Un salario mínimo que corre de atrás a la línea de la indigencia y no la alcanza. Por S. Martinez Laino.

Un salario mínimo que corre de atrás a la línea de la indigencia y no la alcanza. Por S. Martinez Laino.

Un salario mínimo que corre de atrás a la línea de la indigencia y no la alcanza.

El martes 27 de abril se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para actualizar el SMVM que estaba en $21.600. Esta cifra ha quedado por debajo de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo de 4 personas, que establece la línea de la indigencia y que el INDEC determinó en marzo en $25.685,10. La canasta básica total para una familia tipo de 4 personas se estableció en $60.873,68. Esta es la que define el límite de la pobreza. Por lo tanto una familia tipo -con dos adultos que trabajen y perciban cada une un Salario, Mínimo, Vital y Móvil- necesitaría un tercer SMVM para dejar de ser pobres. Esa es la situación en la que estábamos.

La ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116 define el Salario mínimo vital, como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Cabe mencionar que esto define otras variables, como por ejemplo el Programa Potenciar Trabajo. A las y los beneficiarios de este plan social les otorgan como remuneración la mitad del SMVM. Fue por eso que la reunión del martes 27 se hizo acompañada por movilizaciones de los movimientos sociales opositores (Barrios de Pie- Libres del Sur, Polo Obrero, MST, entre otros) en las puertas del ministerio de trabajo . “Acordaron un aumento del 35 por ciento en el salario mínimo en siete tramos. El ingreso se elevará desde febrero próximo a poco más de 29 mil pesos. También se incluyó una cláusula de revisión en septiembre”, dice el titular de la noticia de la agencia oficial TELAM en la que se anuncian los resultados de la reunión.

“El encuentro, convocado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, constituyó la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito en el que se discuten regularmente los incrementos del salario mínimo y otras cuestiones del ámbito laboral. En la misma, se convino un 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre. Iguales porcentajes en los períodos y formas detallados se aplicarán a las prestaciones por desempleo”. Este es un párrafo textual del comunicado oficial donde explica cómo serán los aumentos.

Lo cierto que el aumento no fue de 35% sino de 9% retroactivo al 1° de abril, en un contexto que la inflación interanual en marzo de este año contra marzo del año pasado fue de 42,6%.

Es difícil ver que en los próximos meses el índice de precios al consumidor sea inferior a 3% por mes. Si se logrará frenar la inflación y el incremento mensual (como máximo) fuera de 2% de acá hasta diciembre, el SMVM nunca alcanzaría al valor de la canasta Básica Alimentaria para 4 personas, estaría otro año más por debajo de la línea de la indigencia. No llegaría a cubrir ni dos quintas partes de la Canasta Básica Total que establece la línea de la pobreza. En el caso de los planes como Potenciar Trabajo (que tienen la mitad del SMVM hasta febrero de 2022), nunca alcanzarían los $15.000, una cifra ínfima que no permite ni la mínima subsistencia.
Una mamuschka de emergencias

Estamos en el segundo año de una pandemia mundial, con todo lo que implica en cuanto a miles de muertos en nuestro país y en el mundo, con mucha gente afectada por las medidas de prevención en cuanto a las consecuencias económicas, sociales, educativas, psicológicas, etc.

En medio de esta situación llega la segunda ola con nuevas cepas de COVID que ponen al sistema sanitario en máxima tensión, al borde del colapso.

Frente a este dramático cuadro de situación se define una variable que no es decorativa, que tiene directa implicancia en los ingresos de millones de personas, ya sea por su implementación como también por marcar una referencia para otros salarios.
El punto de vista desde donde se mira la economía

Sin embargo, para los economistas del establishment, para la gran mayoría les comunicadores de los distintos canales de televisión, de radios, de diarios y portales, este pareciera no ser un tema preocupante. Según el informe el INDEC de la Evolución de la distribución del ingreso (EPH) al cuarto trimestre del año 2020 tenemos en nuestro país un 70% de la población que percibe como ingresos menos que un SMVM, menos que $21.250.

Pero no sólo tiene que ver con una gran fracción que percibe pocos ingresos sino con la gran desigualdad que tiene nuestro país.

