IVE: Una deuda de la democracia

Legalizacion de la Interrupción voluntaria del embarazo: Una deuda de la democracia. 

Ayer la Presidenta Cristina Fernandez se reunió con los/as académicos/as y políticos/as a quienes convocó para formular una reforma integral al Código Penal Argentino.

Por supuesto, el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se hizo presente. Sin embargo, se acordó que unos de los temas que no sería incluido en la  reforma que se intenta proyectar, sería precisamente aquel. En todo caso, se consideró que debía ser materia de una ley especial para que sea discutida y debatida por el Congreso. 

Algunos otros temas si fueron puestos a consideración para la reforma proyectada: el tema del régimen penal de menores que se consideró urgente, pues no es posible que aquellos sean sometidos al mismo régimen que los mayores; las penas deben ser revisadas, porque no se trata de que el Código Penal sea un instrumento de "venganza" contra quien ha delinquido; es necesario incluir los lineamientos que los tratados internacionales y regionales ratificados por la Argentina imponen en materia de derechos humanos, etc etc. 

En ese marco, la cuestión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo parece no estar dentro de esas preocupaciones, de esas urgencias, ni parece ser tampoco una cuestión de derechos humanos, a pesar, incluso, de los tratados, y de lo manifestado por organismos internacionales de contralor de esos tratados. Esos organismos que insisten en recordar a la Argentina que debe revisar su política de penalización del aborto pues arroja a 500.000 mujeres al año a la clandestinidad de la práctica, a que sea ésta la principal causa de  mortalidad materna, a que alrededor de 70.000 mujeres culminen anualmente hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Esas cifras, que fueron elaboradas por el Ministerio de Salud del gobierno de Cristina Fernandez, nos confirma lo que ya es evidente: la penalización del aborto no consigue detener la práctica que realizan año tras año miles de mujeres de todas las clases sociales y de todos los sectores; la penalización del aborto nos empuja a las mujeres a la inseguridad, a poner seriamente en riesgo nuestra salud, y da como resultado la muerte de las mujeres más jóvenes y más pobres por aborto clandestino. 

Sin embargo, la presidenta consideró y ratificó luego, que el tema de la despenalización del aborto no era para tratarlo en esta reforma pues es entiende que es un tema complejo, ríspido, que merece el debate en el Congreso y que como consecuencia de esto, la reforma del Código Penal que propone no es el marco donde debe ser tratado. 

Pero, es posible afirmar que el nuevo Código Penal estará en sintonía con los derechos humanos mientras el aborto siga criminalizado? 

Es posible afirmar que una posible, y necesaria por otro lado, reforma del Código Penal que incluya la legalización del aborto, no será debatida por el Congreso de la Nación? O lo cierto es que esta reforma pasará necesariamente por el debate del Congreso pues es el único poder del estado facultado por la Constitución Nacional para el dictado de normas penales? 

Más allá del debate profundo que puede y debe darse alrededor del aborto, lo cierto es que ya nadie puede ignorar el hecho concreto y real de que la penalización no sirve ni ha servido nunca para evitarlos, y sobre todo que los únicos resultados que devuelve son mujeres criminalizadas, mujeres deterioradas en su salud, mujeres que mueren como consecuencia de abortos en condiciones de clandestinidad. En definitiva, mujeres violentadas en sus más profundos derechos humanos. 

Debe pensarse seriamente en esto. El Código penal no solo no es la herramienta correcta para atender a la realidad del aborto en la Argentina, sino que además nos deja consecuencias desastrosas. 

Entonces, en línea con la salud pública, la justicia social y los derechos humanos, todas cuestiones que debe atender el Estado, la legalización se impone, aún cuando contemporáneamente con esto debemos seguir concentrándonos en evitar los embarazos no deseados. 

Esa es la única política correcta y eficaz, atender a las causas del embarazo no deseado, a la información, a la educación sexual y reproductiva, al acceso adecuado a los métodos anticonceptivos; y a la legalización del aborto para evitar las muertas que la clandestinidad nos deja. 

Mientras tanto las posturas miopes siguen reivindicando al Código Penal como herramienta de solución. Es de esto de lo que debemos hablar, y no simplemente de temas ríspidos y complejos que nos entrampan en pensar que la solución es igualmente difícil. 

Tal parece que lo importante es, como en otras ocasiones, el rédito político para la historia, en este caso será haber introducido una reforma al Código Penal, que el propio Zaffaroni calificó de "revolucionaria". 

Las Mujeres de la Matria Latinoamericana decimos que no hay reforma revolucionaria posible si no es aquella que respete los derechos humanos de las mujeres. No existe progresismo, ni mucho menos "revolución", en tanto la interrupción voluntaria del embarazo continúe penalizada. El debate es necesario, sí. Entender que la penalización no es la solución no solo es necesario, es además, urgente. 

NI UNA MUERTA MÁS POR ABORTO CLANDESTINO.