[Corrientes] Señalan las deudas pendientes contra la violencia de género

SIN DECISIÓN POLÍTICA NO HAY NI UNA MENOS

Bajo la consigna “El Bicentenario y las deudas pendientes con la eliminación contra la violencia de género”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se desarrolló la jornada “Género y Discriminación”. Disertaron referentes de la Delegación Corrientes del INADI, a cargo de Leticia Gauna; la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) y del Observatorio de Igualdad de Género de la Facultad de Derecho de la UNNE, a cargo de la Dra. Mónica Anís.

Participaron, además, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Secretaría de Asuntos Sociales de la UNNE. Así también estuvieron presentes la Fundación Sandra Silguero e integrantes de MuMaLa disertaron sobre las mujeres correntinas en la historia e hicieron la presentación del Registro Nacional de Femicidios enero-noviembre realizado por MuMaLa a nivel nacional en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde MuMaLa recordaron que en abril del 2009 se sancionó la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales”. Esta ley se inscribe dentro del proceso de adecuación de la legislación nacional a los instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos de las mujeres vigentes a partir de la década del 90, y es la resultante del reclamo incansable del movimiento de mujeres.

A siete años de la sanción de la Ley 26.485 y más de un año de la gran movilización NI UNA MENOS del 3 de junio de 2015, la organización se propuso analizar en qué medida el Estado Nacional y los Estados provinciales han asumido la responsabilidad de aplicar sus preceptos y qué sucedió con los anuncios realizados.

“Consideramos que la falta de implementación de las mismas es en gran medida una de las razones por las cuales no se ha logrado avanzar en la lucha contra la violencia de la mujer de manera eficaz”, señaló la Dra. Jésica Paz, de MuMaLa.

Para lograr el objetivo propuesto, MuMaLa realizó un trabajo arduo todo el año, como lo viene realizando desde hace tiempo, y así, desde Corrientes se destaca lo siguiente:

1.    Adhesión de las provincias a la ley nacional: decíamos en marzo del 2015 que del total de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo 18 provincias habían adherido a la ley nacional. A principios de junio del 2016 observamos que todas las provincias adhirieron a la ley 26.485. En el 2009 lo han hecho: Corrientes.

2.    Se crea en el año 2012 el Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos (OIGDH) dependiente de la Facultad de Derecho de la UNNE.

3.    Se crea en el mes de octubre del 2015, en el ámbito del Poder Judicial provincial, la Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales y Acciones Colectivas, los jueces de paz de la provincia son los primeros en utilizar la planilla de indicadores sobre violencia doméstica, familiar y de género. La Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales y Acciones Colectivas tiene por objeto recopilar los datos estadísticos en materia de Violencia de Género y Femicidio, según lo dispuesto por el Alto Tribunal en el Acuerdo N°23/15.

4.    Recursos y dispositivos existentes para el Acceso a la Justicia de las mujeres en situación de violencia…Acceso a la Justicia: la provincia cuenta con Comisarias de la Mujer y Juzgados de Paz en donde se toman las denuncias por violencia de género, de allí se hace la derivación a las Fiscalías correspondientes por jurisdicción. No relevamos la existencia de patrocinio jurídico gratuito especializado dependiente del Estado provincial, los que se ofrecen dependen de la Defensoría de Pobres y Menores.

5.    Existencia de organismos que brinden asistencia integral bajo la órbita del poder ejecutivo de cada provincia: Corrientes cuenta con el Consejo Provincial de la Mujer, que está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales abocados a distintas áreas, para cubrir con las necesidades de las mujeres que requieran sus servicios. Las áreas de trabajo son: administrativa, económica, psicológica, médica, legal, social, comunicación institucional.

6.    Casas refugio dependientes de los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales: la Provincia cuenta con 1 refugio que depende del Gobierno Provincial y otro dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Capital que aún no se ha puesto en marcha.

El último censo poblacional realizado en el año 2010, arrojó que las mujeres son más del 50% de la población, pero las políticas públicas destinadas a garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia son insignificantes. Muestra de ello es el presupuesto que se destina al Consejo Nacional de las Mujeres para alcanzar los objetivos planteados en la ley integral 26.485, el mismo representa tan sólo el 0,0055% del total del presupuesto nacional aprobado el año 2016.

Desde el año 2009 en adelante el mismo nunca alcanzó un dígito del presupuesto nacional. Dicha realidad se reproduce en las provincias, en donde los presupuestos también son ínfimos, o peor aún, en donde ni siquiera se contemplan partidas presupuestarias especificas para las áreas abocadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Recién a partir de la movilización del 3 de junio del 2015 se empezó a contar con algunas estadísticas oficiales que permitan tener una magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional, sin embargo dichas estadísticas siguen estando descentralizadas, y como consiguiente representan un insumo inacabado para la ejecución de políticas públicas dirigidas a transformar la realidad.

El acceso a la justicia sigue siendo una gran deuda con las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género. Más si consideramos que muchas de las que fueron asesinadas desde el 2009 en adelante habían realizado denuncias contra sus agresores.

No puede entenderse el acceso a la justicia como la mera recepción de la denuncia. El Poder Judicial debe dejar de re victimizar a las mujeres y debe garantizar las medidas de protección. El Estado Nacional y los provinciales no garantizan la asistencia integral ni los patrocinios jurídicos especializados y gratuitos para atender la justa demanda de las mujeres en todo el territorio nacional.

Los existentes se encuentran en las capitales de las ciudades, el acceso a los mismos no es igualitario para todas las mujeres. A pesar de haberse invertido en la creación de nuevas casas refugios en algunas de las provincias analizadas, existe un gran déficit de las mismas en todo el territorio nacional, inclusive en algunos casos se contabiliza dentro de éstas a plazas hoteleras.

La línea 144 de consulta y asesoramiento ante situaciones de violencia de género, puesta en marcha en septiembre del 2013, colapsó durante los días previos y posteriores a la gran concentración del 3 de junio del 2015 por #NiUnaMenos, lo que hizo que fuera necesario ampliar la planta de personal para dar respuesta a la gran demanda.

“Hemos observado desde entonces una mejor asistencia y derivación por parte de este recurso nacional, con la salvedad de que las derivaciones muchas veces son acotadas a los recursos locales que no en todos los casos dependen de los estados provinciales, los que a su vez no cuentan con respaldo del gobierno nacional”, apuntaron desde MuMaLa.

De acuerdo a lo informado por el Estado Nacional la mayor cantidad de llamadas provienen de las grandes ciudades de nuestro país, lo que insinúa un alto nivel de desconocimiento de de la línea 144 en la totalidad de las provincias argentinas.

Luego de la gran movilización del 3 de junio del 2015 hubo anuncios en distintos niveles de los poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia confeccionó un registro de femicidios, por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comprometió en el mismo sentido a avanzar el relevar estos casos en todo el país; la Procuraduría General de la Nación crea en la Ciudad de Buenos Aires la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres – UFEM.

En la misma línea hubo anuncios en algunas provincias de nuestro país. Sin embargo, se observa con preocupación la falta de centralidad de los anuncios y el escaso presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres para la ejecución de políticas públicas durante el año 2016.