Lozano, Bonasso, Macaluse y Argumedo

Intervenciones de Lozano, Bonasso, Macaluse y Argumedo
 

Intervenciòn del Diputado Nacional Claudio Lozano en la sesiòn del presupuesto 2011

Señor presidente: la verdad es que nuestro interbloque no hubiera querido llegar de este modo a esta sesión. En la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteamos explícitamente –incluso fue acordado por todos los bloques, incluido el propio Frente para la Victoria y con la anuencia del presidente de esa comisión- que estábamos ante una situación particular, diferente a otras, donde cabía la posibilidad de que no hubiera número para aprobar el proyecto de presupuesto que había enviado el oficialismo, y que en ese marco parecía razonable, cuando se veía que íbamos a terminar con dictámenes diferentes, convocar a una mesa de trabajo para aunar criterios y tener un presupuesto de mínima consensuado que permitiera cumplir con que el Poder Ejecutivo contara con su plan de gobierno y también se cumpliera el rol que le cabe al Parlamento en cuanto al control en la asignación de los recursos públicos.

Se aprobó realizar esa convocatoria y se dijo que iba a existir en el curso de esta semana a partir del día lunes. Nada de eso ocurrió y la verdad es que si no hay acuerdo pueden darse dos situaciones en esta sesión: una es que no haya ningún presupuesto porque ningún dictamen obtenga el número, lo cual para nosotros sería una macana, y la otra es que haya un presupuesto votado en general pero con tantas modificaciones en particular que termine siendo una suerte de aquelarre verdaderamente inentendible.

Por lo tanto, como nos pareció que eso no era muy responsable por parte del Parlamento nacional, entendimos razonable tomar esta semana para acordar ese presupuesto de mínima. Lamentablemente ello no ocurrió y en ese marco se da el hecho de que presentamos un dictamen propio como interbloque Movimiento Proyecto Sur.

Más allá de las diferencias en la orientación política, que son absolutamente razonables, obviamente nadie cree que haya que pedirle al gobierno que haga aquello que la fuerza política que expresa entiende que debe hacerse. Eso se resuelve en la arena de la disputa política por el gobierno nacional. Pero nosotros no compartimos que una y otra vez se eluda la significación del debate presupuestario en este ámbito, que no se le otorgue al Parlamento prácticamente ningún lugar y que el presupuesto que estamos considerando, por algunas de las razones que ya fueron expuestas y no repetiré, está asentado en supuestos macroeconómicos que ciertamente son falsos, como todos lo sabemos. Lo cierto es que de mínima existe una subestimación de recursos que supera los 35.400 millones de pesos, pero al mismo tiempo también hay subestimación de gastos por una cifra significativa que aproximadamente involucra 43 mil millones de pesos.

Cuando hablo de subestimación de gastos me refiero a que el presupuesto que estamos considerando no contempla pauta alguna de incremento de salarios no sólo para el caso de los trabajadores del Estado. Tampoco contempla la pauta correspondiente al aumento a las universidades, el aumento del Fondo de Incentivo Docente, la actualización de los insumos en términos de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento del aparato estatal, no tiene pauta de movilidad jubilatoria, no contempla la actualización de la asignación familiar ni tampoco la de la Asignación Universal por Hijo, la actualización de los gastos de capital vis à vis la inflación esperada, ni tampoco la actualización de los subsidios. Esto significa que no contempla por lo menos 43 mil millones de pesos, y que estamos discutiendo un presupuesto que nos esconde recursos por vía de subestimar la tasa de crecimiento y el nivel de evolución de los precios por inflación. Al mismo tiempo nos esconde gastos en tanto no actualiza ninguna de estas cosas que estoy mencionando.

Obviamente, si esto es así, es bueno dejar en claro que los números del superávit financiero establecido por el gobierno son diferentes a los planteados, y la necesidad de financiamiento real que tiene el gobierno para cerrar el presupuesto del próximo año también es distinta a la planteada.

Es bueno dejar en claro también que esto que estamos discutiendo este año no es una novedad, y en realidad es lo que ha venido ocurriendo con las presentaciones presupuestarias. Debemos recordar que en marzo, cuando estuvo presente aquí el ministro Boudou, acompañado de diferentes funcionarios, dijimos que en el presupuesto correspondiente al 2010 había alrededor de 50 mil millones de pesos de mayores gastos que estaba previsto realizar pero que no estaban incluidos en el presupuesto, y que era conveniente que se remitiera un proyecto de ley complementario para que el Parlamento pudiera debatir la asignación de los recursos.

