La otra deuda

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La otra deuda

Los tiempos de mundiales de futbol (donde se concentra toda la atención social) siempre han resultaron propicios para que los gobiernos difundan información que en otra circunstancia resultaría incomoda explicar. Brasil 2014 no ha sido la excepción.
 
Días atrás, en medio de la sucesión de partidos por la Copa del Mundo, el INDEC difundió algunos datos contundentes a nivel nacional. Entre los más importantes se destaca que la mitad de la población ocupada tiene ingresos de $4500, además la mitad de las familias tienen ingresos totales (los que reúne el conjunto familiar) en torno a los $8000. Asimismo el ingreso principal de 3 de 4 trabajadores en blanco, no supera los $7000.

Sin dudas, estos datos oficiales actuales cobran importancia, y ponen en blanco sobre negro una realidad que había sido advertida por el CIPPES, como también percibida es por la población. El fin del actual ciclo político (“década ganada”) el cual estuvo signado por el mayor crecimiento económico durante los últimos 200 años. Se retira, paradójicamente, con una pauperización de ingresos en su población. Dejando a los asalariados a merced de su peor enemigo: la inflación.

Si tenemos en cuenta que el ingreso requerido para que una familia (de cuatro personas) no caiga en la pobreza se encuentra en torno a $6200, queda claro la poca distancia que existe entre los actuales ingresos y la línea de pobreza.

Si no hablamos ¿no existe?

El incremento de los precios (particularmente en alimentos) que se precipitó durante el año 2013, determinó que la pobreza actual alcanzara a 12 millones de personas, la mitad de ellos son niños. Además la última devaluación de la moneda agudizo el fenómeno incorporando en solo dos meses (enero y febrero) a 1.5 millones de personas más en situación de pobreza, alcanzando ahora al 33% de la población.

Precisamente, en tiempos en que se habla de la deuda externa y se alienta a encarar ésta como “causa nacional”, resulta inexplicable que no se aborde, con la misma vehemencia, la otra deuda: la social interna.  Mientras que para la primera se utiliza hasta los foros internacionales para evidenciar lo perjudicial que resulta, para la segunda, el mismo gobierno, utiliza el silencio y el ocultamiento como principal estrategia. Es como si se pretendiera a través de la negación, la desaparición del problema. Por supuesto que esto último no ocurre, y la realidad indica que junto al aumento de precios, lo que crece es la pobreza.

Un claro ejemplo de ello constituye lo sucedido con nuestros jubilados, que vieron licuarse su último  aumento de haberes, sin siquiera poder gozarlo un mes; ya que el aumento de precios en los primeros meses del año, supero el incremento otorgado. Pese a la existencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria, los jubilados perdieron en ese periodo un 10% del poder de compra que tenían en relación al mismo haber en el 2013. Lo que constituyo un ajuste en términos reales.

La última vez que se ajusto a los jubilados, en los mismos términos, fue durante el 2001 en tiempos de la presidencia de Fernando De la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo. Allí el ajuste fue nominal, y establecieron un 13% menos, dirigido al 16% de los jubilados con haberes más altos (550 mil jubilados). El actual establece un ajuste, por inflación, del 10% para todos (casi 6 millones de jubilados).Ya sea en forma nominal, o por inflación, el efecto (para quien lo sufre) es el exactamente mismo.

¿Podremos algún día ser, también, pagadores seriales de la deuda social interna? El mayor desafío para las políticas de estado, implicara remover éste obstáculo. Esto último, resulta estratégico, ya que soñar en un país desarrollado, pero manteniendo núcleos duros de pobreza que se suceden generación tras generación, resulta una verdadera quimera.
 
Pablo Gallo
Director Ejecutivo del CIPPES