Un giro de 180°

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Un giro de 180°

En los últimos días, y como lo viene haciendo desde que estalló el conflicto por los cortes de luz, el gobierno sale a despegarse de Edesur y Edenor deslizando que se está evaluando la estatización de la empresa. Si no fuera por los antecedentes que tiene el kirchnerismo en el manejo de estas “crisis” de las empresas privatizadas, celebraríamos la idea de recuperar para el Estado uno de los resortes más importantes y estratégicos para el desarrollo del país, pero, visto y considerando las experiencias pasadas, lo más probable es que se siga el camino de Repsol, y otras tantas empresas privatizadas en los 90’, que fueron recompradas a precios desorbitantes y sin mediar ninguna investigación sobre la falta de inversión, la fuga de capitales a la casa matriz y el vaciamiento de los activos con los que contaban aquellas.

Esta gran cortina de humo creada por Capitanich, De Vido, Kicillof y otros voceros oficiales, mediante estridentes anuncios y con el fin de desviar la atención, no es más que un intento por tapar la complicidad de un Gobierno que, lejos de cumplir con su rol de fiscalizador y controlador de las concesionarias, se asoció en el saqueo y la corrupción, permitiendo que se llegara a la vergonzosa situación que viven hoy en día los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

Al mismo tiempo, las concesionarias denuncian pérdidas por más de 1300 millones de pesos, incremento de costos y que “los números no cierran”; deslizando que la responsabilidad por el pésimo servicio que brindan se debe al congelamiento tarifario, sin mencionar los millonarios subsidios que reciben por parte del Estado para suplir ese aumento proporcional que no acompañó la creciente inflación de los últimos años.

En el medio de todo este circo se encuentran los usuarios, verdaderos perjudicados de la corrupción que encierra este círculo vicioso que comenzó con la privatización de SEGBA en 1992 y que continua con la complicidad de los organismos de control actuales, que lejos de vigilar el cumplimiento de los contratos de los operadores del servicio eléctrico (la italiana Enel y empresarios locales, como Nicolas Caputo), se asocia a ellas en el saqueo y cumple obedientemente un papel decisivo en la generación, transporte y distribución; no sólo como regulador pasivo, sino como vital aportante de recursos monetarios y cogestionador.

Desde la Asamblea de Vecinos por la Luz seguiremos impulsando un giro de 180° en la política energética y la forma en que se debe supervisar a las empresas. Tras más de 20 años de concesión, consideramos que las empresas Edesur y Edenor dieron sobradas muestras de inoperancia e ineficiencia, por lo que el permiso para operar por 95 años firmado durante el Menemismo debería ser revisado de forma urgente. En ese mismo orden, el Ministerio de Planificación y el ENRE, encargados de controlar y regular a las empresas, resultaron ser sus cómplices directos y participes necesarios en la desinversión y el abandono; propiciando que la antigua red de distribución eléctrica colapsara.

Solo la creación de mecanismos de auditoría que permitan la participación plena de la Sociedad Civil (Organizaciones de Consumidores, Asociaciones Civiles, ONGs, Grupos de Usuarios, etc.) en el control de las inversiones, el mantenimiento y la ejecución de presupuestos y obras, podrá romper el esquema de corrupción sobre el que se sostienen los encargados de operar el servicio y los entes estatales responsables de controlarlos.

Adolfo Buzzo Pipet
Asamblea de Vecinos por la Luz