En rigor esto fue votado por el Parlamento, pero el ministro incumplió y no mandó absolutamente nada. El propio presupuesto que nos acaban de enviar para 2011 ya reconoce que hay cerca de 40 mil millones de pesos adicionales a la pauta de 2010 que efectivamente ya han sido gastados. Seguramente antes de que finalice el año se dictará un decreto de necesidad y urgencia informándonos de los más de 50 mil millones de pesos que son asignados por fuera del debate parlamentario.

Esta política posibilitó que desde 2003 hasta el presente el monto total de recursos que pasó por fuera del debate parlamentario sea del orden de los 280 mil millones de pesos a valores de hoy, o sea, prácticamente el equivalente a todo el presupuesto nacional de este año.

Entendemos y aceptamos que el plan de gobierno lo fija el Poder Ejecutivo y que esto obviamente se expresa en el presupuesto. Pero del mismo modo que aceptamos esto también sabemos que al Parlamento nacional le cabe un papel en la asignación de los recursos públicos y su control, que efectivamente es el que no estamos cumpliendo y el que en todo caso se propone que sigamos sin cumplir en el debate de este presupuesto.

Así planteado el proyecto oficial es una verdadera tomadura de pelo para buena parte de los diputados que estamos aquí sentados. Digo esto respecto del dictamen de mayoría o dictamen gubernamental. Del mismo modo, debo señalar que tenemos algunas observaciones en relación con el dictamen de la primera minoría.

Si bien compartimos que existen excedentes que están en el orden de la cifra que mencioné anteriormente ‑alrededor de 35.000 millones de pesos‑, también consideramos que hay un conjunto importante de gastos que no está incluido en el proyecto presentado por el oficialismo. Por lo tanto, no puede distribuirse exclusivamente el excedente en aquellas prioridades que uno defina.

Obviamente compartimos las prioridades de poder resolver la situación del 82 por ciento de los jubilados, y de mejorar, expandir y actualizar la Asignación Universal por Hijo; pero si no incorporamos ni actualizamos las otras partidas vinculadas con la pauta de incremento salarial, de actualización de bienes y servicios, y de gastos de capital, podríamos generar dos resultados: por un lado, al pretender garantizar el haber jubilatorio, estamos generando el congelamiento de los salarios, de la Asignación Universal por Hijo, del Fondo de Incentivo Docente, de los gastos de capital y de los bienes y servicios disponibles para el funcionamiento del Estado.

Por el contrario, si efectivamente actualizamos las partidas, la necesidad de financiamiento que tendría el presupuesto presentado por la primera minoría sería mucho mayor que el declarado.

Por lo tanto, a pesar de que compartimos que hay que blanquear recursos y que es razonable tener como prioridad atender los problemas de los jubilados y los niños, actualizando el valor de la Asignación Universal por Hijo, nuestra preocupación es que en ese dictamen no está contemplado un conjunto de gastos que tampoco tiene en cuenta el presupuesto oficial, y que debemos incorporar como parte del debate.

En este marco, es decir, considerando que por un lado tenemos un presupuesto que aparece dibujado y, por el otro, presenta algunas inconsistencias, nosotros hemos presentado un dictamen que refleja evidentemente nuestra orientación política, pero también alerta sobre un conjunto de cuestiones que el presupuesto presentado debería tener, y que desde nuestro punto de vista no incluye.

Si tenemos en cuenta aquellas cuestiones que hacen a nuestra orientación política es porque creemos razonable pensar en un conjunto de rectificaciones respecto del rumbo económico vigente en la Argentina. Más allá de coincidir o no con la orientación general, estamos convencidos de que el modelo de crecimiento que la Argentina ha venido siguiendo, asentado en el dispositivo de superávit fiscal y comercial desde mediados de 2002 en adelante, produjo resultados, pero también ha exhibido limitaciones para revertir las condiciones de concentración, extranjerización y desigualdad que caracterizan a la Argentina actual.

Desde el año 2007 en adelante este dispositivo macroeconómico asentado en las condiciones de superávit fiscal y comercial está presentando problemas. En consecuencia, si en algún momento funcionó, hoy tiene problemas y es razonable pensar en rectificaciones que se orienten a resolver cómo replantear una estrategia de desarrollo en la Argentina, haciéndonos cargo de que estamos atravesando un momento realmente interesante en términos mundiales y regionales para encauzar una perspectiva de desarrollo para nuestro país.

Cuando digo que efectivamente los dispositivos de superávit fiscal y comercial son cuestionados, es porque desde el año 2007 en adelante sostener las cuentas públicasimplicó el uso de recursos extrapresupuestarios vinculados a reservas y utilidades del Banco Central, al uso de los excedentes de la administración nacional de la seguridad social, a utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional y los depósitos del Banco Nación.

