El nuevo Ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fue desautorizado por Aníbal Fernández, en nombre del gobierno nacional, en su intensión de abrir un debate maduro sobre la legalización del aborto.

No sé si este nuevo ministro se equivocó de gobierno donde llevar adelante sus ideas o simplemente ya es una práctica del kirchnerismo la de rodearse de actores a los que luego hace callar. Pero más allá de que no sea una decisión oficial la de poner este tema en la agenda publica, Gollán está en lo cierto con respecto a que es urgente e imprescindible abrir un debate maduro con respecto del tema de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto es la primer causa de mortalidad materna en nuestro país. Este no es un problema jurídico, sino sanitario y por lo tanto el Estado en general y ese Ministerio en particular, deberían hacer algo de forma urgente.

Creo por otro lado, que sería útil considerar la experiencia de otros países como Uruguay, que ha hecho una experiencia positiva en la materia, evitando aspectos que obstaculicen las interrupciones voluntarias de embarazos cuando fueren necesarias.

En nuestro país hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año, como puntualizó Gollán. También se registran alrededor de 70 mil hospitalizaciones de mujeres por complicaciones en su salud en todo el país, cada año, y se estima que mueren más de 100 mujeres por año a consecuencia de complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Es que este tipo de abortos se han constituido en un negocio millonario, por el cual se obtienen alrededor de 1.200 millones de pesos por año a costa de la vida, la libertad y la salud de las mujeres.

Sacar a esta dramática situación de la agenda publica, como pretende el nuevo Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, es no darle importancia a todas esas mujeres que mueren cruelmente y al mismo tiempo seguir avalando una violación gravísima de sus derechos humanos.