechables, y todos coinciden en su infinita crueldad. Son crímenes de odio contra las mujeres”.

En esta línea, para Lagarde la violencia contra la mujer es estructural. La dinámica del poder es una de las características más comunes de este tipo de violencia; en este entramado se tienden relaciones que subordinan a las mujeres, respecto de un varón que domina y abusa.

En el vínculo entre víctima y victimario existiría una suerte de placer de parte de quien daña, golpea o mata, mientras que en el imaginario social se aloja la idea de que la víctima es un sujeto pasivo, susceptible de ser sometido a distintos juicios de valor.

En este sentido, no sorprende escuchar que, cuando una mujer es violada, se justifica la violencia en la ropa que llevaba puesta, o se cuestiona si había bebido alcohol, o simplemente se argumenta que ella “se lo buscó”.

La naturalización de la violencia, argumenta Lagarde, libera de responsabilidad al agresor, contribuye a perpetuar los abusos de poder y refuerza la creencia de que los varones son más fuertes y por eso tienen más derechos que las mujeres.

La violencia de género en América Latina

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señala que en 2014, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia; 83 en Perú; 71 en República Dominicana; 46 en El Salvador; 25 en Uruguay; 20 en Paraguay, y 17 en Guatemala.

En Ecuador, el delito se castiga con una pena de 22 a 26 años de cárcel. Sin embargo, el año último se registraron 97 femicidios.

En lo que va del año, en Chile asesinaron 16 mujeres; según la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, la debilidad de la legislación chilena consiste en que "permite que las denuncias las hagan otros, pero tienen que ser ratificadas por la mujer que ha sido víctima".

En Costa Rica la tendencia es menor. Sin embargo, hubo 27 casos de femicidios en 2014, a pesar de que el delito tiene una pena de entre 20 y 35 años de prisión.

Las cifras más alarmantes, sin dudas, son las de Brasil. En este país, son asesinadas 15 mujeres por día; seguido de México, que registra 2 mil muertes al año, un promedio de cinco mujeres por día.

¿Qué sucede en otros países?

Mientras la discusión en la Argentina, y en la mayoría de las naciones de América Latina, se sustenta sobre la violencia de género como una violencia ejercida desde el varón hacia la mujer, unidireccionalmente, en algunos países europeos, como Inglaterra o España, ya se levantan voces disidentes acerca del abordaje que se hace de este flagelo.

Quienes se ocupan del tema advierten que violencia de género, violencia contra la mujer y violencia familiar no significan lo mismo, y que encasillar a los crímenes cometidos contra las mujeres dentro de la violencia de género es una visión simplista que victimiza a la mujer y culpabiliza al varón, una perspectiva que, argumentan, produce una concepción negativa de la masculinidad.

La activista inglesa Erin Pizzey es la pionera mundial en la creación de refugios para mujeres. Su perspectiva de la violencia de género fue criticada y boicoteada por militantes ultrafeministas. Pizzey, víctima ella misma de una familia violenta, sostiene que la violencia doméstica es recíproca, y que las mujeres son igualmente capaces de ejercer violencia que los varones.

Por otra parte, la ensayista anarquista madrileña, Prado Esteban Diezma, sostiene: “La sociedad actual es el resultado de un conjunto de fracturas que representan el fracaso de todo lo colectivo y, por lo tanto, también la imposibilidad de hacer frente al sistema”, y agrega que “la creación de grupos de intereses corporativos cada vez más específicos, la obsesión por las ‘minorías’, los victimismos, los derechos, las reivindicaciones y los perfiles identitarios cerrados son algunas de las formas que adopta la sociedad de las fracturas, la sociedad del desencuentro entre iguales”.

En este sentido, una de las fracturas que plantea Esteban Diezma es la que ocurre entre los sexos. Según la madrileña, “el Estado ha utilizado el enfrentamiento entre mujeres y hombres de forma recurrente a lo largo de la historia”.

Para la autora, el fin último del patriarcado es la separación, el enfrentamiento de los sexos y la división de la humanidad en jerarquías sociales que sostengan las jerarquías políticas, para desunir al pueblo y que este sea sumiso. En sus muchas conferencias en universidades suele advertir sobre cómo este accionar está destruyendo los vínculos horizontales, entre ellos, la familia.

“La nueva guerra de los sexos consiste en culpar a los hombres de ser el origen de la dominación sobre las mujeres y exculpar al Estado de cuya ley proviene, al menos en Occidente, lo esencial de la opresión femenina”, sostiene Prado, y agrega que “el nuevo patriarcado estableció la separación radical entre las mujeres y los hombres, y la custodia y tutela de las mujeres por el Estado”.

Todo indica que la cuestión de la violencia de género no se podrá erradicar sin decisión política. Aún no se puede medir la eficacia de la ley porque en seis años prácticamente no se aplicó.

La masiva manifestación de hoy es, claramente, un llamado de atención al Estado, para que, como garante de derechos, ponga a disposición sus recursos e implemente al máximo las herramientas legales.

Para que las voces que gritarán hoy no tengan que repetir #NiUnaMenosMenos, nunca más.