“La falta de reglamentación no puede ser excusa"

Martínez: “La falta de reglamentación no puede ser excusa para el incumplimiento de una Ley”

El Bloque Libres del Sur presentó dos iniciativas que buscan modificar la Ley 5428 “De ética y transparencia en la función pública” y la Ley 4297 “Reglamenta Acción de Amparo” con el objeto de garantizar el ejercicio de derechos y garantías otorgados por Ley o por la Constitución y obligar a los poderes del Estado a reglamentar las normas vigentes.

“Observamos con preocupación que a pesar de que la Legislatura ha logrado en los últimos tiempos sancionar una serie de normas importantes que apuntan a regular distintos aspectos de la realidad social, la falta de una reglamentación de estas Leyes las convierte en letra muerta, anulando su intención inicial, su efecto ideal y atentando contra los derechos que las mismas consagran” explicó Martínez.

“Es por esto que proponemos en primer lugar una modificación a la Ley de Ética pública que establece como deben actuar los funcionarios ante omisiones normativas que impidan a los ciudadanos el ejercicio de derechos y garantías reconocidos y establecidos en una Ley o en la Carta Magna” especificó, “estableciendo claramente que estos deben ser de cumplimiento efectivo aún cuando la reglamentación o regulación sea inexistente o insuficiente, en cuyo caso el funcionario debe solicitar a la autoridad correspondiente el inmediato dictado de la normativa necesaria”.

El segundo proyecto promueve una modificación a la legislación regulatoria del proceso constitucional de amparo, “que aclara y especifica la pertinencia de la presentación del recurso en aquellos casos en que una omisión normativa impida u obstaculice el goce de derechos y garantías reconocidos y establecidos en textos legales o constitucionales, es decir, obliga a la autoridad judicial actuante a exigir la reglamentación necesaria para el pleno goce del derecho garantizado legal o constitucionalmente” agregó.

“En síntesis, con estos dos proyectos buscamos, por un lado, evitar que la falta de un decreto, resolución o norma reglamentaria sirva como excusa para negarles a los ciudadanos aquello que les fue concedido por Ley o los derechos y garantías que les otorga la Constitución; y por otro, fortalecer las herramientas jurídicas para que los ciudadanos exijan la reparación de estos vacíos normativos” enfatizó, “es decir –y aunque parezca un sobreentendido- pretendemos que las Leyes que sanciona este cuerpo se cumplan”.