Creemos que estas cosas se pueden utilizar a condición de que se ponga en marcha una estrategia que rectifique la situación que hoy exhiben las cuentas públicas en Argentina.

Del mismo modo que decimos esto para el caso fiscal, lo decimos para el caso del saldo comercial. Efectivamente, tenemos un saldo comercial superavitario pero no hemos resuelto algunos problemas que claramente tiene nuestro perfil productivo que determinan que la tasa de crecimiento de las importaciones multiplica y supera con creces la tasa de crecimiento de las exportaciones.

Estamos en capacidad de sostener este índice de debilidad de nuestro perfil productivo debido a la situación particular de los precios internacionales y de los términos del intercambio, pero sería razonable utilizar esa oportunidad que nos da la economía mundial para replantear el esquema productivo del país.

Pese a que aquí han venido funcionarios que dijeron que la Argentina había encontrado una nueva perspectiva productiva, es bueno recordar que siguen siendo seis ramas del aparato productivo las que concentran el 86 por ciento de las exportaciones, que son sólo 31 empresas las que tienen el 74 por ciento de lo que se exporta en el país y que 21 de ellas tienen que ver con los complejos sojero, petrolero y minero.

Es decir que las condiciones de concentración y extranjerización, que además se expresan en una creciente salida de utilidades y dividendos al exterior, están poniendo límites porque el saldo comercial para cubrir utilidades, dividendos y fuga de capitales ya no alcanza.

Esta realidad indica que la Argentina tiene que revisar su orientación productiva, replantear la situación de concentración y establecer un marco regulatorio de las condiciones de extranjerización que tiene hoy el país en su aparato económico.

Esto también tiene que ver con una pauta de desigualdad que, más allá de que se enuncien los números de indigencia por parte del señor Moreno en el INDEC, se da de patadas con la realidad que vinieron a expresar a este Congreso los tareferos de Misiones, con la situación que se vive en Salta y con el crecimiento de la mortalidad infantil.

Está claro que los niveles de descenso de la pobreza y de la indigencia en la Argentina no están en línea con la posibilidad concreta que podríamos tener en función de las tasas de crecimiento que hemos tenido. Esto se debe a que los niveles de desigualdad del país siguen siendo absolutamente injustos.

En este sentido, con el planteo que estamos haciendo invitamos a pensar que es posible mejorar las condiciones del esquema fiscal sobre la base de un sistema tributario progresivo.

Por eso volvemos a proponer la restitución de las contribuciones patronales para las grandes empresas y la eliminación de las exenciones para el impuesto a las ganancias y bienes personales.

Nuestra propuesta invita a pensar que es posible recomponer el haber mínimo colocándolo en el 82 por ciento del salario mínimo actual, a pensar que es posible utilizar el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo y expandir la cobertura, a pensar que es posible crear un seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desocupados, a pensar que es posible fortalecer financieramente el sistema público de salud y a pensar que el Estado puede recuperar un papel central en el proceso de inversión.

Por lo tanto, en lugar de pensar en las reservas para pagar la deuda pública es absolutamente factible transformarlas en palancas para el desarrollo poniendo como objetivo la reconstrucción del ferrocarril, el desarrollo de la industria naval, la reconstrucción de la petrolera estatal y el programa de modernización productiva que la Argentina necesita.

Además de lo que estamos planteando, que creemos que es imprescindible para rectificar el rumbo de la Argentina, existe un conjunto de cuestiones muy puntuales que este presupuesto olvida. Por ejemplo, olvida que ha dejado debilitadas las partidas del CONICET: le están faltando alrededor de 150 millones de pesos y la propia institución los está reclamando.

Además, a este presupuesto le está faltando el acuerdo en el marco de la UNESCO para acercar al uno por ciento el presupuesto cultural, tal cual está comprometido. A este presupuesto también le está faltando el financiamiento que la ley de bosques reclama y exige, y también le está faltando la partida de financiamiento para hacer viable el comienzo del inventario de la ley de glaciares. Todas estas cosas deberían ser parte del presupuesto; deberíamos incluirlas, pero no están.

Quiero terminar diciendo que se han escuchado muchas tonterías en este último tiempo, y del ministro de Economía demasiadas. Se oyó la tontería de decir que en un país donde el precio promedio de los alimentos supera la inflación promedio, el efecto de la inflación sobre los sectores populares no existe.

Bueno es entender que les han contestado desde la propia provincia de Buenos Aires, porque ciertamente sería una mirada muy chiquita no darse cuenta de semejante obviedad.

