LA NACION

Durante una controvertida sesión, que se extendió por seis horas, en las que no faltaron insultos, acusaciones y denuncias de amenazas, el Concejo Deliberante de La Matanza autorizó ayer un convenio firmado entre ese municipio, a cargo de Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), y el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, para la creación de un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), calificado por sus impulsores como "único en el mundo".

Según lo aprobado, ese centro demandará una inversión de $ 600 millones. Se trata de una planta incineradora que convierte residuos en energía. Estará a cargo de la firma estatal Empresa Nacional de Energía Argentina SA (Enarsa).

Los vecinos de La Matanza esperan desde 2003 que la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cierre definitivamente el centro de acopio de residuos de González Catán. Sin embargo, rechazan que se lo sustituya por esta planta que el municipio convino crear con la Nación, sin mediación de la provincia, pues sostienen que nadie nunca les proveyó la información suficiente respecto de que esa nueva tecnología vaya a ser inocua para la salud.

El hecho de que se la presente como "única en el mundo" no hace más que agregarles desconcierto, pues no se sabe a ciencia cierta qué grado de afectación podrá significar en el desarrollo de sus vidas.

Es más: aun habiendo existido una experiencia previa, vecinos y ambientalistas cuestionan que se la quiera instalar a sólo 20 cuadras del relleno que hoy ya perjudica su calidad de vida (ver aparte).

La norma, que necesitaba los votos de los dos tercios de los miembros del Concejo, compuesto por 24 ediles, recibió el respaldo justo, con 16 votos en favor y 6 en contra. Hubo dos ausencias. La apoyaron los 13 integrantes del bloque oficialista, Ariel Martínez (Sentimiento Peronista) y Ricardo Maidana (Peronismo Independiente), que responden a Eduardo Duhalde, y Juan Giffoni, cercano al diputado nacional Julio Ledesma (Corriente Peronista Bonaerense).

Esa aprobación significa la autorización para que el intendente Espinoza ceda terrenos situados en el cruce de la calle Conde y la ruta provincial 1001.

Olor nauseabundo

Ayer, durante el debate en el Concejo, el aire era tan nauseabundo como el que emanan los residuos acumulados por la Ceamse. Es que no faltaron las bombas de mal olor arrojadas bajo las butacas de los ediles. A pesar de eso y de los gritos destemplados de algunos concejales, la tercera fue la vencida. El tratamiento de la propuesta de De Vido ya había fracasado dos veces.

En algunos pasajes de la caldeada reunión tuvo que intervenir el personal de vigilancia de ese cuerpo, ya que hubo agresiones verbales, que casi llegaron a físicas, entre vecinos y concejales y entre los propios ediles.

Las acusaciones de los opositores, de Movimiento Libres del Sur, Acuerdo La Matanza, Coalición Cívica y Unión Peronismo Federal (UPF), giraron en torno a la falta de información sobre la tecnología para reconvertir los residuos sólidos en energía eléctrica y combustible diésel sintético, según reza el convenio finalmente aprobado.

Una de las voces más críticas fue la del presidente del bloque UPF, Adrián Verdini: "Este tema es inviable y carece de sustento legal, pues no tiene la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como establece el artículo 42 de la ley orgánica de las municipalidades", dijo.

Manuel Atencio, de Acuerdo La Matanza, expresó: "Desde 2007 venimos presentando proyectos para solucionar el tema de la Ceamse y nunca fueron escuchados. No queremos ser el basurero de La Matanza".

El presidente del FPV, Ricardo Rolleri, sumó a la polémica, pues para defender la postura oficial se basó en la lectura de fragmentos de publicaciones periodísticas zonales que destacaban la necesidad de instalar la planta de la polémica.

Hubo, incluso, tres ediles opositores que, a último momento, decidieron cambiar su voto negativo. El argumento que dieron para permitir que el oficialismo consiguiera su propósito fue que no tenían la certeza de que el nuevo sistema pudiera llegar a ser perjudicial para los vecinos.

Del presupuesto anual municipal, el 20 por ciento se destina al sistema de recolección y disposición final de residuos.

Los vecinos, dentro y fuera del recinto, también se hicieron oír ayer. Centenares de personas abarrotaron la sala de reuniones y toda la extensión de Hipólito Yrigoyen al 2500, donde se sitúa el edificio legislativo.

Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando al promediar la sesión el concejal Marcelo Rocca (FPV) se acercó a un hombre que había cuestionado sus dichos y a quien habría amenazado. Hubo gritos, empujones e insultos. Incluso se vio a un par de personas con armas en la cintura. No llegaron a las manos por la intervención del personal de seguridad del Concejo. En ese mismo momento, en el estrado, el vicepresidente segundo del cuerpo, Fernando Asencio (UPF), increpó al titular del cuerpo, Daniel Castro (FPV). Se levantó de su banca y le dijo: "Vos dejaste entrar a la patota. Sos un h... de p...".