"Por los derechos de niñas, niños y adolescentes"

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"Por los derechos de niñas, niños y adolescentes"

La Ley Nacional Nº  26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Infancia  y su correspondiente a nivel provincial Nº 12.967 reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Esta legislación, construida con los aportes de referentes y organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez,  planteó y lo sigue haciendo, un cambio de paradigma: el del Patronato de Menores al de la Protección Integral. 

Asimismo, explicita en su artículado que "Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar  de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ellos sea imposible, tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley". 

Este cambio, hacia la ampliación y fortalecimiento de derechos, fue y es resistido, por quienes aún defienden la institucionalización como una alternativa, aún pesando sobre algunas reconocidas referencias del patronato denuncias de abusos sexuales y maltratos. 

Sobre este camino de arduo trabajo para desandar las lógicas instaladas del castigo, del encierro, del Estado Tutelar aparecen planteos que en lugar de produndizar los cambios iniciados aportan a retroceder. 

El intento de impedir que un/a niño/a se vuelva a vincular con su entorno familiar, la utilización política de un tema mayor como es reestablecer derechos, la  búsqueda  de grandes titulares en los medios de comunicación, confunden y tributan a desviar  la atención de lo que es más importante: garantizar el ejercicio de los derechos de niñas , niños y adolescentes por ej. fortaleciendo los recursos para la aplicación de las nuevas legislaciones, formando e incorporando a los organismos pertinentes profesionales con estos nuevos paradigmas, etc. 

Poco bien le hacen a la niñez declaraciones rimbombantes y oportunismos políticos.

Dir.Gabriela Sosa 

Oficina de Derechos Humanos

Secretaría General

Municipalidad de Rosario