Es más: el problema inflacionario hoy en la Argentina es un problema social más que un problema de gestión macroeconómica. Entender que por cada punto de crecimiento del precio de los alimentos hay cerca de 20 mil pobres y 20 mil indigentes más, es una realidad concreta que debiera mirarse con mucha precaución frente a la situación social por la que sigue atravesando la Argentina, pese al hecho de que uno pueda decir que estamos mejor que en las honduras y las hogueras de 2001 y 2002.

En ese sentido, sostengo que esas tonterías dieron lugar a que se dijera, por ejemplo, que nuestro proyecto de presupuesto era deficitario. El ministro se olvidó buena parte de lo que estudió en la Facultad.

El presupuesto no se observa solamente mirando las cuentas arriba de la línea; también se observa mirando las cuentas debajo de la línea. Lo que nuestro presupuesto indica es que la necesidad de financiamiento de nuestra propuesta es la mitad de la propuesta que plantea el oficialismo.

En segundo lugar, se ha dicho que nosotros paralizamos obras. Esto también es mentira. No hemos tocado ninguno de los 33 mil millones de pesos para obras que están puestos arriba de la línea del presupuesto oficial. Lo que sí hacemos es utilizar reservas para ampliar el financiamiento y el desarrollo del país. Lo que sí quitamos del presupuesto es la autorización en blanco para el endeudamiento del Ministerio de Planificación, que existe debajo de la línea. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que quiere decir es que si requieren endeudamiento para ponerlo en obras concretas, deben mandar el proyecto al Parlamento para discutir adecuadamente las condiciones de ese endeudamiento.

Por lo tanto, nuestra propuesta incluye cerca de 20 mil millones de pesos adicionales en financiamiento de inversión y desarrollo, con una orientación que, lejos de quedarse solo en el tema de infraestructura, busca la política de agregación de valor y reorientación del rumbo productivo del país.

Nosotros estamos sosteniendo este presupuesto porque no estamos de acuerdo con seguir planteando un presupuesto dibujado ni tampoco con algunas inconsistencias que observamos en el dictamen de la primera minoría.

Seguimos abiertos a lo que planteamos el miércoles pasado: este Parlamento puede sancionar un presupuesto, pero existe una condición: blanquear los recursos y los gastos del plan de gobierno. (Aplausos.)

Internvenciòn del diputado nacional Miguel Bonasso en la sesiòn de presupuesto 2011

Señor presidente: sinceramente habría deseado votar por la afirmativa el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre todo por la situación dolorosa y trágica de la presidenta de la República. Pero su propia naturaleza me lo impide.

Como se ha señalado con argumentos muy sólidos por parte del señor diputado Lozano, este presupuesto es un dibujo; pero no uno con el trazo fino de Gustavo Doré o de Durero sino con el trazo grueso del ministro de Economía que, tal como lo ha dicho, piensa nada más ni nada menos que la inflación sólo afecta a las clases medias y altas y no a los sectores populares.

Tampoco voy a apoyar en nombre del bloque Diálogo por Buenos Aires el primer proyecto presentado por el grupo A, porque entiendo que el más adecuado a lo que pienso y a lo que sostengo es el dictamen de minoría de mi colega Claudio Lozano, participante del Interbloque Proyecto Sur. Lo creo así por varias razones: el presupuesto es la política, y la política que se define allí en los términos más trascendentales, más allá de los aspectos puntuales contables o técnicos, asigna al Estado nacional un papel muy importante de recuperación de la participación en la actividad económica. Este es un paso adelante, una palanca para lograr un desarrollo sustentable. Creo que debemos apostar a que en la República Argentina haya un desarrollo sustentable que reduzca los enormes niveles de pobreza y de marginación existentes.

Por otra parte, en el proyecto del señor diputado Lozano hay algunos actos de reparación histórica que conviene rescatar. Me refiero al restablecimiento del nivel de los aportes patronales eliminados en forma injusta, arbitraria y –diría- hasta canallesca por el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. Creo también que hay un cálculo mucho más fino en el planteo de la subestimación de los ingresos y de los gastos en relación con el presupuesto oficial.

Asimismo, una medida muy importante es la determinación de que el uso de las reservas del Banco Central en ningún caso puede ser para el pago de una deuda. En este sentido, aquella con el Club de París en gran medida se utilizó para comprar misiles Exocet durante la dictadura militar. Recordemos que recientemente murió el genocida Massera, quien fue uno de los promotores de ese tipo de compras. La participación fundamental de ese endeudamiento público con el Club de París claramente tuvo que ver con la guerra de Malvinas y con la carrera armamentista para dicha guerra y para el anterior proceso bélico contra Chile.

