Seguimos entregando el oro como en Potosí

“En la Argentina seguimos entregando el oro como en la época de Potosí”

 

Se realizó ayer en la ciudad de La Plata la charla “Podemos vivir sin oro, pero ¿podemos vivir sin agua?” que tuvo como objetivo debatir el proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y espera por su tratamiento en el Senado de la Nación, de Presupuesto Mínimos de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglaciar.

La actividad se llevó adelante en el salón del Centro de Cultura y Comunicación ubicado en las calles 42 entre 6 y 7 y tuvo como panelistas a la integrante de la ONG interprovincial Conciencia Solidaria, Mariela Silverstein; y Silvia Ferreyra, asesora en recursos naturales de la diputada del interbloque Proyecto Sur, Cecilia Merchán.

Durante la charla, Silverstein definió a la actividad como “megaminería del saqueo” y aseguró que “existe la real necesidad de que trabajemos para amalgamar lo que sucede en las zonas cordilleranas”.

En tanto, explicó que la megaminería que se lleva adelante “viola los derechos humanos de primera generación, como el derecho a la vida; y de tercera generación, porque impide manifestarse como sucedió en Andalgalá cuando la asamblea fue reprimida al oponerse a la minera Agua Rica por un grupo especializado de la policía de Catamarca”.

La dirigente de Conciencia Solidaria subrayó que “la megaminería contamina pero todavía no se pudo comprobar porque hay connivencia política-económica-empresaria, donde muchos médicos no acusan recibo” de las enfermedades que sufren personas que viven en los pueblos cercanos a las mineras.

No obstante, recordó que siete provincias tienen prohibida la actividad, al tiempo que destacó que “si no fuera por la lucha de los pueblos esas leyes no hubieran podido salir”.

Asimismo, señaló que “nos encontramos en un momento de emergencia hídrica porque no sólo en África hay escasez se agua”, por lo cual consideró necesario contar con una Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar que proteja esa zona, debido a que “el 70 por ciento del agua que consumimos está allí”.

Por su parte, Silvia Ferreyra manifestó que el veto presidencial a la ley sancionada por unanimidad en el 2008 fue “bueno” debido a que “nos permitió discutir este tema con la sociedad y demostrar el poder que tienen las mineras, aunque nos llamó la atención a todos el veto de toda la ley”. Recordó que el argumento de las provincias cordilleranas fue que “era exagerada la atribución tomada por el Poder Ejecutivo respecto de prohibir una actividad productiva”. Mientras tanto, las mineras “encontraron la solución a través del senador kirchnerista Daniel Filmus logrando un consenso junto con los senadores de las provincias donde se desarrolla la actividad”.

Sin embargo, cuando el diputado del interbloque Proyecto Sur, Miguel Bonasso, volvió a ingresar a la Cámara baja el proyecto vetado por la presidenta, “las mineras comenzaron a presentar proyectos en las legislaturas provinciales que se aprobaron sin discusión en comisión porque se presentaron sobre tablas”. Esas leyes, al día de la fecha, son las vigentes. “Se trata de normas muy parecidas entre sí, que no definen el ambiente periglaciar como establece la ley de Bonasso, y dan autonomía a las provincias”. Esas leyes vinieron de Canadá con la viña de la Barrick Gold y fueron implementadas en cinco provincias.

Por lo tanto, Ferreyra resaltó que “el desafío que tenemos es aprobar la ley de ambiente periglaciar para dejar sin efecto esas leyes provinciales”. La especialista reiteró que si se aprueban leyes proteccionistas “será por la lucha de los pueblos y no por voluntad de los bloques mayoritarios del Congreso, donde ningún legislador kirchnerista apoyó el proyecto”. Además, opinó que en las provincias donde se desarrolla esta tarea no existen diferencias entre los gobiernos, como por ejemplo en Catamarca, donde la gestión es de la UCR, y el de San Juan, donde gobierna el PJ.

En ese marco, enfatizó que “en la Argentina seguimos entregando el oro como en la época de Potosí, sin que nuestros pueblos tengan beneficios”, como así también subrayó que “la megaminería es la actividad que genera mayor impacto ambiental, debido a que es el principal consumidor de energía y de agua”.

Por otra parte, dijo que se trata de una actividad “absolutamente injusta y altamente extranjerizada; para nada beneficiosa para el país, debido a que si bien incorpora tecnología no sucede lo mismo con la mano de obra”. Enfatizó que es una tarea “altamente intensiva en el uso del agua y destructiva de las economías regionales”. Ejemplificó que en Andalgalá, donde se encuentra la minera más grande de la Argentina, el 25 por ciento de la población está desocupada y tiene declarada la emergencia económica.

“Esa situación se genera también porque las gotas de regalías que dejan las mineras son exiguas, llegando apenas al 3 por ciento y; las provincias en lugar de cuestionar los beneficios de las mineras, las apoyan”, resaltó.

Por último, señaló que los primeros 5 años de trabajo, las mineras no pagan impuestos y durante 30 años tienen estabilidad fiscal. Asimismo, cuestionó que el Estado les permita repatriar el ciento por ciento de los recursos obtenidos por la actividad, a sus casas matrices.