[Mar del Plata] La justicia le recordó a Arroyo que vivimos en estado dederecho

La alarmante noticia de tener un Intendente municipal recurriendo por vía de amparo a la Justicia con motivo de impedir todo tipo de manifestación o protesta, pidiendo intervención judicial y policial para los casos en que éstas se den, no sólo pinta de cuerpo entero  a Carlos Arroyo y su apego a posturas represivas, sino que también deja de manifiesto en su equipo de funcionarios un total desconocimiento de las normas y del Estado de Derecho en que vivimos.

No sólo estamos en desacuerdo en que sea la Justicia y las fuerzas policiales quienes deban intervenir en la resolución de los conflictos sociales que se expresan a modo de protesta, ejerciendo un derecho de raigambre constitucional, sino que entendemos que el Poder Ejecutivo debe involucrarse en la resolución inmediata de las vulneraciones de derechos que dan lugar a esos reclamos. No es posible pensar una Mar del Plata con 190.000 pobres, más de 40.000 indigentes, al tope nacional de desocupación y con más del 40% de niños y niñas malnutridos en los barrios periféricos, en donde no existan expresiones de desacuerdo. No es posible pensar que la solución a todo ese cuadro social complejo sea la instalación de un símil estado de sitio. Basta para ello recordar nefastos episodios represivos de nuestra historia nacional reciente, que se han llevado la vida de manifestantes, como el caso del docente Fuentealba, por salvajes represiones policiales.

El Intendente Arroyo y el Dr. Gil de Muro parecen haber olvidado sus estudios del Derecho al recurrir a la Justicia por vía de amparo, que legalmente no procede cuando “Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate”. Si bien coincidimos en la necesidad de encontrar una solución a los recurrentes cortes de calle que generan un perjuicio a ciudadanos que se trasladan por la ciudad, que no debe ser punitiva ni represiva sino dialogada, no creemos que haya una vulneración al derecho de libre circulación ni a ningún otro cuando algunas personas tocan un bombo, realizan una olla popular, u otras conductas que el Municipio intentó prohibir mediante su presentación en la Justicia.  Tampoco creemos que haya ninguna instancia previa agotada: estamos frente a un Municipio que no dialoga, y cuando lo hace, no resuelve los problemas de la gente.

Resulta casi una burla que desde el Ejecutivo Municipal expresen que “no buscan criminalizar la protesta” cuando justamente su pedido es dar intervención a la justicia y la policía para impedir acciones de protesta.

La verdadera pregunta que debemos hacernos es si existen derechos y garantías constitucionales vulnerados. Y sí, existen, de manera masiva y extendida a cientos de miles de habitantes de este Partido de General Pueyrredón. El derecho constitucional a una vivienda digna le es esquivo a los miles que habitan las más de 100 villas y asentamientos de nuestro distrito, el derecho al trabajo no es gozado por miles de familias que están desocupadas, y así podríamos extendernos mucho más. Ante esa situación, el gobierno municipal debería gestionar para la mejor calidad de vida de la gente, y no para cercenar un nuevo derecho constitucional: el de la protesta y la petición ante las autoridades.

Prensa Libres del Sur - General Pueyrredón