Además hay un tema clave que mencionó el señor diputado Lozano y otros diputados, y que en mi caso, como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, no puedo ni quiero dejar de lado. Me refiero a que existe un pedido de las provincias de Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego para que se cumpla con lo establecido con la Ley de Bosques 26.331, de mi autoría. Cuando vino modificada por el Senado tras un larguísimo proceso de más de un año, que supuso que la sociedad civil tuviera que juntar más de un millón y medio de firmas para que se aprobara, esa ley dispuso la creación de un fondo para el enriquecimiento y conservación de los bosques nativos de la Argentina, severísimamente castigados por un proceso capitalista, voraz, depredador y miserable que nos dejó con 31 millones de hectáreas de bosques nativos de un centenario a otro. Es decir, entre el Centenario de 1910 y el Bicentenario actual hemos perdido el 71 por ciento de la superficie de bosques nativos de la República Argentina, contribuyendo de manera espectacular al cambio climático y a una serie de calamidades de carácter mundial.

A lo mejor algunos considerarán que estoy hablando de un tema menor, pero cuando hablo de bosques estoy hablando de la respiración, del aire de los argentinos y de un fenómeno que no solo nos compete como país sino como miembros de la comunidad internacional.

La ley de bosques no tuvo asignación presupuestaria. Recordemos que esa ley exigía que debía ser reglamentada en 90 días. Sin embargo, no solo tardó un año y medio en ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, ya que recién se reglamentó en noviembre de 2009 cuando se produjo la catástrofe anunciada de Tartagal con dos muertes ‑cuando la presidenta de la Nación visitó Tartagal descubrió que había pobreza estructural y barro en la República Argentina‑, sino que fue flagrantemente violada por el jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández.

Según el presupuesto anterior, le hubieran correspondido más de 800 millones de pesos al fondo de compensación creado por el Senado y aceptado por esta Cámara, e incluso por el autor de la ley. Sin embargo, solamente se le asignaron 300 miserables millones de pesos a ese fondo de enriquecimiento y desarrollo de los bosques nativos, de los cuales 144 millones de pesos fueron derivados de manera fraudulenta, en una verdadera malversación de fondos públicos, para el “Fútbol para todos”.

Obviamente no tengo nada en contra del “Fútbol para todos”, pero que nadie me diga que este gobierno tiene una política ambiental si destina un presupuesto de 658 millones de pesos al “Fútbol para todos”, luego le agrega 144 millones de pesos más, y le deja a los bosques nativos una suma irrisoria y miserable.

El artículo 30 de la ley de bosques establece que el fondo compensatorio para el enriquecimiento y desarrollo de los bosques nativos tiene que estar constituido con el 0,2 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento del total de las recaudaciones por retenciones forestales y agropecuarias. En este sentido, los cálculos varían entre 1.200 y 1.800 millones de pesos, según el monto total que tenga la ejecución presupuestaria; pero, evidentemente, estaríamos hablando de muchísimo más que los 300 millones de pesos otorgados para esta ejecución presupuestaria.

Reitero: esta libertad que el Congreso otorga al jefe de Gabinete de Ministros no es para reasignar partidas ni para sustituir una política de Estado, como debe ser el apoyo para el desarrollo de los bosques nativos tan severamente amenazados, por una política transitoria que busca demagógicamente conseguir apoyo, como es el “Fútbol para todos”; ello no puede ser consentido por el Parlamento, porque entonces el Poder Legislativo directamente no tendría razón de ser, no actuaría como el organismo de control de las acciones de la administración que la Constitución le ha fijado.

Si esto es lo que ha ocurrido con una ley que en su momento fue aprobada por el oficialismo, como es la ley de bosques, me pregunto –al ver que en la actual previsión presupuestaria no existe ninguna partida para la ley de glaciares‑ cuánto van a destinar para la ejecución de la ley de glaciares y de uno de sus aspectos fundamentales, el inventario de los glaciares y de las áreas periglaciares que tenemos en la Argentina, cuando no ha sido promulgada la ley por el Poder Ejecutivo sino de manera ficta, ya que venció el tiempo constitucional para que pudiera vetarla.

Me pregunto qué va a ser de nuestros glaciares y por esta razón, insisto, porque considero que el proyecto de presupuesto de la mayoría es un dibujo, y no de Gustavo Doré, voy a votar claramente por el dictamen de minoría, que suscribe mi compañero de bancada Claudio Lozano. (Aplausos.)

 

 

Intervenciòn del diputado nacional Eduardo Macaluse en la sesiòn de presupuesto 2011

 

Sr. Macaluse.- Si no les molesta a los diputados que están hablando que yo los interrumpa con el discurso... (Aplausos.)

Quisiera plantear algunas cosas, pero no desde un punto de vista técnico, porque el discurso de Claudio Lozano expresó la decisión de nuestro bloque. La Constitución Nacional es clara y otorga al Poder Ejecutivo la tarea de elaborar un plan general de gobierno y un presupuesto; a su vez, otorga al Congreso la potestad de aprobarlo o no.

