"Debe haber sanción ejemplar"
Debe haber sanción ejemplar para el agresor de la docente Castello
La terrible agresión física del ex concejal de Pampa del Infierno, José “Pepe” Gaitano hacia su pareja, la docente Mirtha Cecilia Castello, ocurrida el último 16 de octubre conmovió a la sociedad chaqueña.
Transcurridas mas de dos semanas de los acontecimientos las huellas de la violencia se hacen sentir no solo en la víctima , quien todavía permanece en grave estado en una clínica de la ciudad de Sáenz Peña, sino que han impactado también en una sociedad que al tiempo que condena unánimemente al agresor demanda el fin de la violencia contra las mujeres y el fin de la impunidad para los violentos que la ejercen.
La solidaridad ante lo ocurrido a la víctima es para destacar como un paso adelante en la consideración que cuando se ejerce violencia contra las mujeres se debe intervenir para hacerla cesar, abandonando la visión de que se trata de acontecimientos privados en los que no vale la pena entrometerse. Así lo entendieron dos ciudadanos de la localidad de Pampa del Infierno que se encontraban realizando tareas de albañilería en casa de la docente al momento en que el violento Gaitano descargó su brutal agresión sobre Mirtha Castello. Es doblemente valorable la conducta de estos trabajadores de la construcción por tratarse en el caso de Gaitano de un hombre con vínculos con el poder político local y provincial así como por ser ellos obreros que desempeñan su actividad en una ciudad de pocos habitantes, donde ponerse del lado de los débiles equivale la más de las veces a quedarse aislado y marginado de los derechos mas elementales.
Esta actitud de solidaridad ciudadana y también de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres con la víctima contrasta notablemente con la ausencia de funcionarios del gobierno provincial o legisladores del oficialismo a la hora de llevarle el apoyo y acompañamiento a Mirtha. Por el contrario, los familiares de la agredida hablan de llamados a la justicia por parte de funcionarios públicos del justicialismo gobernante para interiorizarse por la situación procesal de Gaitano y sus posibilidades “zafar” de su casi seguro destino carcelario. Esto demuestra, una vez más, los innegables vínculos entre la política y la delincuencia, más aún cuando quien se encuentra en problemas con la ley es un integrante de la “corporación” partidaria justicialista como Gaitano, ahora pasado a los filas de Massa.
Los ojos de la sociedad están puestos más que nunca hoy sobre el accionar de la justicia penal en el caso Castello. La víctima es hoy una sobreviviente en grave estado que conserva su vida gracias a la intervención de dos solidarios ciudadanos de humilde condición que evitaron que el agresor consumara sus escabrosas intenciones, ya que Gaitano cesó de golpearla no por propia voluntad sino por el providencial accionar de esos dos albañiles.
Todo un dato acerca de la peligrosidad del victimario lo constituye el hecho que aún estando prófugo de la justicia no cesó en sus amenazas de represalias hacia la víctima y sus familiares cercanos.
Por tanto, lo que el fiscal seguramente deberá decidir en los próximos días no solo será el dictado de la prisión preventiva .sino la posibilidad que se esté ante un verdadero caso de tentativa de homicidio agravado por la condición de mujer de la víctima, situación que se aproxima más a lo realmente sucedido, lo que podría modificar la caratula actual del expediente de lesiones graves calificadas a femicidio en grado de tentativa.
Los reclamos por más seguridad de la ciudadanía hacia los distintos poderes del Estado son una constante reiterada y en creciente aumento en nuestra provincia. En particular, la preocupación por el aumento de los crímenes contra mujeres por el solo hecho de serlo gana el centro de las demandas sociales debido a la falta de prevención y a la impunidad que rodea los recientes casos. La provincia del Chaco cuenta con una decena de las mas avanzadas normas de protección de las mujeres ante situaciones de violencia; la justicia penal chaqueña tiene, con las últimas reformas del Código Penal respecto al agravamiento de las penas de delitos relacionados con violencia de género, las herramientas necesarias para avanzar en el camino del cumplimiento de la ley que no es otra cosa que el comienzo del fin de la impunidad para estos hechos y sus autores responsables. El derecho a la vida y la integridad psíquica y física de miles de nuestras ciudadanas demanda justicia. Que así sea.
CARLOS MARTINEZ FIDANI
DIPUTADO PROVINCIAL
BLOQUE LIBRES DEL SUR
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