En el mismo informe se observa que la décima parte de los habitantes (decil) con mayores ingresos, percibe más que las seis décimas partes de los habitantes con menores ingresos de nuestra población.

 

 

Esto refleja la enorme disparidad de nuestra sociedad. Si bien esto no es original -ya que estas desigualdades se ven en muchos países en el mundo- no deja de ser algo muy inequitativo, cuando seis de cada diez niñas y niños en nuestro país son pobres.

El jueves 22 de abril, a través de una conferencia virtual, se dieron a conocer los resultados obtenidos por el Indicador Barrial de Situación Nutricional, que se realizó en el marco del Observatorio “Argentina contra el hambre“.

Según el Indicador Barrial De Situación Nutricional (IBSN) producido por el ISEPCi, 42,1% de les niñas, niños y adolescentes de 2 a 18 años que asisten a comedores y merenderos presentan malnutrición. Este relevamiento censal y descriptivo se realizó durante los meses de diciembre 2020 y febrero 2021, convocó a más de 50.000 niñes en 1066 comedores y merenderos en veinte provincias de nuestra nación. El mayor grado de malnutrición se evidenció entre quienes tienen 6 a 10 años ya que, de acuerdo al IMC/EDAD, el 49,1% presenta malnutrición. En el 2019, era un 43,8%: en casi dos años, en este rango de etario, la malnutrición se incrementó 5,3 puntos porcentuales.

 

Ante estos datos, y el panorama de la segunda ola en la cual venimos sumergidos, resulta importante abrir la discusión sobre esta emergencia que azota a millones en nuestra Argentina.

¿No debería ser una alarma roja a la cual prestarle atención? ¿No deberían el Estado nacional y los Estados provinciales y municipales involucrarse n políticas públicas para corregir estas desigualdades? ¿O por lo menos involucrarse para que se cumpla el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿No es un claro ejemplo de inseguridad jurídica? ¿O solo se aplica el concepto de inseguridad jurídica cuando se tocan los intereses económicos de empresas poderosas?

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al participar de forma virtual en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil dijo “la pobreza se resuelve con trabajo digno y no con cualquier tipo de atajo”. El problema es que el trabajo digno no impide la situación de pobreza. Para que ello ocurra, el SMVM debería brindar los ingresos para que quien lo perciba pueda satisfacer todas sus necesidades alimentarias y las de su familia.

Este tipo de declaraciones parecieran ir en la línea de la teoría del derrame, que significa que se deben mejorar los ingresos de las capas con mayores ganancias para que estas derramen riqueza hacia las capas con menores ingresos, algo que en la historia nunca se verificó.

Si realmente hay una preocupación por mejorar la distribución del ingreso, el Estado debería reforzar los de quienes menos tienen. Que no son justamente quienes los destinan a la especulación financiera o a la fuga de divisas, sino al consumo dinamizando los comercios de proximidad.

Ante este panorama sería importante unificar en el valor del SMVM en planes sociales como el Potenciar Trabajo que perciben medio SMVM. También a jubilaciones mínimas que hoy están en $20.571.

Todos estos son sectores que ven disminuidos sus ingresos a medida que la inflación los desdibuja.

Sin duda, estos son los actores en el lado opuesto a quienes en medio de una pandemia universal presentan recursos judiciales para negarse a pagar por única vez un impuesto a las grandes fortunas. Quienes tiene que pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas son un porcentaje pequeño de la población que ha sido grandes ganadores en los últimos gobiernos.

A estos millonarios retobados no les gusta a imitar a EE.UU. (cuando lo suelen poner como ejemplo permanentemente), cuyo nuevo presidente viene implementando este tipo de impuestos, para equilibrar tan solo un poco la balanza distributiva.

Desarmar las distintas mamuschkas de emergencias es una tarea difícil pero necesaria si queremos una Argentina más justa. Pero es necesario que el punto de vista desde donde se analizan la prioridades esté puesto en los deciles de menos ingresos donde vive la mayoría de la población. Comunicadores, clase dirigente, política y económica que forma “sentido común” lo hace desde el decil más beneficiado y por tanto nunca va a ser parte de sus prioridades mejorar los ingresos para que superen las necesidades básicas de las mayorías.

Santiago Martínez Laino

Publicado en Diario Con Vos