El hecho de que haya tres dictámenes diferentes es una situación que no se ha dado muchas veces en otros países. Cuando esto sucede, el Poder Ejecutivo presenta y elabora un proyecto, y el Congreso, oficialistas y opositores, proponen modificaciones racionales sin desdibujar el diseño original del plan trazado por el gobierno. Finalmente se incorporan algunas de esas propuestas, se trata de llegar a un consenso o se aprueba la iniciativa, pero queda claro que es el Congreso el que realiza las incorporaciones. Lo difícil es que quien no esté de acuerdo con un presupuesto termine aprobándolo sin que se le corra una coma, un artículo o un renglón, o se le incorpore alguna propuesta.

 

La situación es la siguiente: hay tres dictámenes y ninguno de ellos reúne la mayoría de votos. Si ninguno reúne la mayoría en esta Cámara de representantes del pueblo es porque estamos expresando lo que el voto de la población nos ha mandado hacer dentro de este Congreso.

Para evitar la situación de que a la hora de la votación ninguno de los dictámenes obtenga mayoría de votos, todos nosotros –opositores y oficialistas‑ tenemos la obligación y responsabilidad de intentar un consenso sobre la base del plan general de gobierno elaborado por el Poder Ejecutivo a través de este proyecto de ley de presupuesto, introduciéndole modificaciones. Esto es lo que hemos intentado hacer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no hemos podido.

Por ese motivo, pedimos una semana más de tiempo para analizar la posibilidad de introducir algunas modificaciones respetuosas y racionales. Coincidimos con lo señalado por el señor diputado Díaz Bancalari al final de su discurso, cuando dijo “no queremos un paso atrás”. Nosotros hemos acompañado muchas iniciativas de este gobierno, algunas parlamentarias y otras políticas, fuera de este ámbito. Lo hicimos sin ninguna segunda intención, de buena fe, y porque creímos que eran buenas iniciativas y logros para el conjunto de la población.

En la alternativa que planteamos de este presupuesto no queremos ni un paso atrás, pero sí es necesario consensuar algunas cuestiones que nos permitirían avanzar algunos pasos en la discusión, por ejemplo, la construcción de vías férreas para integrar el país y dar mayor mano de obra a fin de bajar los costos de flete y generar una producción con mayor valor agregado. También planteamos el tema de las universidades y del Conicet; el Fondo del Incentivo Docente para asegurar que el cálculo inflacionario acompañe este presupuesto, y mejoras en el sistema de salud, que creemos que es uno de los puntos flacos de este gobierno, que ha hecho muchas cosas buenas. Pero no sólo estamos planteando un gasto social sino también dando instrumentos para tener mayor recaudación e ingresos.

Por eso plantamos el impuesto a la renta financiera, la eliminación de exenciones impositivas en ganancias para las grandes empresas y la restitución de los aportes patronales a las grandes empresas a los niveles de los años 90, de manera que pueda ser viable el 82 por ciento de jubilación que creo que todos nosotros queremos aprobar.

Por eso, estas propuestas racionales no dan un solo paso atrás en cuanto a los logros que este gobierno ha conseguido –nosotros se los hemos reconocido‑ y sí plantean algunos pasos adelante. Si pudiéramos incorporar en este presupuesto algunos de esos pasos adelante podríamos ayudar a generar una mayoría que hoy, aparentemente, no está. De esa manera, creo y entiendo que un gobierno que acepta que el Congreso incorpore racionalmente ‑con cálculos de ingresos y responsabilidad‑ algunas modificaciones al presupuesto, no se debilita sino que se fortalece.

Nosotros lo hemos planteado y hemos pedido una semana más para ver si podemos discutir esto. No hemos conseguido hacerlo y hoy estamos discutiendo sin aparente posibilidad de llegar a una solución.

Por eso, cuando se agote la lista de oradores –no ahora, para que todos puedan hacer uso de la palabra‑ y antes de que se vote, vamos a pedir que se pase a un cuarto intermedio para intentar avanzar en esta posibilidad de llegar a un acuerdo dando pasos para adelante -y ninguno hacia atrás- de manera que el gobierno se pueda fortalecer teniendo un presupuesto aprobado que ayude a muchos sectores sociales que están generando una demanda que hoy, si se aprobara tal cual está redactado, sí estaría insatisfecha.

Podemos dar una demostración de racionalidad y de madurez a la sociedad, que está esperando un acuerdo y no un disenso. Por lo tanto, no nos chicaneemos con cuestiones del pasado ya que tenemos que resolver este presente que hoy está bastante difícil. (Aplausos.)

