Carta al ministro Granados

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Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Me dirijo a Ud. con motivo de su decisión de estado público de establecer nuevamente el alojamiento de personas detenidas en dependencias policiales, cuya clausura fue ordenada oportunamente por la justicia, justamente en razón de las terribles condiciones en que se encontraban.

Muchos de esos escenarios han sido testigos de apremios y vejaciones, y en algunos casos incluso, de desapariciones forzadas de personas. Este fenómeno se extiende a lo largo de nuestro país, donde muchas veces no llegan a actuar las defensorías públicas ni las ONGs-
 

Sr. Ministro, la sociedad se encuentra preocupada y consternada por la inseguridad, situación a la que debemos responder con mayor contención a los sectores vulnerables, y una política criminal encaminada a atrapar a los delincuentes que más daño hacen, con herramientas legales e instituciones respetuosas de los derechos humanos. Varios observatorios de DDHH implementados en los últimos años nos indican que el fenómeno de la tortura invisibilizada puertas adentro de las cárceles es una realidad constante. El Estado debe ser garante de que ello no ocurra y también de un sistema judicial dotado de equipos investigativos propios y profesionales para que la justicia que todos reclamamos sea una realidad. Es un camino más largo, sin duda, pero el único fructifero en las sociedades democráticas.
 

Como funcionaria pública, pienso que sería muy negativo dar pasos atrás en esta materia. Nuestros Servicios Penitenciarios son un ejemplo de lugares donde “nadie se rehabilita” y donde se alojan miles de personas que aún no tienen condena. Incumplimos muchas de los estándares básicos en materia internacional respecto de las condiciones de detención de personas. Además, la privación de libertad es una medida de carácter excepcional y que debe estar orientada a reinsertar en la sociedad a sus beneficiarios, algo muy reñido con la actual situación. Creo también que estas medidas erráticas y superfluas que están tomando, no resuelven mucho; y pienso que en lugar de destinar efectivos y recursos indiscrecionalmente, deberían estar haciendo inteligencia a las bandas delictivas. Sin embargo, eligen este otro camino de detenciones masivas al azar, solo porque se ve, para que parezca que hacen algo, pero sabemos que así no resuelven nada.
 

Por todo eso, le pido que se deje sin efecto la Resolución Nro. 642 del Ministerio de Seguridad bonaerense, por el que Ud. ordena reabrir 200 calabozos clausurados entre 2011/12 debido a las graves deficiencias edilicias para la detención de personas, ya que esto es una regresión gravísima para la defensa y garantía de los DDHH, establecida en el conocido fallo de la CSJN " Verbitsky" del año 2005, el que derivó en responsabilidad internacional del Estado Argentino por las condiciones indignas en que se daban las detenciones en su provincia. Considero que una Resolución de este tipo es claramente contraria a las políticas de seguridad democrática y a la responsabilidad del Estado de no tener personas detenidas en comisarías. Si lamentablemente en esto derivó el “Plan de Emergencia en Seguridad bonaerense”, lanzado hace un mes y medio por el Gobernador Scioli, también le solicito su reconsideración, porque estas detenciones masivas, no solucionan nada, pues la inseguridad como la conocemos aumenta día a día.

Victoria Donda Perez, diputada nacional
Libres del Sur en el Frente Amplio UNEN