 

 

 

Intervenciòn de la diputada nacional Alcira Argumedo en la sesión de presupuesto 2011

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Señor presidente: no voy a agregar demasiados elementos a lo que ya han fundamentado mis compañeros de bloque, diputados Lozano, Bonasso y Macaluse.

Sí quiero hacer algunas reflexiones y cálculos para tener en cuenta la situación en que nos encontramos. En primer lugar, nuestro régimen es presidencialista, pero esto no significa que sea una monarquía absoluta. Precisamente, las elecciones intermedias hablan de una cierta orientación que da el pueblo para que se busquen correcciones y aportes en función de lo que quisiéramos hacer.

Creo que uno de los ejemplos más importantes de los aportes que se pueden hacer cuando el oficialismo escucha a la oposición es, precisamente, el ingreso universal por hijo.

Como todos sabemos, durante muchos años Alberto Morlachetti junto a Los Chicos del Pueblo, y también la CTA, vinieron reclamando ese ingreso universal por hijo, así como una parte importante de las fuerzas políticas también lo venían proponiendo. Hubo una gran inteligencia por parte del oficialismo, a pesar de que durante seis años pensó que no había recursos para dar ese ingreso, al haberlo tomado como propio y poder concretarlo.

Creo que hay algunos elementos que debemos tener en cuenta porque, efectivamente, estamos en una situación en la cual existe un cambio de época histórica que presenta serios desafíos y tal vez esto no esté suficientemente contemplado.

Por ejemplo, nos parece muy bien la existencia de casi 50.000 millones de pesos en ingresos de obras públicas que, como señalaba el diputado Morante, van a favorecer a grandes sectores de los pueblos del interior.

Pero nosotros planteamos también –esta es una reflexión‑ la necesidad de efectuar una auditoría de la deuda externa ya que, como todos sabemos, es absolutamente fraudulenta e ilegítima en una alta proporción. Nos encontramos con que mientras se destinan a estas obras 50.000 millones de pesos, a la amortización del capital de la deuda y al pago de intereses se destinan 66.500 millones de pesos, es decir, bastante más de lo que se utiliza para el desarrollo de las obras públicas.

A eso debemos agregar que no se ha querido restituir a los niveles correspondientes anteriores a 1993 los aportes patronales que este año significan aportes por 34.000 millones de pesos.

Cuando se dice que el presupuesto pretende promover la generación de empleo y la inclusión social, nos preguntamos a quién se está favoreciendo con este presupuesto. Fíjense que se están dando 34.000 millones de pesos, que significan unos 8.650 millones de dólares, a corporaciones como Ford, Repsol, British Petroleum, Techint, Aluar, Barrick Gold, Bunge & Born y compañía. Entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de trabajo se está creando, porque sabemos que la tecnología de la revolución científica tecnológica que atravesamos en el mundo requiere de un 75 por ciento menos de trabajo humano. Acá se está favoreciendo a aquellas empresas que efectuaron la modernización mediante una reconversión salvaje. Tengamos en cuenta esto: 75 por ciento menos de trabajo humano.

El presidente de Ford Argentina señalaba con orgullo en una entrevista que en la actualidad, con 2.500 trabajadores y robots, produce más que lo que producía en los años 70 con doce mil trabajadores. Ahí tenemos un 75 por ciento.

Otro elemento a tener en cuenta para preguntarnos qué tipo de trabajo se está creando tiene que ver con el hecho de que el 50 por ciento de los trabajadores no aportan a la ANSES. Es decir que sobre 16.900.000 trabajadores que conforman la población económicamente activa, solamente 8.200.000 aportan. Sólo esos están en blanco. El resto está en negro o desocupado. El problema se agrava aún más cuando se trata de jóvenes.

Gracias, señores diputados por escuchar mis palabras…

 

Sr. Presidente (Fellner).- Más allá de las decisiones que se tomen, les solicito a los señores diputados que guarden silencio y respeten a la oradora.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Argumedo.- El 75 por ciento de nuestros jóvenes entre 18 y 29 años está “en negro”, tercerizado o desocupado. Es decir, no aporta a la ANSES. Esos jóvenes tercerizados no tienen futuro, porque sabemos que están en condiciones muy precarias para calificarse. Uno de esos jóvenes era Mariano Ferreyra.

El tema es que esta situación laboral se agrava dada la forma como se produjo el censo de población. Por eso pensamos que es necesaria la reestructuración del INDEC. Esto lo digo después de haber trabajado en la preparación y análisis del censo de 1970.

Como ustedes saben, en el de este año se preguntaba si se había trabajado una hora la semana anterior. El censo de población, tal como ha sido hecho, no nos va a dar ninguna idea de cuál es la situación de nuestra población económicamente activa, salvo en el caso de la educación. Reitero que había una pregunta absolutamente absurda, en el sentido de si se había trabajado o no una hora la semana anterior.

De alguna forma, en el dictamen que elaboramos nosotros hay propuestas que para nada van para atrás en un modelo determinado sino que significan un gran avance, como lo señaló el diputado Macaluse.

Estamos planteando la reconstrucción del sistema ferroviario, que no requeriría más de cinco mil millones de dólares en cinco años. Sería una reconstrucción de 18.000 kilómetros de vías, con producción propia de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario. Ello actuaría como un efecto multiplicador dentro de las industrias proveedoras, y ni hablar de lo que significaría para las economías del interior del país en términos de disminución de fletes, articulación y sistema de transporte no contaminante.

Otra propuesta que hacemos en el dictamen es la reconstrucción de la industria naval. Cada año la Argentina paga tres mil millones de dólares en concepto de fletes por haber desarmado la flota mercante del Estado. La construcción de un barco de 30.000 toneladas en el astillero Río Santiago cuesta sólo 25 millones de dólares. Es decir que con 2.500 millones de dólares reconstruiríamos cien barcos de 30.000 toneladas, lo que nos permitiría dejar de pagar durante cada año 3.500 millones de dólares en fletes.

También sería la base para la reconstrucción de la industria aeronáutica, cuando Aerolíneas Argentinas realmente vuelva a ser una empresa estatal. En vez de comprar aviones Airbus, que además se caen a cada rato, podríamos crear un sistema de leasing con el que en tres años reconstruiríamos la industria aeronáutica. No me parece que estos sean elementos de retraso en un proyecto nacional.

En cuanto al desarrollo en ciencia y técnica, si no hacemos la reindustrialización que permita un desarrollo científico y tecnológico autónomo vamos a terminar como productores de carretas y diligencias.

Respecto del Conicet, hablé personalmente con su presidenta, la doctora Marta Rovira, quien me expresó su preocupación y me dijo que había hablado con las diputadas Puiggrós y Giannettasio por su preocupación por la disminución del presupuesto del CONICET en 230 millones de dólares, lo que iba a afectar seriamente el desarrollo de las tareas de investigación y la incorporación de 500 nuevos investigadores al sistema científico tecnológico.

Aquí se ha hablado de que estamos cumpliendo el octavo año de un gobierno. Ello me lleva a confrontar con otro gobierno de ocho años –entre 1946 y 1954-, que también hizo su proyecto a partir de una crisis.

En esos ocho años –luego de salir de la década infame, que también había sido una gran crisis- se dieron estos aspectos; no estamos inventando nada, sino inspirándonos en los aciertos de un gobierno de ocho años, que en ese período impulsó las industrias de base y el desarrollo científico y tecnológico.

Sabemos que ese gobierno no hubiera permitido que murieran de hambre 200 de los únicos privilegiados en la provincia de Mendoza, ni que los jubilados no cobrasen el 82 por ciento móvil, debido a que los fondos se dan a las grandes corporaciones. Tampoco habría permitido un sistema de concentración y polarización de la riqueza como el que observamos.

Estamos presenciando un momento histórico, en el cual los dos principales polos de poder que durante 500 años actuaron como potencias imperialistas –la Unión Europea, con sus sucesivos centros imperiales, y Estados Unidos- están en una acelerada decadencia. Además presenciamos la emergencia de nuevos polos de poder, como China, India, el vecino Brasil y algunos países de América latina, que eran antiguas colonias de estos sectores.

Pero no nos tenemos que equivocar: los imperios en decadencia suelen enviar ejércitos para evitar perder las áreas periféricas. Este es el caso de Estados Unidos; el caso que afrontó España en su momento a través de las bases militares; en Colombia, el Plan Puebla Panamá, la base de Manta, la base de Mariscal Estigarribia; en Argentina, la megabase de Malvinas y así sucesivamente.

Pero las potencias emergentes empiezan a imponer su poder a través del comercio y las inversiones. Por eso consideramos que no es bueno –y damos un consejo fraterno‑ que mientras sea posible reconstruir el ferrocarril con decenas de miles de puestos de trabajo en la industria y los servicios, se opte por hacer una compra a China de 10.000 millones de dólares de material ferroviario que podría ser construido en este país. Son estos aspectos que queremos señalar al oficialismo para decirle que la Argentina tiene un desafío muy grande, y en este sentido no queremos poner palos en la rueda sino llamar la atención acerca de algunos errores y aportar a un desarrollo, que en todo caso está inspirado en un gobierno –reitero‑ en el cual ellos dicen inspirarse. (Aplausos.)